Futuro de la ciudad de Chaitén se definirá en enero próximo

1368355313_zzz.jpg(La Nación, 03/12/2008)

En la visita a terreno, el ministro Pérez Yoma también confirmó que las personas damnificadas continuarán recibiendo el bono de emergencia hasta marzo del próximo año.

En compañía de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, del intendente de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, y de la delegada especial presidencial para la zona, Paula Narváez, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, anunció ayer que el destino de habitabilidad de Chaitén se definirá durante la primera semana de enero de 2009.

El secretario de Estado detalló que aún no está del todo claro el posible traslado de la ciudad -asolada en mayo pasado por la violenta erupción del homónimo volcán-, a otra localidad situada en la sureña región.

Así también, en la visita a terreno, la autoridad de Gobierno confirmó que las personas damnificadas continuarán recibiendo el bono de emergencia hasta marzo del próximo año.

Demanda al Estado

En otra arista, en representación de cerca de 150 familias de Chaitén, los abogados Carlos Barahona y Braulio Sanhueza anunciaron que demandarán al fisco de Chile por su actuación en la crisis de la devastada ciudad.

A su juicio, muchas personas perdieron hogares y todos sus bienes producto del “mal manejo” de la emergencia. “A la gente se le obligó a hacer abandono de la ciudad a través de un recurso de protección que posteriormente fue declarado arbitrario e ilegal”, publicó ayer el diario local El Llanquihue.

Los profesionales sostienen que, a diferencia de lo que sí se realizó en Valdivia en 1960, por ejemplo, esta vez el Estado no efectuó los trabajos necesarios para contener los curso de agua y evitar que el desborde de un río terminara inundando y destruyendo la ciudad, como ocurrió.

Con la figura legal invocada -responsabilidad extracontractual del Estado-, pretende que las personas representadas sean indemnizadas por el fisco.

Las autoridades regionales, en todo caso, han optado por no emitir declaraciones hasta que la acción llegue efectivamente a tribunales.