El pueblo que hace sus maletas

Por Matías Rovano Bustos, El Mercurio. (04/05/14)

Almendro de Quiles es un poblado al interior de la Región de Coquimbo, conformado por unas cincuenta familias. Emplazado desde hace más de medio siglo en una propiedad privada, hoy ellos enfrentan la amenaza del desalojo por parte de los dueños. Si se concreta, sería el primer caso de una localidad que desaparece.

A l llegar, un portón metálico corta abruptamente el camino. Un letrero advierte que se trata de una propiedad privada y que el acceso sin permiso está penado por ley. Los lugareños cuentan que el portón se cierra por las noches con un candado, así que pasadas las 20 horas ya no hay opción de cruzarlo y seguir el sendero.

Ese candado no cierra el paso a una propiedad en particular, sino a varias. Porque no se trata del ingreso a un barrio o condominio, sino a un pueblo entero. Y ese ingreso no autorizado es, precisamente, la principal forma que tiene medio centenar de familias para llegar a sus hogares, que juntos dan vida a la pequeña localidad de Almendro de Quiles, ubicada en el corazón de la comuna de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.

Lo que sigue después es un tortuoso camino de unos cinco kilómetros, poco amable para cualquier vehículo que no sea un 4×4, antes de avistar la primera construcción: la escuela de la localidad. Más allá, el resto de las casas se dispersan en distintos sitios, la mayoría con pequeñas plantaciones de hortalizas y corrales para las cabras.

La vida de los vecinos allí es apacible y despreocupada, donde el reloj avanza más lento. Junto a la escuela hay un terreno que parece una cancha, pero donde se nota que hace rato no se patea una pelota. No es casualidad. En el establecimiento estudian apenas dos niños: uno en primero y el otro en quinto básico.

La calma se agudiza por la casi total ausencia de hombres. La mayoría está en la cordillera desde fines del año pasado, cuidando a sus cabras, a las que deben encaminar hacia Argentina en busca de pastos de buena calidad. Lentamente han regresado desde el mes de abril.

Pero el paisaje bucólico y el sosiego de sus habitantes se han visto quebrantados en las últimas semanas. En marzo, sobre 40 familias fueron notificadas por Carabineros que serán desalojadas de sus viviendas, pues los dueños de la hacienda donde se ubica el poblado -la Sociedad de Inversiones San Sebastián- no quieren que sigan allí. Hace algunos años iniciaron los trámites legales para expulsarlos, lo que debía materializarse a fines de marzo, pero por gestiones de las autoridades se ha retrasado la ejecución.

Personal de Carabineros ha estado trabajando en el catastro de afectados y de sus animales, además de algunas mediciones por el lugar. Nora Aguirre, vecina del lugar, observa con impotencia.

-Somos de acá, pero no podemos hacer nada. Acá somos seis en la familia y vivimos de las cabras y pequeños huertos. No sé qué vamos a hacer si nos echan.

Larga data

Enrique Rojas nació en Almendro de Quiles, entre árboles y cabras, en 1943. Poco antes sus padres habían llegado a la hacienda y arrendado terrenos a los, por entonces, dueños del lugar.

-Eran de la familia Varela, y mi padre les pagaba por un trozo de tierra.

En 1952, cuentan los vecinos, un grupo de hermanos remató 400 hectáreas y los campesinos siguieron arrendando. Pero al fallecer los hermanos, sus hijos intentaron expulsarlos e incluso iniciaron un juicio, en el que se determinó que nunca tuvieron la real propiedad de los terrenos y la acción judicial quedó en nada.

Ya en la década del 2000, los dueños reales -propietarios de una hacienda vecina- vendieron esta a la compañía Lezzer, la cual cedió posteriormente 3,5 hectáreas a cada una de las 50 familias que vivía en Almendro de Quiles.

Sin embargo, en 2010 los nuevos dueños -la Sociedad de Inversiones San Sebastián- lograron por la vía judicial que los títulos de dominio de 43 familias fueran anulados, acogiéndose a un decreto ley de 1979.

-Un grupo nos juntamos y fuimos al tribunal y leímos nuestros títulos -cuenta Enrique Rojas, uno de los pocos que no será desalojado.

Los que sí lo serán estudian alternativas junto a las autoridades para intentar revertir el desalojo. Pero, como reconoce el profesor de la escuela local, Bernardino Araya, “todos están empacando cosas, por si acaso. Se van a ir por ahí donde los parientes, en Quilitapia (Combarbalá), porque nadie se ha preocupado de sacar un subsidio. ¿Y las cabras dónde van a pastar…?”.

El caso es motivo de preocupación para el alcalde de Punitaqui, Pedro Valdivia, quien apunta con el dedo hacia atrás.

-Hubo gente que estuvo antes a cargo de la comuna y no hizo nada.

Ya se han reunido la Gobernación de Limarí, el Ministerio de Bienes Nacionales y el municipio para intentar buscar una solución. Todos aseguran que ha sido difícil contactar a la empresa -este diario intentó hacerlo, sin éxito- y ya han tenido acercamientos con sus representantes.

Cristian Herrera, gobernador de Limarí, adelanta que legalmente no tienen nada más que hacer al respecto. La opción es intentar mediar en un conflicto entre privados y para ello están tratando de conversar con la empresa, “pero hasta ahora no se nos ha dado, porque los dueños no están en el país”.

La próxima semana recién podría concretarse una reunión con los representantes.

El seremi de Bienes Nacionales, Diego Núñez, justifica el interés por arribar a puerto para evitar el daño a las familias.

Una de las opciones que manejan es la eventual compra de los terrenos, para luego entregarlos a los vecinos. Las autoridades ya le enviaron una propuesta a la compañía y aguardan una respuesta mientras el reloj avanza, con el desalojo como una amenaza inminente. Pascual Tapia, uno de los afectados, es de los que esperan con el estómago apretado.

-Apelamos a la buena voluntad de la empresa para que no nos vayamos de nuestros hogares. Ahora nos estamos moviendo para ver si las autoridades nuevas pueden hacer algo.

Entre la apurada acción de las autoridades, la senadora Adriana Muñoz remitió un oficio a diversos ministerios y al Gobierno Regional de Coquimbo: su idea es expropiar las 200,5 hectáreas en conflicto. Alternativa que tuvo buena acogida entre los consejeros regionales.

Teodoro Aguirre, miembro del cuerpo colegiado, dice que si las negociaciones no llegan a puerto, apelarán a las figuras fijadas en la Constitución para expropiar el sitio. “En este caso, cabe totalmente esa opción que es la expropiación”, asegura. La senadora Muñoz adelanta que la idea es hacerlo a través del Ministerio de Vivienda.

Mientras, Lorenzo Toro, vecino y criancero que se enteró por radio de la situación y bajó de la cordillera dejando sus animales al cuidado de otros, lo tiene claro:

-Vamos a seguir hasta el último, vamos a morir con las botas puestas.

CONFLICTO

Un total de 200,5 hectáreas son reclamadas por los vecinos.