Editorial – Conductas sin explicación en el Transantiago

(El Mercurio. 23/08/2009)

La masiva proclamación de Sebastián Piñera como abanderado presidencial de la UDI, en el Consejo General de ese partido ayer en Valparaíso, prueba que el polémico episodio del Transantiago no empañó este decisivo paso de la Alianza. El papel protagónico de las principales figuras de la UDI y el entusiasmo de la asamblea son señales de unidad que fortalecen la percepción de que hoy la Alianza es una auténtica alternativa de gobernabilidad.

Días antes, el acuerdo político en el Congreso entre la Concertación y la Alianza en torno al Transantiago había enrarecido el ambiente en la coalición opositora.

La aprobación de un paquete financiero para salvar ese plan de transporte urbano -que significa un gasto de más de tres mil 640 millones de dólares para los próximos cinco años- clausura las posibilidades de un auténtico ejercicio de escrutinio a una de las más funestas y dispendiosas políticas públicas que se hayan implementado en Chile.

La ciudadanía tenía derecho a una rendición de cuenta real de lo que se le presentó como un plan autofinanciado de mejoramiento del transporte público de Santiago, pero terminó en un deterioro del servicio y un millonario desembolso para todos los chilenos. No obstante, el devastador efecto que tendría la paralización de ese servicio, unido al deseo de la oposición -que aspira a llegar a La Moneda- de no enfrentar el problema durante el próximo gobierno, fraguó una suerte de colusión política que privó a la opinión pública de un efectivo juicio ciudadano sobre lo sucedido.

El Gobierno intentó eludir al Legislativo en la búsqueda de financiamiento para las pérdidas operacionales del Transantiago, y se llegó incluso a exponer la imagen internacional de Chile: simulando un crédito a los operadores del plan, se gestionó un préstamo del BID que no se alcanzó a girar del todo antes de que el Tribunal Constitucional dictaminara su inconstitucionalidad. Ese crédito se pactó con tasas de interés y costos propios del riesgo de un negocio particular, mayores que los que habrían correspondido a un préstamo al Estado chileno, como lo era. De ahí que la Alianza excluyera este punto del acuerdo sobre subsidio y financiamiento del Transantiago -mientras no se renegociaran esos costos adicionales-, pues el Gobierno se había empeñado en realizar esa operación financiera pese a todas las oportunas advertencias en contrario.

Sin embargo, inexplicablemente, al votarse ese punto, dos diputados de la UDI no lo hicieron en contra, estando en la sala, y otros dos no estuvieron en el hemiciclo pese a encontrarse en el Congreso, lo que, unido a la ausencia de la independiente Isasi y la abstención del ex RN Errázuriz, permitió a la Concertación aprobar en la sala el pago del crédito del BID dentro del paquete de financiamiento que deberán servir los contribuyentes chilenos por años.

La Alianza mostró descoordinación entre sus parlamentarios en un tema de impacto público. Además, se desconocen los motivos de los diputados cuya actuación permitió la aprobación de ese punto, pues no es una postura que hayan sostenido públicamente con anterioridad, lo que le resta lógica a ese desenlace.

Respuesta a raíz de la interpelación

La Araucanía siguió concitando la atención pública no sólo por los atropellos al derecho de propiedad, que no amainan en esa zona, sino también por el lamentable incidente durante la interpelación al ministro del Interior en la Cámara de Diputados. En plena sesión, el diputado Arenas transgredió las normas reglamentarias e impuso una situación de hecho -sancionada por el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez-, suscitando a su vez una reacción alterada del jefe de gabinete.

Ese incidente impidió un balance sereno de los aspectos que permanecieron sin aclarar en la audiencia, tales como la política frente a la asignación de tierras a comunidades envueltas en hechos de violencia; la renuncia del Ejecutivo a aplicar la Ley Antiterrorista en casos de atentados en esa zona; las denuncias de irregularidades en la Conadi, que hoy tienen a su director sumariado y con una proposición de sanciones que se desconoce, y las denuncias de corrupción contra el programa “Orígenes” para comunidades indígenas.

Nada de eso se aclaró en la instancia fiscalizadora, pero ello no excusa al Gobierno de hacerse cargo de las preguntas que han quedado sin respuestas y que hacen cada día más confuso el realismo de su política frente al conflicto mapuche.

Señales positivas frente a la intervención electoral

La intervención del Gobierno en la campaña electoral ha sido una controversia recurrente, a cuyo respecto en esta semana se sucedieron dos hechos positivos. En medio de la polémica por el uso de automóviles oficiales por dos ministras para concurrir a un acto del candidato presidencial oficialista, la Contraloría anunció la creación de un equipo especial para investigar denuncias de intervención mientras dure la campaña y la dictación de un instructivo que precisará las conductas reprobadas. Por su parte, la Presidenta censuró lo ocurrido, y su vocera hizo pública la reprimenda. Además, hubo un claro rechazo de la ciudadanía al comportamiento de las funcionarias.

Todo esto indica que Chile avanza en el establecimiento de mejores estándares en esta materia, que deben regir cualquiera sea el gobierno de turno. Esto último es una garantía que fortalece y prestigia a nuestra democracia.