Hace más de dos meses, discutíamos en el artículo “La rentabilidad de los inmuebles públicos: la lucha que viene en las organizaciones comunitarias”, el eventual escenario que con el nuevo gobierno se daría por el posible cambio del manejo de las propiedades estatales, entendiendo por declaraciones de autoridades vinculadas al gobierno entrante, que este sería más permisivo a vender o reutilizar inmuebles estatales de modo de mejorar su “rentabilidad”, que a mantener las concesiones que hoy maneja; con casos emblemáticos como la sede de organizaciones comunitarias, Movilh o la CUT, exponíamos acerca de la disyuntiva que se produce entre la rentabilidad social que esconde esta cesión de derechos a organizaciones civiles, versus la potencial rentabilidad económica que podría obtenerse de dichos inmuebles y terrenos. El domingo recién pasado El Mercurio publicó la noticia de que “El Estado aumentará en 80% la venta de propiedades por reconstrucción”, aludiendo a terrenos baldíos públicos, y a inmuebles como los que comentábamos en el post de febrero, estos últimos precisamente a través de la revisión de concesiones gratuitas.
Evidentemente el análisis en el contexto post terremoto ha cambiado; SEGUIR LEYENDO

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