Esperanzas y peligros: ¡Sociedad Civil para Chile ahora!

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flickr.com/photos/alvaroherraiz

Podríamos nombrar una serie de ámbitos, como la sostenibilidad, la participación ciudadana, la planificación urbana, el desarrollo local, la cultura cívica, los derechos de los consumidores, los derechos laborales, los niveles de calidad de los mercados urbanos, el tratamiento del patrimonio, la sostenibilidad del sistema político; en todos ellos aparecen requerimientos emergentes que han comenzado a considerarse indispensables para asegurar el desarrollo a largo plazo. Estamos hablando, en suma, de prácticas sociales, ciudadanas y políticas que apuntan hacia la conformación de la Sociedad Civil como un actor relevante; un nivel de participación consolidado; un estrato de distribución real del poder que media entre los individuos y los grandes actores en Chile: el Mercado y el Estado.

Asumido este espacio como algo necesario para una cierta madurez social, pareciera que el caso chileno es de una relativa adolescencia. Podríamos entender este proceso como el correlato social del desarrollo urbano de una ciudad adolescente como Santiago. Varios fenómenos de organización permiten hablar de la proliferación de una serie de movimientos ciudadanos reactivos, y, yendo más allá, escasos ejemplos de agrupaciones locales que tendrían la capacidad de situar a la sociedad civil en un núcleo activo y propositivo

de desarrollo social y urbano. El problema es que ese paso a la proposición y la proactividad efectiva dependen de un capital social y cultural que está desigualmente distribuido, segregado socioeconómicamente, y territorialmente concentrado (en una sola región y en algunos puntos de Santiago).

Probablemente ha sido el ámbito de lo “urbano” donde más ejemplos han surgido, que permiten hablar en Chile, y especialmente en Santiago, de movimientos ciudadanos que pasan de la oposición a la promoción de una visión mucho más reflexiva del desarrollo urbano. Con “reflexiva”, me refiero a una capacidad de la gestión urbana de incorporar mayor cantidad de variables, acercándose al ideal de sostenibilidad social de los proyectos, maximizando los beneficios y la cantidad de beneficiados de una intervención.

El caso del Nudo Estoril, en el proceso de implementación de la Costanera Norte, fue emblemático. Un grupo de vecinos lograron plantear diseños alternativos y presionar para que el nudo vial que une Kennedy con Las Condes y Estoril incorporara parámetros de diseño urbano por mucho superiores al planteado originalmente. Otro tanto ocurrió con la agrupación Ciudad Viva, quienes, desde su comienzo como activistas contra el paso de la misma Costanera, pasaron a transformarse en promotores de proyectos para Bellavista, tanto con fondos públicos como privados. Estos ejemplos se distancian de otros que son meramente reactivos; por ejemplo, existen voces que critican casos como Yungay o Valparaíso

puesto que, si bien se ha logrado generar instrumentos para conservar estas zonas patrimoniales, esto no va acompañado de medios para poder gestionar el desarrollo necesario para que este tejido urbano no muera.

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En el Patio Bellavista hubo participación que promovió el desarrollo de la zona mediante inversión privada. 

Con todo, es preciso notar que el nivel de sofisticación logado en los casos de Estoril y Bellavista, depende de que han podido disponer de importante capital cultural (información, profesionales, capacidad para generar estudios y propuestas) y capital social (niveles de organización interna, capacidad de gestión, inteligencia política, redes). Es justamente éste el meollo del asunto: es ese capital cultural y social el núcleo de las capacidades que deben tener instalados los grupos que podrían conformar una “Sociedad Civil” que participa como actor de los procesos de desarrollo. Este es el combustible de lo que podemos denominar la “demanda de sociedad civil”, es decir, grupos organizados que saben construir, ordenar y canalizar la demanda que proviene de este estado intermedio de organización colectiva, mediando entre los individuos y los dos grandes actuales actores: el Mercado y el Estado.

El problema, es que este capital social y cultural se encuentra altamente segregado

, especialmente en términos socioeconómicos (lo que se traduce en la distribución espacial en las comunas de Santiago, por ejemplo), y en términos geográfico-regionales, puesto que en Santiago existe una concentración demográfica, económica y administrativa que genera una densidad en la que estos fenómenos ocurren, en detrimento de lo que pueda pasar en las Regiones. La posibilidad de conformar esa “demanda de sociedad civil”, entonces, está restringida solamente a unos pocos, lo que restringiría la presencia de este actor, y los beneficios sociales que esto implica, a los sectores propios de la élite. A este respecto, aparece un gran diferencial que parece ser la tarea pendiente respecto al fenómeno social de la organización ciudadana.

Podríamos seguir largamente discutiendo estos temas:

¿A quién correspondería asumir este desafío? ¿Sería el Estado, si es que es éste el medio para asegurar la consecución del bien común? ¿No podría ser contraproducente “formalizar” lo que debiera ser una capacidad ciudadana de base? ¿La Sociedad Civil se construye desde la demanda por poder, o de la oferta de espacios desde la Política Pública? ¿Existen relatos que permitan situar a la Sociedad Civil como una agenda en sí misma, entre los ciudadanos?