Brasil inaugurará dos cárceles construidas, administradas y vigiladas por privados

A diferencia de recintos “concesionados” como los que existen en Chile, en estas nuevas prisiones ubicadas en Minas Gerais y Pernambuco la seguridad interna también será externalizada.

(El Mercurio – 21/06/2011)

A fin de año, Brasil se sumará a la tendencia que Estados Unidos adoptó en los años 80 y que en la última década se multiplicó en el Reino Unido y otros países europeos. En esa fecha tendrá listas sus primeras dos prisiones construidas y administradas por empresas privadas.

Estas son el complejo penal de Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, y el Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga, en Pernambuco. Cada uno tendrá capacidad para alojar a unos 3.000 presos, indica BBC Mundo.

Ambos centros se construyeron siguiendo el modelo de Sociedad Pública-Privada (PPP, por su sigla en portugués y en inglés), un formato desarrollado por el gobierno británico que permite usar capital privado para pagar por infraestructura pública.

Según los impulsores, una de sus principales ventajas es que permite financiar obras costosas, evitando que el Estado tenga que realizar millonarias inversiones iniciales.

Además, sostienen que fomenta un mejor servicio, ya que las empresas privadas tienen incentivos económicos para realizar bien su tarea.

Críticas

Empero, los detractores aseguran que ocurre lo contrario, y cuestionan el hecho de que las funciones y responsabilidades del Estado estén en manos privadas, señala cadena británica.

La Pastoral Carcelaria de Brasil criticó las nuevas cárceles privadas, asegurando que “la empresa entra para tener lucro, y los presos son usados para eso”.

Otros críticos temen que convertir los establecimientos penitenciarios en un negocio puede incentivar el arresto de personas.

El estado de Minas Gerais anunció que pagará 75 reales (cerca de US$50) diarios al consorcio brasileño Gestores Carcelarios Asociados por cada preso que aloje en la cárcel.

Para Lucía Dammert, experta en seguridad, hay evidencia de que las cárceles privadas ofrecen “mejores condiciones” para los presos, aunque los niveles de reincidencia se mantienen igual que en las prisiones comunes.

No obstante, Marcos Siqueira Moraes, responsable de la Unidad de PPP del gobierno de Minas Gerais -que lleva a cabo el proyecto de la prisión nueva- le aseguró a BBC Mundo que se trata de un debate sin sentido debido a que el Estado ya sufre por una sobrepoblación carcelaria.

En efecto, Brasil es uno de los países con mayores problemas de hacinamiento carcelario del mundo. De acuerdo con datos de la ONU, unas 470.000 personas cumplen condenas en presidios que tienen capacidad para albergar a 300.000 reos.

Según Siqueira Moraes, cárceles privadas como la de Ribeirão das Neves ayudarán a paliar esta situación y además ofrecerán una mejor calidad de servicio a los presos.

“Si bien es válido cuestionar si las cárceles privadas incentivan más arrestos, en América Latina, donde hay -en promedio- el doble de prisioneros que camas en las cárceles, lo más seguro es que este sistema no aumentará la tendencia a arrestos”, dice Dammert.

Tanto Chile como Brasil ya tienen cerca de una decena de cárceles “concesionadas” -o “tercerizadas”- en las que varios de los servicios que se brindan -salud, alimentación, educación, entre otros- están en manos de empresas.

Pero las nuevas cárceles privadas de Minas Gerais y Pernambuco serán las primeras en las que la seguridad también será labor de privados.

Sin bien el Estado estará a cargo de vigilar el perímetro externo de los establecimientos y de trasladar a los reos, la vigilancia dentro de los presidios quedará en manos de las empresas que las manejen.

Reos y carceleros

Las prisiones privadas contarán con más tecnología, por lo que harán falta menos guardias: en las cárceles públicas hay uno por cada 2,5 prisioneros, en las privadas habrá uno por cada 3,5 o 4, según BBC Mundo.

Las nuevas cárceles están diseñadas para minimizar el contacto y la comunicación entre bandos. Además, las empresas deberán cumplir con una serie de normas -o “indicadores”-, de cuya aprobación dependerá el 20% de los ingresos que reciban del Estado.

Entre los más de 400 indicadores se estipula la prohibición de que los presos usen teléfonos celulares, la herramienta más usada para organizar crímenes en el exterior.

Ante la duda acerca de si el Estado está incumpliendo su papel de garante de la seguridad si delega esa función a una entidad comercial, Siqueira Moraes asegura que no.

“El Estado nombrará al director de Seguridad de cada una de las unidades del complejo y ellos serán responsables por los prisioneros”, afirmó.

“Por ahora, esta cárcel será una experiencia de prueba; si tiene éxito, quizás adoptemos el sistema”, concluye.

Brasil es uno de los países con mayores problemas de hacinamiento carcelario del mundo.