Contraloría objeta entrega de viviendas en gestión de Van Rysselberghe

Informe ordena sumario por irregularidades en soluciones habitacionales para villa de Talcahuano.

(La Tercera – 18/08/11)
Por David Muñoz

Un informe que contiene más de dos mil páginas, emitido el 27 de julio pasado por la Contraloría del Biobío, vuelve a poner en el foco de atención la labor de la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe en la Región del Biobío.

Se trata de los resultados de la primera de varias investigaciones que el órgano contralor mantiene abiertas respecto de la gestión de la ex jefa regional en la intendencia del Biobío, específicamente, en materia de reconstrucción.

La indagatoria fue realizada a petición del actual intendente de la zona, Víctor Lobos, quien apenas asumió el cargo, en abril pasado, solicitó una revisión de los procesos relativos a la adquisición de viviendas de emergencia.

En concreto, la Contraloría analizó el proceso de solución habitacional a los damnificados de la población Centinela I de Talcahuano, luego de lo cual determinó la apertura de un sumario para perseguir eventuales responsabilidades administrativas en algunas irregularidades detectadas.

Según la denuncia de la autoridad regional, en diciembre de 2010, la intendencia autorizó la adquisición de 175 viviendas por trato directo con la empresa Procomad Ltda., por un valor de $ 93.712.500.

Los antecedentes evidencian que al término de la transacción, se determinó que no se había materializado la entrega de 31 viviendas, pese a haber sido canceladas por la intendencia.

Según las conclusiones del informe, el encargado de canalizar esta tarea era Cristián Gibson Isla, funcionario que trabajaba como “consultor” del gobierno regional en el proceso de reconstrucción. Se trata de uno de los asesores “territoriales” de Van Rysselberghe que conforman su círculo más íntimo en el Biobío.

El funcionario reconoció ante el órgano contralor que los inmuebles no fueron entregados a los pobladores debido a que él mismo transó con el proveedor un cambio de las viviendas por planchas de terciado que servían para forrar interiores. Esta transacción, que según la Contraloría no pudo ser acreditada, debido a la ausencia de documentos de respaldo, no contaba con la debida autorización y, según consigna el informe, tampoco fue conocida por Van Rysselberghe. En función de ello, la Contraloría objetó el actuar de Gibson, pues “se atribuyó facultades de las cuales no estaba investido” para negociar los términos de la transacción.

“El resultado de esta investigación refleja el estilo de la ex intendenta y lo necesario de seguirla por la vía administrativa e incluso por la judicial, a partir de los resultados de los sumarios que ha ordenado la Contraloría”, dijo el diputado DC Gabriel Ascencio, quien anunció que llevará los antecedentes a la comisión investigadora de la Cámara que indaga la gestión de Van Rysselberghe.