Urbana

(El Mercurio. 1/06/2009)

Editorial

A un mes de su entrada en vigencia, la Ley de Transparencia ya ha provocado cambios de interés en la sociedad chilena. En un primer momento, la curiosidad de la gente y de los medios se dirigió a las remuneraciones de los funcionarios mejor pagados del sector público, y aunque las cifras parecen haber producido cierta molestia en algunos grupos, nada grave ha ocurrido. No obstante, fue el temor a fuertes reacciones ante esta clase de información lo que detuvo por años casi todas las iniciativas de hacer más transparente el funcionamiento del sector público.
Pero la información sobre sueldos y asignaciones no es la más importante que se haya liberado con la nueva ley. Todas las entidades públicas tienen la obligación de poner a disposición de cualquiera la información básica de su gestión, y todos los ciudadanos tienen ahora la posibilidad de presentar solicitudes para que se les entreguen datos de interés para ellos. Si no logran respuesta apropiada, pueden recurrir al Consejo para la Transparencia, interponiendo un recurso de amparo por denegación de acceso a información pública. A esta fecha ya se han registrado más de dos mil 500 solicitudes, y se ha iniciado más de una decena de procesos contra varios ministerios, empresas públicas y municipalidades que no han respondido.

El mayor número de solicitudes está dirigido a los ministerios -Defensa, Trabajo y Hacienda encabezan la lista al respecto-. No se conoce aún un análisis estadístico del contenido de tales solicitudes, pero los reclamos al Consejo para la Transparencia indican que existe una enorme variedad de asuntos de interés, tales como antecedentes sobre licitaciones públicas, permisos de edificación y el modelo de pronósticos de contaminación atmosférica, además de otros de interés más individual, como razones de un despido o de una contratación. SEGUIR LEYENDO