Carta – Ley de concesiones

(El Mercurio. 10/08/2009)

Señor Director:

En carta dirigida a su medio, el señor Felipe Morandé alude a mi carta publicada el día 6 de agosto pasado, pero no se hace cargo de la inquietud central planteada por mí en ella. Más bien descalifica la actual gestión del Ministerio de Obras Públicas al referirse a la cartera de concesiones 2008-2009 y al proceso de modernización del Ministerio respecto del cual el señor Morandé afirma que “es por todos sabido que la modernización del MOP hoy duerme en esa cartera”. Desgraciadamente, no fundamenta para nada su afirmación y con ello pasa a llevar a los más de 800 profesionales y técnicos del Ministerio que participan activamente en las distintas iniciativas del programa de modernización hoy día en ejecución. Lo preocupante es que argumentando sobre otras materias, respecto de las cuales podríamos discutir en detalle, demostrándole sus errores y desconocimiento, elude responder mi cuestionamiento central a lo planteado por él en su columna “De puño y letra”, publicada el 4 de agosto.
En dicha columna, el señor Morandé escribió que el proyecto de ley que modifica la ley de concesiones “podría encarecer las concesiones y espantar” el interés de los inversionistas. En relación con esa gravísima afirmación, le hice ver, entre otra cosas, que el proyecto en comento fue rigurosamente analizado por las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda del Senado, donde los senadores de la Alianza fueron asesorados por los institutos Libertad y Libertad y Desarrollo, arribándose a un consenso que se tradujo en la aprobación unánime en ambas comisiones y luego en la sala.
Con posterioridad, el proyecto también se aprobó, con algunas modificaciones, unánimemente por las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda de la Cámara de Diputados, para luego recibir un apoyo amplísimo y casi unánime en la sala de esa Corporación.
Entonces, si el señor Morandé da a entender que esta unanimidad a la que han concurrido los senadores de la Alianza y los respectivos institutos técnicos que los asesoran podría “encarecer las concesiones y espantar” el interés de los inversionistas, surge la inquietud de si ello se traduciría en que las propuestas programáticas de los grupos Tantauco contemplan la revisión de los acuerdos legislativos que han sido aprobados con el consenso de los representantes de la Alianza en el Parlamento, o si lo afirmado por el columnista responde a otros intereses, tal vez sectoriales, pero no necesariamente al interés público. Esto no ha recibido respuesta.

JUAN EDUARDO SALDIVIA M.
Subsecretario de Obras Públicas