La ley que inquieta a los calefactores

Por Ximena Bertin y Sergio Rodríguez, La Tercera.

Este miércoles, entra en vigencia la nueva norma para residuos de estufas a leña. El Ministerio del Medio Ambiente asegura que es sanitariamente imprescindible. Los productores dicen que, en la práctica, resulta demasiado exigente y casi inaplicable. El tema arde.

“Es humanamente imposible que podamos cumplir con esta norma. No hay tiempo suficiente para certificarnos ni recursos. Y tampoco la tecnología para cumplir con una norma que es la más exigente del mundo”. Así de rotundo el presidente de la Agrupación de Productores de Estufas y Cocinas del Sur, Freddy Gertner, retrata la preocupación que existe en este sector fabricante, a dos días de la entrada en vigencia de la nueva Norma de emisión de material particulado, para los artefactos que combustionen o puedan combustionar leña y derivados de la madera.

Este cuerpo establece un máximo de contaminación residencial (material particulado y monóxido de carbono) que los artefactos nuevos podrán emitir por hora. No tiene efecto retroactivo para los ya en uso. Y se aplicará a todos los calefactores que tengan una potencia menor o igual a 25 kilowatts. O sea, a partir de este miércoles, todos los modelos a la venta deberán estar certificados o serán retirados del mercado.

En el Ministerio de Medio Ambiente aseguran que la norma ya fue aplazada un año y no existirían razones técnicas para volver a posponerla. El objetivo, según se informó en la cartera, es lograr un ahorro en combustible, un uso más eficiente de la leña y una disminución de las emisiones de estufas, principalmente en la zona centro-sur.

Actualmente, hay tres laboratorios acreditados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para certificar estos aparatos: Cerylab, Serpram y Cesmec. Los costos del trámite son de cargo del fabricante. “La certificación de un prototipo se estima en 4 millones de pesos y el proceso dura, aproximadamente, dos meses, si es que no hay contratiempos, pero también depende del lote que se quiera certificar”, explica María Luz Espinosa, gerenta de Cerylab.

Para los fabricantes, estos tres laboratorios no son suficientes. “Sólo están disponibles desde hace un mes. ¿Cómo podríamos cumplir en este período, si hay que certificar cada modelo que tenemos? Nos demoraríamos meses”, dice Gertner. También, argumenta que por el mismo precio (que varía entre los laboratorios) deben certificar lotes de uno hasta dos mil calefactores.

Muchos productores continúan solicitando la prórroga del plazo y la revisión de la norma, a fin de que ésta sea gradual y “acorde a la realidad”, explican. Incluso, evalúan gestionar un recurso de protección para proteger su fuente laboral, de la que, según ellos, sólo en Temuco y Padre Las Casas dependen más de 500 familias, aunque existen fabricantes desde Rancagua a Magallanes.

La controversia es compartida por algunos fabricantes industriales, como Bosca, empresa que además cuestiona la efectividad de la norma. “Lo primero es regular la calidad y humedad de la leña. Como los nuevos calefactores se prueban en los laboratorios con leña seca, al ser usados en las casas con leña normal (húmeda) los niveles de contaminación aumentarían”, aseguraron.

Cristián de Amesti, gerente de calefactores Amesti, coincide en que es necesario regular la combustión de leña, pero que la nueva norma es muy difícil de aplicar. “Es un engendro entre la norma americana y la europea, lo que la hace excesivamente cara y lenta al momento de realizar los ensayos y certificaciones. Muchos equipos quedarán fuera y a otros, que podrían cumplirla, no les será rentable”, puntualizó.

En el ministerio, en tanto, subrayan que desde 1999 se han implementado varios programas de asesoría y transferencia de tecnología, para que los fabricantes optimicen su eficiencia.

La SEC, además, informó que no tiene facultades para regular las tarifas de los laboratorios. Por el momento, desde el miércoles y de no variar lo dispuesto, los fabricantes deberán retirar sus productos no certificados de las vitrinas o exponerse a multas de hasta la 10 mil unidades tributarias anuales (UTA).