Nueva ley de casinos municipales elevaría los ingresos regionales en $13.176 millones

Por María José Tapia B., El Mercurio.

Proyecto de ley que extiende las licencias comenzó a discutirse ayer en el Congreso:

Hacienda aseguró que la facturación bruta de las siete salas bordea los $131 mil millones, y el 10% de ese monto iría al Fondo de Desarrollo Regional.

Millonario será el beneficio que obtendrán varios gobiernos regionales con la extensión de las licencias de los siete casinos municipales que inicialmente vencen este 31 de diciembre.

Actualmente estas salas -ubicadas en Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales- solo pagan un porcentaje de sus ingresos brutos al municipio respectivo. Pero a partir del 2018 deberán aportar también otro 10% de sus ventas a los gobiernos regionales.

En el informe financiero del proyecto de Ley de Casinos, el Ministerio de Hacienda dimensionó ese beneficio: según el documento, en régimen este 10% implicará un incremento de los ingresos de los gobiernos regionales de cerca de $13.176 millones anuales. Esto, considerando que las ventas de las siete salas dependientes de los municipios alcanzan en torno a $131 mil millones, según datos aportados por las mismas comunas a 2012.

Esta cifra representa un poco más de los $73.837 millones que reportó Monticello en 2014 y, además, es casi la mitad de los $256 mil millones que vendieron los 16 casinos de juego regulados por la superintendencia del ramo.

“Tuvimos un trabajo bastante detallado que se refleja en el proyecto de ley. Un poco más de $13 mil millones anuales estarían entrando en los gobiernos regionales por este 10%”, explicó ayer el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en la presentación de la iniciativa ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. “Se le va a pasar un 10% de los ingresos brutos del negocio al Fondo de Desarrollo Regional y creo que eso es muy importante, ya que también ganan las otras comunas de la región”, complementó el subsecretario de la cartera, Alejandro Micco.

En esa línea, el informe financiero también precisó -sin dimensionar montos- que, a partir del 2018, se incrementarán también los ingresos fiscales, ya que los siete casinos comenzarán a pagar el Impuesto por Entradas, del cual actualmente están eximidos. Hoy, las salas reguladas por la Superintendencia de Casinos de Juego pagan, a beneficio fiscal, el equivalente a 0,07 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por entrada de ingreso a los establecimientos. En 2014, ese tributo ascendió en total a los $15.500 millones.

“El proyecto de ley perfecciona la regulación de la industria, no solo con casinos municipales sino también el sector como un todo”, subrayó ayer Arenas.

Variación

Los casinos municipales aportan, en promedio, el 32% de los ingresos de las respectivas comunas. Según señaló Arenas, la varianza, eso sí, es amplia: desde un 15% a un 43%.

La sala que más contribuye es Viña del Mar, mientras que la que tiene menos injerencia es Arica. Al medio está Puerto Varas, con un 21%.

Dado ello, la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato, aseguró ante los diputados que sin los casinos, estas comunas en conjunto dejarían de percibir casi $40 mil millones anuales. Según sus cálculos, esto es el 45% de la sumatoria de los ingresos totales de los municipios respectivos.

“Disminuir prácticamente a la mitad los ingresos, provocaría necesariamente dejar de prestar los servicios a la comunidad, desde el aseo domiciliario y urbano, así como suprimir los aportes que efectuamos a la educación y salud municipal”, sentenció ayer Reginato ante el Congreso.

“Sin los fondos provenientes de los ingresos de los casinos solo se generarían consecuencias negativas”, subrayó.

Urgencia
El Gobierno aseguró que es urgente aprobar el proyecto de Ley de Casinos con celeridad.32%
es el aporte promedio que entregan los casinos municipales al presupuesto de su comuna respectiva.  Ese porcentaje varía dependiendo del municipio. En el caso de Viña del Mar, llega al 43%, mientras que en Arica a solo 15%.

$40 mil millones
dejarían de percibir las siete comunas de terminarse los aportes provenientes de los casinos  correspondientes, aseguró ayer la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. Estimó que esta cifra es el 45% de los ingresos totales de estas municipalidades.

Dos años
ese es el plazo que tardarían las autoridades en licitar las plazas municipales  y garantizar la continuidad de una operación de casinos en las comunas afectadas. Dado ello, prevén que el proyecto se apruebe el primer semestre considerando que el 1 de enero de 2018 debe estar finalizado.

Superintendente de Casinos: “Hay sanciones que son realmente ridículas respecto de las faltas”Actualmente, las multas máximas respecto de la legislación de casinos alcanzan los 600 UTM. Con esta nueva iniciativa, ese tope se elevará a dos mil UTM, aspecto que fue valorado ayer por el Superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel, al exponer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Efectivamente la ley tiene falencias relevantes respecto de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras”, señaló. “Hay sanciones que son realmente ridículas respecto de las faltas y, por lo tanto, no guardan ninguna relación, y al final el negocio para quien infringe obviamente siempre es positivo y se está dispuesto a pagar todas las multas que se apliquen y sin ningún cuestionamiento”, enfatizó.

De esta manera, Hamel agradeció las nuevas facultades que se le están otorgando, puntualmente aquellas que le permiten investigar los fondos de las sociedades que administran las salas. “Hoy nada se dice respecto de cómo se formó el patrimonio, y (que) podrían ser cuestionables y eso está recogido”, sostuvo. Además, el proyecto incorpora la posibilidad de que el operador pueda ser recalificado cuantas veces se quiera mientras dure la concesión. Actualmente, se entrega el permiso y no está la posibilidad de evaluar nuevamente la idoneidad de quien tiene las salas.

En esa línea, el superintendente hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar la iniciativa con rapidez. “Los tiempos son escasos, ya que el 31 de diciembre tenemos que tener claridad. En este plazo no solo tiene que ser promulgada la ley sino licitados y entregados los permisos para poder operar”, subrayó.

Si bien gran parte de los diputados se mostraron dispuestos a aprobar la iniciativa, el presidente de la comisión, Pablo Lorenzini, precisó que le generaba dudas el hecho de que en el informe financiero se asegure que el proyecto no implica mayor gasto fiscal en su primer año. Esto, ya que precisó que para tener una superintendencia con mayores atribuciones se requieren recursos.