Denuncian irregularidades en evaluación de HidroAysén
(La Nación, 17/12/2008)
El diputado Enrique Accorsi y el abogado Marcelo Castillo exigieron sumario administrativo de Contraloría.
“La gestión de la Corema siempre se ha ajustado a la ley”, aseguró ayer el intendente (S) de la Región de Aysén, Fernando Martínez, quien salió al paso de las críticas del abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Marcelo Castillo, que junto con el diputado Enrique Accorsi solicitaron a la Contraloría un sumario administrativo contra las máximas autoridades regionales en materia ambiental.
“Fue un acto irregular y no descartamos que también ilegal”, sostuvo el jurista, que recalcó que es necesario que se realice una investigación contra el intendente Selim Carrasco y el director regional de Conama, José Pablo Sáez, por la responsabilidad que tendrían al solicitar un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Hidroeléctrico Aysén, sin que existiera votación o deliberación del organismo.
Con ello manifestó el profesional, se dejaron de lado las observaciones críticas de más de un tercio de los organismos públicos con competencia ambiental sectorial, que expresaron en sus respectivos informes que el EIA carecía de información esencial y relevante para su evaluación y, por tanto, conforme al Artículo 24 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debía ser rechazado.
Accorsi y Castillo solicitaron además a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad del denominado Reglamento de Sala de la Corema, en que ambos personeros basaron su actuación, pues el diputado aclaró que por tratarse de una facultad legal, es indelegable y su ejercicio no puede ser entregado a un órgano o funcionario distinto al que señala la ley.
“SE HA CUMPLIDO LA LEY”
Sin embargo, el intendente (s) recalcó que “se ha cumplido con la normativa, con lo estipulado en la Ley 19.300. No hay nada que se haya hecho fuera del marco legal”.
San Martín dijo que en Chile existe una institucionalidad meadioambiental, que opera para todos por igual y que funciona íntegramente.
“Desde 1990 gozamos de un pleno Estado de Derecho y por eso los habitantes de nuestra región pueden estar tranquilos de que se aplica absolutamente el proceso de impacto ambiental como lo indica nuestra legislación medioambiental”, concluyó la autoridad.
