Contraloría cuestiona rol de Transportes y Hacienda por platas entre Enap y Transantiago
(El Mercurio. 10/06/2009)
Informe revela que Enap aprobó fórmula especial de venta de diésel para “beneficiar” al sistema a petición de los ministerios. Esto, dijo, no se concilia con la autonomía de la estatal y habría violado normas constitucionales.
Por J. Troncoso Y F. De Rosas.
La Contraloría General de la República cuestionó la injerencia directa que, según pudo acreditar, tuvieron los ministerios de Transportes y Hacienda para que la estatal Enap aprobara condiciones especiales de venta de combustible “con la exclusiva finalidad de beneficiar” al plan Transantiago.
En mayo del año pasado, cuando el plan de transporte pasaba por su mayor estrechez financiera, el Gobierno buscó fuentes de financiamiento transitorias, a la espera de una línea de crédito solicitada y aprobada por el BID por US$ 400 millones. Una de estas operaciones fue emitir pagarés a fecha.
Según Contraloría -encabezada por Ramiro Mendoza-, el Ministerio de Transportes instruyó el 28 de mayo de 2008 al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) para que suscribiera pagarés a nombre de los operadores del Transantiago en pago por servicios.
Ese mismo día, el AFT emitió 28 pagarés a plazo fijo y sin obligación de protesto, por $9.619 millones más intereses.
Los instrumentos fueron endosados por los operadores a las empresas Terpel y Copec. Las distribuidoras, a su vez, los transfirieron a Enap Refinerías en pago de facturas adeudadas por la compra de combustible.
Si bien la Contraloría constató que Enap hizo efectivo todos los pagarés, el organismo fiscalizador cuestionó la excepción a su política de crédito y la actuación de Transportes y Hacienda.
La investigación fue solicitada hace cerca de un año por los senadores Jovino Novoa y Andrés Allamand y los diputados Cristián Monckeberg y Gonzalo Uriarte, todos de la Alianza.
En su dictamen, el órgano contralor dijo que mediante carta N° 695, de 27 de mayo de 2008, los ministros de Transportes y Telecomunicaciones (René Cortázar) y de Hacienda (Andrés Velasco), informaron al presidente de Enap, Santiago González (ministro de Minería), acerca de la emisión de los pagarés.
“La actuación de tales ministerios no se concilia con la autonomía e independencia que debe regir las actuaciones de Enap en su calidad de empresa pública autónoma, configurándose a su respecto una medida de supervigilancia especial, no prevista en el ordenamiento jurídico que la rige”, dijo el organismo contralor.
“Debida autonomía”
Contraloría precisó que “en lo sucesivo” la Enap deberá evitar condiciones especiales de pago en operaciones particulares, “debiendo ceñirse a las normas generales previamente aprobadas por dicha empresa, manteniendo, asimismo, la debida autonomía en el cumplimiento de las funciones que le asigna su preceptiva orgánica”.
El ministro de Transportes, René Cortázar, no quiso referirse al tema y en Hacienda dijeron no estar en conocimiento del informe de Contraloría.
Para el presidente del Senado, Jovino Novoa, la actuación de los ministros de Transportes y Hacienda es “gravísima” y deberá ser analizada por la Cámara de Diputados. “Lo que más me preocupa es que en este informe no aparecen sanciones para nadie”, sostuvo el congresista.
Novoa cuestionó además que los créditos de Enap vulneran la Constitución. En este sentido, la Contraloría dijo que al otorgar Enap un trato preferente que el que corresponde acorde con la política habitual de comercialización (la gerencia aprobó el 29 de mayo de 2006 condiciones de pago a 15 días), se ha vulnerado también el artículo 19 N° 22, de la Constitución Política, conforme al cual no puede existir discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
Una fuente directamente vinculada a la operación de mediados de 2008 sostuvo que los ministros actuaron “sin dolo” y que lo hicieron por el temor de que el Transantiago se quedara sin abastecimiento de combustibles. Agrega que para la Enap fue una operación pequeña en relación con sus ventas totales.
MANDATO
La Contraloría dijo que “en lo sucesivo” la Enap deberá evitar condiciones especiales de pago como el del AFT.
Enap: “La operación no sólo es legal, sino rentable”
El fiscal de Enap, Andrés Ocare, dijo que el crédito otorgado por la estatal al Transantiago se ajustó a la legalidad. “Creemos que la operación no sólo es legal, sino que además estimamos que es rentable incluso bajo riesgo. Tan de bajo riesgo fue, como el mismo contralor lo indica en su dictamen, que realizada la contabilidad se constató que absolutamente todo los pagarés habían sido cobrados”, dijo.
-¿Y que la operación no la aprobara el Comité de Crédito de Enap?
“En esta materia tan relevante, Enap, por ser prudente, lo que hizo fue llevar la decisión a la más alta instancia. Del gerente general pasó al directorio. Sería bastante absurdo que Enap la hubiera llevado a un Comité de Crédito, un nivel intermedio de la compañía. El tema, dado que implicaba una excepción a la política de crédito vigente, claramente no podría haber sido resuelto por esa instancia. Pecamos de excesiva rigurosidad”.
-¿Una empresa que pase por un complejo momento tendrá estas facilidades?
“Puede haber un cliente que esté en una situación complicada, y tenemos que ver y analizar todos los aspectos. En algunos casos veremos que sí y en otros no. Es un análisis caso a caso. En este caso se analizó el tema y se vio que la operación era pertinente”.
Roces entre ex gerente general y Andrés Velasco
El año 2008 terminó con la abrupta salida del gerente general de Enap, Enrique Dávila, en medio de fuertes roces con el ministro Andrés Velasco. El “préstamo” al Transantiago ha sido sindicado como uno de los mayores conflictos entre ambos, pero una fuente que conoció de cerca esa operación lo descarta en forma tajante.
Pero roces hubo. Y varios. Dávila pidió respaldo financiero a Hacienda por el esfuerzo que la empresa estatal debió realizar en 2008 para sostener el abastecimiento de diésel en el país, afectado por una grave crisis energética producida por la falta de lluvia y una escasez casi total de gas argentino.
Hacienda habría visto con malos ojos una supuesta demora del ejecutivo en elaborar un plan para justificar la capitalización de US$ 250 millones, que llegó con varios meses de retraso.
A esto se suma la operación del fondo de los combustibles -diseñado por Hacienda-, que también provocó una merma en Enap.
