Gobierno estima en 3 mil viviendas desocupadas y presentarán querella por venta fraudulenta de terrenos

(La Tercera, 23/06/2010)

por G. Sandoval y A. Neira

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La primera situación irregular se detectó en la VII Región, donde 1.200 casas entregadas por el Serviu a familias vulnerables se encontraban deshabitadas. Pero ahora la cifra aumentó, y ya son tres mil las viviendas sociales en el país que se encuentran sin moradores.

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Así lo confirmó la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, quien manifestó que se trata de casas que se entregaron mediante el Fondo Solidario de Vivienda, beneficio que se ha otorgado a familias de alta vulnerabilidad socieconómica durante los últimos tres años.

“Cuando una persona arrienda la vivienda que ha recibido del Estado es porque claramente no la necesita, y eso hace que los más pobres se queden sin la casa”, dijo.

Por ello anunció una serie de medidas que harán más riguroso el trámite a la hora de solicitar un subsidio. Entre ellas se encuentra una declaración jurada que garantice que la persona no posea otras propiedades y se estudia cambiar la normativa.

Ayer, en tanto, Matte se reunió con el fiscal jefe de Valparaíso, Jorge Abbott, para entregarle antecedentes respecto del presunto fraude detectado en la aprobación y ejecución de dos proyectos habitacionales de la comuna de El Quisco, lo que configuraría un fraude de casi $ 1.700 millones.

Se trata de los conjuntos Villa Marina I y II y Padre Eduardo Alvear, los que se desarrollaron en un terreno no apto para la construcción de viviendas sociales y por el cual se pagó una suma 66 veces mayor al valor de mercado. Ello, luego de que la hectárea fuera comprada en $ 2 millones y vendida al Serviu en $ 133 millones.

Esto fue alertado por un informe de Contraloría, que detectó, además, que hubo irregularidades en la aprobación de un Plano Seccional que habilitó los terrenos para la construcción de las viviendas, así como en la selección de la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) Agencia Habitacional Patrimonio y en la entrega de subsidios de localización sin que se reunieran los requisitos básicos establecidos.

Hoy el Serviu se querellará contra quienes resulten responsables y se instruyó para hacer un catastro y detectar casos similares.