Patrimonio cultural

(El Mercurio. 1/07/2009)

Señor Director:

Si bien es una buena noticia la creación de un “Instituto del Patrimonio” -aunque no se pueda dimensionar aún en detalle su papel y alcance efectivo en la tarea de salvaguardar la memoria, tangible e intangible, que nos proporciona identidad como país-, no debiéramos cifrar demasiadas esperanzas en este eventual acontecimiento legislativo. La sola existencia de otro organismo dentro del Estado con este título, y la creación del consiguiente aparato burocrático, no asegura una mejor orientación ni gestión de las políticas públicas en lo que a patrimonio se refiere.
La enorme cantidad de chilenos que, junto a sus familias, participaron de la “Fiesta del Patrimonio” y los más de 80 mil visitantes que recibió la reciente exposición “Chile Mestizo” en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda son pruebas contundentes de que en nuestra sociedad existe una “demanda” real por este “bien”: hay interés por conocer o reconocer lo que nos es propio, el legado del pasado que perdura hasta hoy, ya sea en construcciones, objetos materiales, tradiciones, costumbres o manifestaciones populares.
La clave, por lo tanto, parece estar, más que en las instituciones, en las personas. En Chile contamos con destacados especialistas y estudiosos del patrimonio. Por otro lado, todos quienes han tenido la oportunidad de crecer en contacto con el patrimonio y la cultura, en sus más diversas expresiones, son capaces de comprender, aunque sea intuitivamente, la importancia que éstos tienen para la calidad de vida y el desarrollo sustentable de una comunidad.
¿Por qué no abrir entonces, definitivamente, las puertas para que los particulares -personas, instituciones o empresas- con sensibilidad e interés por los bienes patrimoniales puedan desplegar su creatividad y mejor esfuerzo en iniciativas de rescate, conservación, puesta en valor o reutilización -responsable y eficiente- de esos barrios, propiedades, colecciones o tradiciones que tanto nos enorgullecen?
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Ese sí sería un gran cambio: reformar la Ley de Monumentos para que los propietarios de un bien de valor histórico o patrimonial no se sientan víctimas de una carga injusta del Estado, sino que reciban verdaderos incentivos para conservarlo y no dejarlo desaparecer. Modificar la Ley de Donaciones Culturales para incentivar las donaciones de personas naturales, tan importantes en otros países, y eliminar de paso las sanciones “draconianas” a las que se expone desde 2003 cualquier contribuyente que utilice este mecanismo, y que transmiten a la sociedad un mensaje de desconfianza respecto del papel que pueden jugar las empresas en el fomento de la cultura. Por último, dejar de “leer entre líneas” cada vez que un particular o empresa se compromete con un proyecto patrimonial de real valor, y reconocer pública e hidalgamente su aporte.
Para todo esto no se requiere más control ni supervisión del Estado, sino, por el contrario, fe en la creatividad de cada individuo y confianza en la responsabilidad que cada uno de nosotros puede y debe asumir como ciudadano.

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    Directora Académica Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural Universidad de los Andes