¿Hacia una política de vivienda 2.0? De la unidad de vivienda al trozo de ciudad

Escrito por: Fernando Pérez Oyarzún, Dr. Arq. Profesor Titular PUC. Jefe Programa de Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. Director Fundación Gestión Vivienda.

Todo parece indicar la necesidad de replantear nuestras políticas de vivienda, ajustándolas a las circunstancias que actualmente vive el país. Chile tiene una larga trayectoria en temas de vivienda social; su primera Ley de Vivienda obrera fue promulgada ya en 1906. Desde entonces, se han impulsado diversas leyes y variadas instituciones para enfrentar el problema. Sin embargo, existe una creciente sensación de que enfrentamos una crisis en este ámbito.

Entre los logros de las actuales políticas, mantenidas en lo fundamental por varias décadas, puede mencionarse el alto número de unidades construidas, sus bajos costos y el esfuerzo por focalizar esta inversión pública en los sectores de menores ingresos. Entregar una vivienda social a una familia significa proveerles un capital económico, un espacio de convivencia familiar de cierta intimidad y la conexión a redes de servicios tales como electricidad, alcantarillado y agua potable. Este último aspecto no es el menor. Chile exhibe índices muy destacables en cobertura de redes de infraestructura, los que se asocian a logros en salud pública, incluyendo bajas tasas de mortalidad infantil que pueden compararse con las mejores del mundo.

En contra de las actuales soluciones habitacionales, se pone de relieve cada vez con más fuerza, la mala calidad de los barrios generados, su creciente lejanía de fuentes de trabajo y equipamientos sociales, los problemas de segregación que generan, las dificultades de ampliación en viviendas normalmente muy pequeñas y la relativamente baja calidad de construcción.

Es por ello, que cabe preguntarse si el actual sistema, surgido cuando el país tenía un ingreso per cápita menos de un tercio del actual, no ha dado ya todo lo que podía dar de sí. Preguntas como a quiénes deben dirigirse estas políticas; que tipos de apoyo social requieren; cuales son los estándares que en términos de superficie, calidad constructiva y diseño y donde debieran localizarse, son todas urgentes que responder. Evidentemente está el problema de cuánto vale todo esto, pero al igual que en el campo de la educación, debemos aceptar que la calidad a que aspiramos tiene un costo mínimo y que, aunque hay muchas demandas provenientes de diversos campos, ese precio debe pagarse, no sólo para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto sino también para evitar el dispendio de una inversión inútil.

Hasta ahora nos hemos concentrado con demasiada exclusividad en el número de unidades o “soluciones habitacionales” sin percatarnos que, en rigor, una vivienda no es sólo una unidad habitable sino un trozo de ciudad, lo que significa una inserción social digna en el espacio urbano y acceso razonable a trabajo, colegios y equipamientos sociales: un desafío-país tan difícil como atractivo.