Carta – Ocupación de playas en zonas urbanas

(El Mercurio. 01/08/2009)

Señor Director:

Hace ocho meses comenzó la ocupación de una playa ubicada en el corazón del balneario de Pichilemu con la instalación de una vivienda en una “Zona de protección de borde costero” según su plano regulador. Ante la denuncia de los vecinos, la autoridad marítima -responsable de su fiscalización- insiste en validar la ocupación, argumentando que se trata de pescadores que, por el Código Civil, tendrían derecho a instalar cabañas en cualquier playa. La autoridad marítima, sin embargo, no se hace cargo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que restringe el uso de playas urbanas en concordancia con el plan regulador y su ordenanza local.
Tanto los vecinos como la autoridad marítima hemos sido testigos del deterioro ambiental y sanitario que esta vivienda y sus ocupantes están produciendo en un sector protegido, indiscutiblemente urbano. Existe constancia de que pernoctan, cocinan, manipulan gas, encienden fogatas y producen desechos sin ningún tipo de autorización o normas mínimas de seguridad e higiene.Sin entrar en detalles del litigio actualmente en proceso, la consolidación de la posición de la autoridad marítima supone al menos dos consecuencias gravísimas: 1) La expansión y proliferación de estas ocupaciones en playas de balnearios o zonas urbanas, y 2) El aumento de conflictos sociales y judiciales ante el debilitamiento y descoordinación de las funciones fiscalizadoras del borde costero.
¿Cómo podrán los municipios costeros desarrollar sus entornos urbanos si la autoridad marítima consiente que se instalen cabañas en sus playas públicas? ¿Cómo podrán las autoridades sanitarias defender el patrimonio ambiental de las playas si estos asentamientos son defendidos por la autoridad marítima en zonas urbanas? ¿Es que el derecho de los chilenos a usar y conservar las playas de sus balnearios queda subordinado al emplazamiento irrestricto de asentamientos costeros avalados por la autoridad marítima?
Esperamos sinceramente que este lamentable conflicto no comprometa el desarrollo futuro de Pichilemu u otros balnearios, pero sentimos el deber de advertir los riesgos de la posición que la autoridad marítima ha adoptado.
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ V.
En representación del Grupo de Vecinos de Pichilemu