Plataforma Urbana

(La Nación. 8/07/2009)

Por Patricio Herman

La opinión pública ya conoce el unánime fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada equivocadamente en mayo de 2008 por la Corema de la Región de Valparaíso a la central termoeléctrica Campiche de la empresa AES Gener. Las obras de la construcción ya se habían iniciado en un terreno no apto, de acuerdo con la regulación urbanística de Puchuncaví, coherente con el Plan Intercomunal de Valparaíso: se trata de un área verde cuyas actividades admitidas no contemplan las productivas de energía. Estamos hablando de un proyecto con una inversión de 500 millones de dólares, que da trabajo a 700 personas, aunque una ínfima minoría pertenece a la zona, declarada saturada de material particulado (PM10) y dióxido de azufre (SO2) desde 1993.

El 4 de junio en un diario vocero de los grupos económicos se publicó la carta “Costo social de Campiche”, del presidente de la Cámara de la Construcción, en la que critica lo acontecido con la sentencia. Entre otras cosas argumenta que las empresas asociadas a su entidad gremial estaban perdiendo mucha plata y llamaba a buscar fórmulas para que se resolviera el conflicto (?) y en una frase para el bronce manifestó: “Debió haber sido la autoridad administrativa la que, como parte del proceso de calificación ambiental, resolviera oportunamente, incluso como primer aspecto, sobre el uso del suelo en el que se iba a emplazar la central termoeléctrica. Decir hoy que el lugar no es apto parece, al menos, una justificación extemporánea”.
Rechazamos de plano el intento de distorsionar los hechos por parte de este personero privado, porque si bien todos los integrantes de la Corema sabían que el lugar elegido para emplazar la central a carbón era inadecuado, también todos los gerentes de AES Gener lo sabían desde un principio. Si desconocían las reglas del juego urbanístico, quiere decir que no estaban calificados para dirigir una inversión tan alta y el directorio de la empresa debería pedirles la renuncia por incapaces. En este episodio no estamos ante extemporaneidades, como pretende hacernos creer ese dirigente; por el contrario, la Corte falló en forma impecable resguardando los intereses de la ciudadanía del sector, que contaba con derechos urbanos adquiridos y protegidos por los instrumentos normativos territoriales.

Lo que ha sucedido es algo muy simple y que se ha hecho recurrente. Los titulares de los proyectos que no se enmarcan en la ley están convencidos de que nadie se atreverá a cuestionarlos ante la Contraloría General de la República y/o ante los tribunales de justicia, entes serios de este país que no se prestan para componendas con el propósito de facilitar negocios que violan los marcos regulatorios sectoriales, más aún cuando aquellos vulneran la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creemos que todos aquellos que se desenvuelven en la administración y en el ámbito de la producción deberían conocer de memoria el número 8 del artículo 19 de la Constitución, que se refiere a lo dicho anteriormente y donde se agrega que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”.

Los que hemos leído los fallos de la Corte de Apelaciones y el confirmatorio del máximo tribunal hemos sacado una conclusión muy gravitante, porque los magistrados, personas que tienen una visión de los hechos más profunda que el resto de la población, han sabido ponderar con brillantez los alcances del mandato constitucional, lo que es una muy buena noticia para la totalidad de los gobernados. Procedieron con una visión preventiva para tutelar la protección de la naturaleza y con el objetivo, como bien superior, de evitar el empeoramiento de la salud de los habitantes de Campiche.
Como colofón de esta historia, destacamos la decisión adoptada hace poco por Agustín Valencia, alcalde de Puchuncaví, quien en declaración pública ha señalado que él, como máxima autoridad local, por ningún motivo auspiciará un cambio de uso de suelo para facilitarle el negocio a la central carbonífera de AES Gener. Sostuvo que su compromiso lo tiene sólo con los vecinos.