Plataforma Urbana

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior definió un mapa que georeferencia los asaltos ocurridos en el Gran Santiago durante el año. Este tipo de información va a estar disponible para las autoridades que deben gestionar los planes de seguridad en cada comuna. Las acciones de la autoridad tienen que ver con una demanda efectiva de parte de la ciudadanía, lo que se ve acompañado de un aprovechamiento mediático del tema por parte de algunos sectores, como ocurrió en las elecciones municipales. La discusión entre seguridad, ciudadanía y ciudad da para rato.

La tendencia en el estudio muestra cómo son las comunas de Santiago, Vitacura y Las Condes las más afectadas con distintos tipos de delitos, especialmente el robo de autos. En el resto de las comunas no ocurre lo mismo; de esta manera, queda establecido que la criminalidad depende de la distribución en el territorio. En este sentido, debemos entender que de los índices que se habla en la prensa respecto a la criminalidad o también a la percepción del delito, resultan muy distintos si se desagregan por comunas.

Resulta interesante continuar con esta última distinción entre “índices”, puesto que según la encuesta INE publicada este año, a pesar de la baja en las cifras de victimización, la percepción frente a la delincuencia en el país aumentó 8,2 puntos respecto al año anterior.

Existiría, entonces, una clara diferencia entre la ocurrencia real de delitos y la percepción, que estaría influenciada por aspectos emocionales, en directa relación con el tratamiento que como sociedad hacemos de estos temas. Esta brecha entre los datos objetivos y lo percibido tiene directa relación con las traducciones del discurso tipo “paz ciudadana” en la ciudad. Hay distintas consecuencias que inciden en nuestra experiencia urbana como ciudadanos, desde las relaciones de poder que determinan las formas de administrar los espacios públicos y privados, hasta las construcciones y los recursos arquitectónicos que buscan “combatir la delincuencia”. Un buen ejemplo de lo primero podría ser la reacción del alcalde Labbe en Providencia después del asesinato de un joven en Suecia: “voy a expulsar a las tribus urbanas de la comuna” (esto nos lleva a otros problemas). Un ejemplo de lo segundo es la discusión sobre los cierres de pasajes y calles en distintas comunas de la capital.

Una cuestión clave parece ser que nos preguntemos como sociedad cuáles son los márgenes que nos permitirían vivir tranquilos (¿no es ese acaso el problema?). Una duda que aparece, y que no se limita a este asunto de la seguridad, sino que parece ser transversal a todo tipo de diálogo social, es en qué medida tenemos capacidad de ponernos de acuerdo. Si queremos vivir tranquilos – ese parece ser el asunto, porque la delincuencia no se acabará jamás en forma absoluta – ¿cómo se traduce esa voluntad en el accionar de las distintas instituciones que nos representan o interpretan?

Serviría mirar que la misma encuesta INE antes mencionada señala que los chilenos tienen clara una escala de prioridades respecto a los problemas más urgentes que nos aquejan – cabría suponer que son entonces los lastres que no nos dejan vivir tranquilos –: en primer lugar la pobreza (26,9%), luego la delincuencia (14,9%) y el tráfico de drogas (14,0%).

¿Quién está interpretando esta escala de prioridades? ¿o hay algunos utilizando la mediáticamente más rentable para generar respuestas inmediatas que den dividendos en los ciclos político-electorales de corta duración? ¿Cómo podría traducirse nuestra principal prioridad en algo que causara sentido y entusiasmo transversal, que vinculara los deseos personales con las acciones colectivas, entendiendo que incide directamente en las otras?

 Si el fin es vivir tranquilos, no debemos olvidar que las cámaras que pedimos nos vigilan a todos por igual.