Municipios preparan movilizaciones para impulsar cambio a Ley de Casinos

Por Audénico Barría y Jorge Molina, El Mercurio. (02/06/2013)

Normativa promulgada en 2005 determinó cierre de salas municipales en diciembre de 2015:

Ejecutivo alista proyecto de ley que mantendría actual situación por cinco años y disminuiría aportes en la década siguiente.

El municipio de Viña del Mar anunció el viernes último la creación de una asamblea ciudadana de la comuna con un solo objetivo: iniciar una movilización en defensa de los recursos que le aporta hoy el casino de juegos municipal.

A este movimiento pronto se sumarán los otros seis municipios, cuyas salas de juego, de acuerdo con la Ley de Casinos, promulgada en 2005, solo pueden operar hasta el 31 de diciembre de 2015. Cada uno de ellos fue creado por leyes propias.

“Hay que paralizar el país si es necesario. Aquí se les está regalando a privados el dinero que sirve a la gente más pobre de nuestras comunas”, subraya el alcalde de Iquique, Jorge Soria (Independiente).

A fines de 2015, los casinos de Viña del Mar, Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales deberán ser licitados. Si bien esas comunas tendrán la prioridad, podrían terminar instalados en otro lugar de la región. Además, si ganan, sus utilidades disminuirán, pues deberán compartirlas con el gobierno regional.

“Caupolicanazo”

Al año, Viña del Mar recibe de su casino de juegos $24 mil millones, casi la mitad de su presupuesto municipal. La cifra supera los $23.163 millones que en 2012 recibieron en total las 17 comunas que tienen casinos licitados bajo la nueva ley que regula la actividad.

Esos montos son los que los alcaldes quieren proteger. Se agruparon y en bloque han negociado con los últimos dos gobiernos una prórroga a su situación. Pero aún no se envía un proyecto de ley en tal sentido.

“Se trata de una solicitud justa, necesaria, de siete comunas turísticas al Ejecutivo para que modifique la actual ley por ser expropiatoria, fatal para el desarrollo de estas ciudades”, dice la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI).

Ante la falta de respuesta, los ediles están sumando a organizaciones y vecinos, instalan gigantografías y reúnen firmas. El próximo paso, dicen quienes participan del movimiento, serán las movilizaciones masivas, incluso paros comunales.

“Esto debe ser un ejercicio simultáneo, un movimiento a nivel nacional, que abarque a todos los municipios que están perjudicados”, explica el administrador municipal de Arica, Fernando Núñez.

En esto, añade el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes (UDI), “estamos trabajando unidos los siete municipios”.

El viernes se reunirán en Viña del Mar para analizar acciones a seguir, como un masivo acto conjunto en el teatro Caupolicán de Santiago. Un “caupolicanazo”, afirman.

“Queremos exigirle al Gobierno que escuche a estas comunas. De lo contrario, no vamos a tener otro camino que movilizarnos”, afirma el senador Francisco Chahuán (RN).

El Ejecutivo aún trabaja el proyecto de ley que extendería la vigencia de los casinos municipales. Cercanos a las negociaciones afirman que una de las ideas que se trabajan es mantener la situación actual por cinco años y disminuir los aportes en forma paulatina en los diez años siguientes para equipararlos a la situación de los que operan bajo la nueva normativa.

Además, estarían sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego, a lo que los alcaldes no se oponen.

Otra alternativa que se estaría analizando es elevar el impuesto al juego al 35% -hoy es 20%, la mitad para municipios y la otra para el FNDR- para que una vez que los casinos municipales se incorporen a la nueva ley no sufran una merma tan significativa de sus ingresos.

Ley busca homologar el juego en Chile

Los siete casinos municipales fueron creados cada uno con una ley propia, con contratos de concesión propios y sometidos a la fiscalización de los municipios. La decisión de ponerles una fecha tope en la Ley de Casinos busca homologar el juego en Chile, y que todos los casinos se sometan a la fiscalización de un único ente regulador. “La idea era tener un tipo de casinos, y no dos”, afirma Francisco Vidal, quien como subsecretario de Desarrollo Regional inició la tramitación de la ley. Los alcaldes dicen que hoy la fiscalización funciona, ya que además de la vigilancia del municipio y de los concejales, “como todo contrato de una entidad pública es auditado por la Contraloría”, explica Reginato. Pese a ello, los alcaldes no ven problema en que lo haga la SCJ. “Si quieren que lo haga la superintendencia, no nos oponemos, pero no queremos que nos cambien los pesos”, dice Carlos Barra, alcalde de Pucón.