Regulación de mitigaciones ¿Qué hubiera pasado si…?

Varias veces en Plataforma Urbana nos hemos referido a la facilidad que tienen algunos actores de tomar decisiones apresuradas en relación a la construcción de la ciudad y a la manera en que estas decisiones impactan negativamente en el entorno que circunda a estos proyectos.

Hace algunos días se publicó una noticia que indicaba que el Ministerio de vivienda exigirá a las empresas pagar por el impacto de sus obras, a propósito del debate que suscita la construcción de mitigaciones viales por parte de los agentes privados que intervienen el normal funcionamiento de los barrios como consecuencia de estos proyectos.

Si bien este cuestionamiento surge de la aprobación por parte del Secta del plan de mitigaciones del Costanera Center, hay varios otros proyectos al interior de la ciudad que se vieron desfavorecidos en sus contextos cercanos por la construcción apresurada y carente de una regulación de impactos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo en el caso de la construcción del Costanera Center, si se hubiese aplicado esta norma de mitigación? ¿Estaríamos hablando del mismo número de proyectos inmobiliarios en la zona céntrica de Santiago? ¿Sería tan exclusivo todo el desarrollo inmobiliario de la zona norte de la capital, hacia el sector de Chicureo?

Para tener claridad respecto al proyecto de mitigaciones viales, éste indica que la materialización de las compensaciones se produciría a través de dos vías: la primera a través de los mismos desarrolladores que tendrían que intervenir espacios públicos y de carácter vial, según las necesidades que trae consigo cada proyecto. Una segunda vía, es a través del depósito de dinero a la municipalidad, de manera que ésta apruebe los proyectos que respectan por concepto de mitigación.

La regulación de la regulación

Respecto a esta última, en teoría el dinero depositado va hacia una cuenta que cubriría sólo estos fines, entregándole a la municipalidad todas las competencias para evaluar las externalidades que se producen a raíz de estos proyectos. Lo que no queda resuelto en el proyecto , es la manera en que se canalizarán los recursos técnicos para evaluar este tipo de externalidades en municipalidades que no tienen los recursos económicos y técnicos como para llevar a cabo esta misión.

Ante la facilidad de desarrollar grandes proyectos inmobiliarios y comerciales al interior de la ciudad, lo más lógico debiese ser que la aprobación de un proyecto deba ir de la mano con un estudio que indique el impacto que se generará en el sector en el cua se está instalando. Sin embargo, es importante también entregar las pautas en cuanto a la administración y gestión de los recursos destinados a establecer las normas de regulación de estas mitigaciones, sobre todo en el caso de la segunda alternativa, que deriva la responsabilidad en las municipalidades. Regular la futura regulación.

Por otro lado, sería interesante el ejercicio de plantear esta ley de manera retroactiva, ya que a pesar de que sea una medida poco probable, varios proyectos al interior de la ciudad fueron construidos dejando la sensación de que se pasaba a llevar algo más que la integridad de la vereda en donde estaban situados, impactando negativamente en un radio mucho mayor. Costanera Center, proyectos inmobiliarios en el sector de Huechuraba, centros comerciales en comunas céntricas, nuevos malles, grandes edificios de oficinas. ¿Qué hubiera pasado si…?