Nueva política de desarrollo urbano creará mecanismo que evite “atentados” en la ciudad
Por Manuel Valencia, El Mercurio.
Institucionalidad debuta el próximo año y propondrá cambios legales en distintas normas:
Se fortalecerán recursos, funcionamiento y autonomía de los gobiernos regionales, para que definan sus proyectos urbanos.
La construcción del Mall de Castro, de la torre del Costanera Center o de los edificios que han hecho desaparecer buena parte de las dunas de Reñaca revelan, a juicio del ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, la falta de una institucionalidad que permita planificar adecuadamente el crecimiento de las ciudades.
Hoy la Ley General de Urbanismo y Construcción -norma que regula el diseño y planificación urbana- tiene ochenta años sin mayores modificaciones. Lo mismo ocurre con la Ley de Monumentos, que protege las edificaciones, pero que no propone mecanismos para resguardar los entornos, un problema que quedó al descubierto en el caso de Chiloé.
Por los vacíos de ambos cuerpos legales, los denominados “atentados urbanos” siguen amenazando edificios históricos, barrios saturados por la congestión o sitios con valor ecológico.
Con el objetivo de mejorar los resguardos, la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que será presentada en marzo al Presidente Piñera, propone profundas modificaciones a los cuerpos legales y un cambio a la institucionalidad vigente. Según José Ramón Ugarte, asesor urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se propondrá fortalecer en recursos, funcionamiento y autonomía a los gobiernos regionales, para que definan sus proyectos urbanos y respondan al nivel central en cuanto a lineamientos. “Va a plasmarse en una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción en todo lo que son los instrumentos de planificación pero también se busca modificar leyes orgánicas de los ministerios. Estamos proponiendo una reorganización del aparato público en la materia, va a haber que modificar la ley orgánica del Minvu, Transportes, Bienes Nacionales, incluso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. También la Ley de Municipalidades”, señala Ugarte.
No es todo. A largo plazo se planteará, por ejemplo, crear un “macroministerio” de la Ciudad y el Territorio que incorporará a los actuales ministerios de Vivienda, Urbanismo, Bienes Nacionales y Transportes.
Definiciones
Uno de los ejes que tendrá la nueva política será la creación de mecanismos para reducir la segregación social en las ciudades y fomentar la integración. Para ello, se busca que el Estado tenga facilidades para levantar conjuntos de vivienda social en terrenos fiscales con buena localización, es decir, cercanos a los centros, los servicios, el transporte público y establecimientos de salud y educación.
“El Estado debe tener una participación en la gestión de suelos para ir a comprar terrenos y establecer políticas de vivienda social que incluyan el arriendo de viviendas, de manera que el Estado mantenga la propiedad y evitar que a la larga la propiedad se deteriore, como lo que se construyó hace 30 años”, señala Antonia Lehman, presidenta de la comisión asesora presidencial, quien elabora la nueva política.
Además de la política, la comisión asesora que reúne a 29 expertos urbanos trabaja en un documento para aplicar en forma práctica los lineamientos.
Ayer el ministro Pérez inició en Concepción un proceso de consulta regional que recogerá planteamientos de distintas zonas del país, entre ellas, cómo se puede preservar zonas de valor ecológico en la ciudad, como humedales, o los lineamientos para localizar “usos no deseados”, es decir, obras de infraestructura necesarias pero que amenazan con reducir el valor del entorno como cárceles, basurales, torres de antenas o cementerios.
Las transformaciones que se plantean tocan distintos ámbitos del crecimiento de las urbes
Dentro de los cambios que plantea la nueva institucionalidad, destacan algunos puntos que cambiarán la forma en que las ciudades se desarrollan hasta ahora. Algunos de los puntos esenciales son:
1. Límite urbano
La política definirá que las ciudades deben tener límite urbano, con el objetivo de definir los ritmos de crecimiento de las urbes o fomentar la densificación al interior de cada territorio.
2. Suelo urbano
A diferencia de las políticas de 1979 y 1985, el documento no plantea en términos económicos si el suelo es escaso o no, sino que lo define en términos urbanísticos como un bien “único”.
3. Rol del Estado
Según Lehman, fue uno de los puntos más complejos de consensuar. Se determinó que el Estado debe ser un gestor que tiene que garantizar y responsabilizarse sobre la planificación y desarrollo urbano de las ciudades, con niveles mínimos de integración social.
4. Patrimonio
Se ampliará la definición de patrimonio a los entornos de edificios históricos y a la preservación de la identidad.
