Afinando el Transantiago / del intervencionismo a las multas.

Los primeros días de Marzo no solo aportaron más usuarios al nuevo sistema de Transporte, sino que también una encendida polémica por el incumplimiento de los contratos por parte de los empresarios dueños de buses de Transantiago. En respuesta a las tan comentadas demoras en la frecuencia de los buses y las largas esperas que han tenido que soportar los usuarios en estas primeras semanas, tanto el Ministro de Transporte Sergio Espejo, como los personeros de Gobierno salieron a dar la cara, manifestando su malestar por el insuficiente servicio que han otorgado los operadores de buses.

Primero se habló de la solución del intervencionismo estatal en los contratos, lo que sacó chispas y levantó una polémica con tintes políticos, más que una solución oportuna frente a la contingencia. Después se enfriaron los ánimos, formulando los caminos legales que están estipulados en los contratos, multando a los incumplidores, encabezados por Manuel Navarrete entre otros. Si bien las multas deben ser el camino a seguir, pareciera que estamos nuevamente frente a un gremio de transportistas complicados, que tiende más al boicot del sistema que a renovar la manera de transportarse por la ciudad.

Frente a un escenario complejo como el que se podrá observar mañana lunes 5 de marzo, cuando más de 400.000 estudiantes comiencen a circular por las calles, el Gobierno ha mostrado los dientes a los empresarios de buses que no cumplan con los contratos establecidos en las concesiones. De este modo, las declaraciones oficiales hablan de multas para los operadores de buses que llegan hasta las 200 UF por empresa, esto por no otorgar el número de flota necesaria para transportar al número de usuarios requerido.

Con el bajo porcentaje de buses circulando, es evidente que se genere el malestar generalizado por el servicio. Si bien existen las multas, que comenzaron a ser aplicadas durante el mes de febrero recién pasado, surge un falencia importante. La falta de una visión oportuna frente a este tipo de problemas, y la nula reacción que posee el estado en materia legal para enfrentar los problemas de los operadores. En simples palabras, legalmente el Estado solo puede multar, pero no tiene las atribuciones para solucionar el problema. Como no puede solucionar las fallas de un sistema que el mismo formuló, obviamente llueven las criticas, que tienden más a escandalizar los sucesos que a otorgar soluciones necesarias.

Para llevar adelante un proceso tan complejo como lo es la renovación total del sistema de transporte público de nuestra capital, se hace urgente trabajar con la transparencia y la honestidad de los actores y los agentes involucrados. No podemos depender de la paciencia ilimitada de los usuarios. que precisamente son ellos quienes deben pagar las consecuencias de un sistema que adolece falencias de logística (claro está), pero además, nos muestra un gremio de empresarios que insisten en el incumplimiento de las bases del juego, y ojo que no es la primera vez que nos vemos enfrentados a una ciudad colapsada, solo recordemos el paro del 2001 con los buses amarillos.

El Transantiago es de todos, usuarios, pinguinos, empresarios, políticos y ministros, por lo que actuar con transparencia y honestidad, dejando de lado los oportunismos y los intereses particulares, pueden asegurar en parte el éxito de este plan. Asegurar el cumplimiento de contratos es importante, tanto como lo es llevar el número de buses y frecuencias necesarios a las calles, para que los usuarios porfin tengamos un trasporte de calidad como nos prometió Bam-Bam.