A 59 días de que rija la nueva restricción a catalíticos, todavía no hay cómo fiscalizarla
Por Manuel Valencia.
Gobierno admite que sin un sello verde “es difícil” controlar los vehículos facturados antes de septiembre de 2011:
El nuevo plan de descontaminación de Santiago, que debuta el 1 de mayo, incluye medida que prohíbe una vez por semana, y hasta el 31 de agosto, la circulación de más de un millón de estos vehículos.
A 59 días de que debute el nuevo plan de descontaminación de Santiago, poco se sabe de la implementación de una de las medidas centrales de la estrategia: la restricción vehicular a cerca de 1,1 millones de autos con convertidor catalítico vendidos antes de septiembre de 2011.
Según el inventario de emisiones encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, el sector transporte aporta el 20% de las emisiones de material particulado fino (MP 2,5) que recibe la capital. Y dentro de las fuentes móviles, los automóviles aportan el 36% de los contaminantes. Así, de acuerdo con la estrategia antiesmog, la medida busca reducir la emisión de 213 toneladas de MP 2,5 al año 2026, el último de vigencia del plan.
Pero no obstante el supuesto beneficio que generaría, el Gobierno aún no acuerda una fórmula para fiscalizar la medida.
Cuando se dio a conocer el plan de descontaminación, el año pasado, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, señaló que se estudiaría la implementación de un “nuevo sello verde” para distinguir a los autos libres de restricción.
Sin embargo, las plantas de revisión técnica continúan distribuyendo el sello tradicional, y no hay señales de uno nuevo. Fuentes de la cartera aseguran que mientras Contraloría no tome razón del plan de descontaminación, tal distintivo no puede ser fabricado. Además, reconocen que la aprobación del decreto podría sufrir retrasos, por la complejidad de sus disposiciones.
Al respecto, el ministro (s) de Transportes, Carlos Melo, reconoce que sin el sello “es difícil fiscalizar. Hay temas prácticos que cualquier persona puede identificar, que pueden hacer más difícil la fiscalización. Son varios los temas que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que resolver”.
“El Mercurio” intentó conocer la versión del Ministerio de Medio Ambiente, pero desde la cartera declinaron referirse al plan de descontaminación.
En Santiago, el Ministerio de Transportes cuenta con 257 fiscalizadores. De estos, 80 están constantemente en las calles. Cada invierno, cuando hay preemergencias, logran detectar, en promedio, a uno de entre mil vehículos que violan la restricción.
Para el ex jefe de fiscalización del ministerio y actual especialista del Centro de Sistemas Públicos de la U. de Chile, Jerko Juretic, sin un sello o tecnología “es casi imposible fiscalizar. Para hacerlo masivamente se necesitan chips o usar los pórticos de las autopistas, pero no creo que se haya hecho algo al respecto. Esta medida está poco implementada, queda poco tiempo para ponerla en marcha y no se ha comunicado a la población. Se requiere una estrategia más moderna para hacerla. Un buen ejemplo de la capacidad de la fiscalización es lo que pasa con la evasión del Transantiago”.
Para el especialista en Transportes de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Troncoso, “no se han tomado los resguardos para informar adecuadamente que la medida parte. Es compleja, y ya se advertía que iba a ser difícil de fiscalizar cuando se planteó como idea. Además, aunque se cumpla, tiene poca incidencia, porque los bencineros aportan pocas emisiones de MP 2,5”.
1.109
toneladas de material particulado fino aporta el sector transporte, según el Inventario de Emisiones encargado por Medio Ambiente para elaborar el plan antiesmog de Santiago. Es el 20% de las 5.687 toneladas que se emiten en la capital.
219.000
autos con convertidor catalítico, facturados antes de septiembre de 2011, no podrán circular diariamente entre el 1 de mayo y el 31 de agosto en Santiago. Esto afecta a 1.096.000 vehículos de los 1.780.000 autos con sello verde de la capital.
257
fiscalizadores tiene Transportes en Santiago. De ellos, 80 están en las calles para detectar incumplimientos a la restricción vehicular y cumplir otras tareas, como el control de la evasión del Transantiago o del transporte informal.
772 mil
autos se espera que sean renovados en los próximos 10 años por efecto de la restricción vehicular. Se estima que la medida generará costos por US$ 434 millones y beneficios por US$ 2.225 millones, por ahorro de combustible.
