El valor de la dignidad: Vecinos de Maipú recibirán indemnización por malos olores de La Farfana


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Fotografía vía Flickr de amorojo2

Las exigencias ciudadanas han aumentado y diversificado su naturaleza en los últimos años, de eso no cabe duda; algunos exigen detener proyectos, regular otros y poco a poco algunos comienzan a proponer proyectos surgidos desde la propia comunidad. Pareciera que la construcción de una sociedad civil activa, en temas urbanos, va de a poco por un camino de consolidación. No hay que desentenderse en todo caso, de que estos fenómenos urbanos están íntimamente ligados con una concientización de los derechos civiles en todos los ámbitos, proceso que va de la mano de una maduración de la democracia y de los diversos sistemas políticos y sociales.

Algunos de ustedes recordarán la polémica que se originó el año 2004 cuando en la comuna de Maipú, y debido a una falla en el tratamiento de lodos de la planta La Farfana,  se originaron intensos malos olores en un barrio con casi 500 familias que tuvieron que aguantar la invasiva situación por meses. Los vecinos se organizaron (Coordinadora Multisocial Santiago Poniente – No a la ruta de la caca) y llevaron la situación a tribunales, con una querella contra la empresa Aguas Andinas por el perjuicio ambiental ocasionado a éstos; hace pocos días el 18º Juzgado Civil de Santiago falló a favor de 497 familias de las villas Jahuel 1 y Jahuel 2, a través del pago de una indemnización por parte de Aguas Andinas de $5.000.000 por familia.

A pesar de que la empresa pretende apelar, debido a que considera que los hechos no fueron intención de la empresa, ni constituyeron daños a personas ni al medio ambiente

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  • , la instancia representa un triunfo para los vecinos, incluso considerando que en primera instancia habían pedido $10.000.000 por familia; la indemnización le costará a Aguas Andinas un total de $2.500 millones.

    Este episodio nos habla de un escenario de una sociedad muchísimo más consciente de sus derechos que hace algunos años, en particular en relación a temas ambientales y a los conflictos entre intereses corporativos y ciudadanos. Tal como pueden existir movimientos para frenar ciertas situaciones de riesgo ambiental vinculados con la crianza de salmones, las plantas hidroeléctricas o la instalación de una represa, los habitantes de ciudades nos damos cuenta que el entorno que colectivamente construimos, y las externalidades que todos depositamos sobre él, deben ser responsabilidad de alguien, y ese alguien debe -en ocasiones de manera m literal- pagar por ellas.