Plataforma Urbana

(El Mercurio. 24/09/2009)

En Santiago, el diagnóstico gruesamente compartido es que el incremento sostenido de la cantidad de autos particulares, por el crecimiento económico y la disponibilidad de vehículos más baratos, está ocasionando altos costos en contaminación y congestión, por lo que es deseable desincentivar su uso y fomentar el transporte público. De allí la extensión del Metro y la creación del Transantiago. Este último contempla, entre otros, un subsidio a la tarifa. Esto —se dijo— incentivaría a que las personas usaran menos el auto y más la red de buses, con un efecto social neto positivo.

Sin embargo, un estudio empírico de la U. Diego Portales confirma investigaciones internacionales previas y concluye, sobre la base del análisis de los sistemas de transporte urbano de más de 40 ciudades del mundo, que el subsidio a la tarifa no fomenta un mayor uso del transporte público ni un menor uso del auto. Su principal efecto es alentar a quienes viajan a pie o en bicicleta a usar los buses. Así, un argumento aparentemente plausible no resiste un análisis empírico más riguroso. Según dicho estudio, en el largo plazo un automovilista gasta diariamente entre 10 mil y 30 mil pesos por usar su vehículo, por lo que un subsidio de 200 pesos para pagar el pasaje resulta demasiado poco. En cambio, el costo que en algunas ciudades le imponen las regulaciones al automóvil, tales como la tarificación vial por congestión o impuestos específicos por el uso y adquisición de automóviles, sí afecta el comportamiento de las personas, como también lo hace la cobertura del Metro.

En teoría, en esta área la ciudadanía se beneficia de una coordinación centralizada de algunos aspectos mediante políticas públicas impulsadas por el Estado. Sin embargo, la forma en que se formulen y apliquen esas políticas determina su calidad. De eso depende que brinden (o no) un beneficio social mucho menor al que potencialmente se podría obtener, o que, incluso, impongan altos costos a las personas. Una serie de fallas del Estado afecta la rentabilidad social de las políticas, y entre ellas destaca la escasa incorporación del conocimiento teórico y empírico existente sobre las relaciones causales que se desea afectar.

Para nuestra capital, queda crecientemente en claro que el actual subsidio puede tener un efecto redistributivo, pero no beneficia a los santiaguinos en el sentido prometido por la autoridad, sino sólo a los dueños de los buses. Esto, a su vez, tiene relación con la captura del Estado por parte de grupos de interés o de actores políticos que se benefician al apartarse de lo que la ciencia recomienda.