Plataforma Urbana

(El Mercurio. 16/11/2009)

Ha proseguido la polémica sobre la obligación de compartir torres de telefonía móvil. El Gobierno intentará revertir su aplicación retroactiva, de manera que se aplique sólo a nuevas torres. Como se recordará, un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) exigió que las frecuencias adicionales de telefonía móvil ofrecidas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) fueran exclusivamente para nuevos operadores, para aumentar la competencia en este sector.

Como resultado de dicho fallo, las empresas Nextel y VTR recibieron las nuevas frecuencias, pero esta última ha planteado desde el comienzo que la entrada de un nuevo operador es inviable si no puede compartir torres existentes con los operadores establecidos, y consiguió que la Cámara de Diputados estableciera tal obligación. Nextel se ve menos afectada por esta controversia, pues ya posee las torres requeridas para ofrecer una cobertura básica.

Los actuales operadores móviles se oponen a compartir las torres existentes, invocando razones técnicas y de protección del derecho de propiedad. Admiten estar dispuestos a compartir torres en forma voluntaria, pero sostienen que la obligatoriedad constituye una expropiación de sus derechos. Por su parte, VTR declara que es imposible ofrecer la cobertura requerida para poder competir si no se le permite utilizar las torres de sus rivales, debido a las dificultades para instalar torres en algunas zonas urbanas donde la oposición pública lo hace casi imposible en el corto plazo.

En esta controversia se enfrentan dos principios: los derechos de propiedad de los actuales operadores y el de favorecer la entrada de competencia a un mercado. La obligación de compartir torres constituye una servidumbre parcialmente expropiatoria, pero es posible sostener que, en lugares donde el público se opone a nuevas instalaciones y donde la cobertura es necesaria para proveer el servicio, las torres existentes son facilidades esenciales.

Por su parte, VTR desea una obligación más general que el mínimo requerido para instalar una red básica, al parecer con el objeto de reducir sus costos de instalación, por cuanto podría aprovechar las inversiones de sus competidores.

La posición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones obedece a que considera que la colocalización retroactiva no debería ser materia de ley, sino del organismo antimonopolio. A su juicio, si los actuales operadores exigieran condiciones excesivamente onerosas para compartir voluntariamente sus torres, los nuevos operadores podrían acudir al TDLC para que éste elimine condiciones anticompetitivas. Esto parece razonable, ya que por esa vía se encomienda a un organismo especializado y flexible la protección de la competencia, al tiempo que se evita incorporar a la ley rigideces innecesarias.