Opinión: La Política del Olvido y la Reconstrucción

Por Rodrigo Sanzana Vásquez, Sociólogo, Coordinador Regional Ciudadanía y Territorio, Observatorio de Vivienda y Políticas públicas

Hace un par de días, el Presidente realizó un ejercicio paradójico: lanzó el libro de la Reconstrucción. La Paradoja se produce porque el mandatario pretende dejar en la memoria lo realizado: las obras, las cintas cortadas, los abrazos y las fotos, pero en definitiva, lo que se busca, es el olvido.

Se ha desplegado un plan de reconstrucción. Sin duda se han levantado casas, departamentos, puentes, carreteras y se han recuperado hospitales y escuelas. El país se ha recuperado del evento catastrófico, entendiendo al país como un ente productivo que se rige por los destinos de los mercados, la sobreexplotación y la productividad.

Pero también ha existido una apuesta por la política del Olvido, que esconde rápidamente la mugre bajo la alfombra y propone que el evento del 27/F, solo fue un tropiezo de la historia, algo inesperado e incontrolable, que debe transformarse rápidamente en una oportunidad económica y rentable.

El Estado, mediante el gobierno de turno, ha generado un discurso del consenso en relación a la reconstrucción, una retórica que se basa en el apoyo transversal a la reparación, al progreso, en definitiva al desarrollo. ¿Y quién puede oponerse al desarrollo? Las personas se repliegan ante los números de viviendas o kilos de cemento utilizado. Los barrios pasan a ser una propiedad del patrimonio y todo el resto se puede categorizar en condominios, poblaciones o villas.

La posibilidad de pensar la Reconstrucción como una oportunidad social, como un desafío para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el 27/F, se ha visto supeditada a las definiciones de corto y mediano plazo de las constructoras, de proyectos inmobiliarios o de rentabilidades turísticas de los sectores afectados.

No se han generado planes de desarrollo de barrios, que aporten a recuperar su historia, que sean capaces de evocar los recuerdos individuales y diversos, apuntando a un nuevo proyecto de vida, a una nueva configuración comunitaria e histórica, que se sustente en espacios barriales que pongan en valor la vida cotidiana, el compartir experiencias, la solidaridad y otros valores.

Los barrios de la reconstrucción no han sido planificados, no han sido participativos y menos se han proyectado a largo plazo. La transformación del territorio mediante la publicidad ha sido la prioridad, mientras que se delegan las responsabilidades del entorno familiar y social, al individuo, lo que apunta a la generación de frustración, a la reproducción de la vulnerabilidad.

Pronto seremos gobernados por una nueva colación política. La misma que ya teníamos hace solo un par de años atrás. ¿Estarán dispuestos a Reconstruirse, a generar barrios, a no reproducir la vulnerabilidad?. ¿Tendrán los cojones para aplicar una política de la memoria? ¿Reconstruiremos barrios que en el corto plazo darán cuenta de diversas falencias, tanto a nivel estructural como comunitario?. ¿Asumirán el desafío de ampliar el concepto de calidad de vida, desplazando las super carreteras, la publicidad y el consumo, para poner a las personas en el centro de las políticas públicas? ¿Habrá participación ciudadana?

Ya no debemos actuar bajo la reactividad, tenemos la experiencia, los conocimientos y ahora han quedado claros los abusos que pueden ocurrir en un proceso de Reconstrucción. Es muy necesaria la anunciada auditoria de la reconstrucción propuesta por el Ministro de Hacienda, pero de nada servirá, si no se hace cargo de un proceso que ha sido apurado y exitista y que debe ser re-evaluado profundamente, proyectando posibles fragilidades de lo reconstruido y mermas de la calidad de vida de comunidades, que además, no participaron de la reconstrucción de sus propios territorios.

Las ciudades deben acogernos, y nosotros acoger a la ciudad, nuestras calles, veredas y parcelas, nuestros patios y nuestras rutas, deben ser armónicas con nuestro desplazamiento social y cotidiano. El Estado tiene la obligación de generar condiciones igualitarias para ricos y pobres, para vivir en los territorio, para hacerlos nuestros, del individuo y de la comunidad, y no solo de los intereses económicos de empresarios-políticos-inmobiliarios.