Plazos de expropiaciones desata conflicto entre gobierno y privados

(El Mercurio, 09/11/2008)

En Chile hay muchos propietarios que tienen “congelados” sus terrenos porque están declarados de “utilidad pública”; es decir, están reservados para futuras calles. El 13 de febrero de 2009 vencía parte de esas “reservas” y podrían disponer de los bienes con libertad. Pero el Ministerio de Vivienda está pidiendo una prórroga de al menos un año, con el fin de asegurar la futura construcción de esos trazados viales contemplados. Los privados quieren compensaciones. Por A. G.

“No hay plazo que no se cumpla”, dice el conocido refrán. Algo que por estos días está en la mente del ministerio de Vivienda, parlamentarios e inmobiliarios, entre varios interesados. Es que en tres meses más vence un plazo importante para muchos propietarios de inmuebles, quienes tienen hoy “congelada” la libre disponibilidad de esos terrenos, porque están declarados de “utilidad pública”. O sea, el Estado los “reservó” para poder construir futuras vías.

El 13 de febrero vencen por ley estas “reservas” para la gran mayoría de los planos reguladores anteriores a 2004. Por ende, esos propietarios -a quienes aún no se les concretó la expropiación- estarán en total libertad para disponer de sus paños: venderlos, arrendarlos o construirlos. Pero la otra cara de la moneda es que se entrampará la construcción de calles allí previstas.

Por ello el ministerio de Vivienda envió un proyecto de ley para aplazar la vigencia de esa “reserva” y que continúen declarados como de utilidad pública al menos por un año más (ver recuadro). De lo contrario, se afectará a más del 40% de los proyectos viales en el país y al 70% de los proyectos de vialidad en la Región Metropolitana, de acuerdo con el Minvu.

“Mentiría si dijera que tenemos el cálculo de la cantidad de calles que caducarían. Lo que sí sabemos es que de los proyectos de inversión pública, donde el Estado, a través del Presupuesto, estableció que va a construir calles, vías troncales -por ejemplo, Transantiago-, un 70% de ellos tiene dentro del proyecto la necesidad de expropiar algunos sectores que si caducan obviamente las expropiaciones se van a dificultar o a encarecer. Para la inversión pública es relevante”, confirma Luis Eduardo Bresciani, jefe de la división de desarrollo urbano del Ministerio. “Que caduquen vías claramente es un perjuicio”, remata el funcionario del Minvu, ejemplificando con casos como la continuación de la Costanera Sur Poniente (tramo cercano a Matucana y a Quinta Normal, al lado del Parque de los Reyes) o tramos finales de Walker Martínez y Departamental en la parte alta de La Florida, dice.

Razones del impasse

Pero esta idea de prorrogar no gustó en los privados, y el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entre otros, intervinieron en el debate en la Comisión de Vivienda de la Cámara.

La declaratoria de utilidad pública es el peor de los escenarios para un propietario, pues no puede construir, se le priva de disponer de su patrimonio y lesiona los derechos de propiedad si no se concreta la expropiación, estima la investigadora de LyD Bettina Horst, al plantear que el proyecto de ley es un retroceso al gran avance que significó la dictación de la actual normativa, que puso un plazo a la duración de esta limitación a la propiedad. Estima que si es necesario más tiempo, debe haber compensaciones, un pago al privado al que se le coarta el uso de su bien. “No se puede seguir costo cero”, dice.

El segundo vicepresidente de la CChC, Jaime Pilasi, va más allá: “Esta ley (de 2004) fue una corrección muy importante para el patrimonio de las personas y al derecho a propiedad. Vino a poner justicia. Y no vemos por qué se está cambiando. Tuvieron cinco años para hacer esto. ¿Qué hicieron? Estamos haciendo leyes sobre leyes para justificar o favorecer la ineficiencia del que no hizo la pega”, dice Pilasi, apuntando al impacto para el desarrollo y diseño de proyectos no cumplir plazos.

A la inversa, el arquitecto y urbanista Salvador Valdés -ex asesor del Ministerio de Vivienda- incluso cree que el proyecto enviado es insuficiente en los plazos que pide, pero lo apoya para evitar un “inminente desastre” de la vialidad, dice.

Bresciani defiende el proyecto: “A nosotros nos parece bueno que los gravámenes tengan plazo, genera responsabilidad por parte del Estado. Lo que nos parece que había que corregir y no quedó bien en 2004, es que la facultad de prorrogar tiene que ser fuerte. Porque el Estado, cuando hay razones de bien común, no puede dejar la facultad de volver a prorrogar algo que se requiere”, dice y desestima que la situación se deba a ineficiencia. “No es viable ni hay recursos para convertir todas la declaratorias en cinco años en calles. Estaría todo Santiago cerrado, con obras por todas partes. La inversión vial se hace por etapas. Nadie puede decir que en los últimos cuatro años no se ha invertido en vialidad, cuando se triplicó el gasto. Nunca se ha gastado tanta plata en expropiaciones”, dice.

Otros gestores, como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, creen que sería útil que la ley hiciera automático que los bienes declarados de utilidad pública gocen de exención de pago de contribuciones, sin acreditar que no generan renta, como sí ocurre hoy. “Es peor para la economía que ese terreno esté baldío”, dice Vicente Domínguez, presidente ejecutivo de la entidad.

La comisión de Vivienda de la Cámara aprobó ya la idea de legislar, en una discusión que se avizora compleja: si toma fuerza la idea de introducirle compensaciones a cambio de prorrogar, se requerirá la concurrencia de Hacienda vía Presupuesto, en un escenario económico poco propicio.