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COLUMNA
 
04
Jun
2012

De la defensa a la propuesta: Un llamado de atención para generar la primera Ley de Patrimonio en Chile.

Por Andrea Ortega Esquivel
Arquitecta PUC,  Magíster en Desarrollo Urbano (c) IEUT

La noción de patrimonio adquiere significado según lo que representa el legado material e inmaterial del pasado para cada sociedad, de acuerdo a sus acervos históricos, culturales e institucionales, y en consonancia a su propio proceso de construcción y reafirmación de su identidad. Actualmente, en el contexto de esta sociedad errante, la expresión “patrimonio” ha llegado a ser un término clave en la tribu mediática, desde donde se ha generado una constante reconceptualización por parte de los mismos protagonistas de los escenarios en cuestión.

Para especificar este fenómeno en Chile, cabe destacar el aumento de Zonas Típicas (ZT) declaradas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y el origen de sus declaratorias. De las 32 ZT declaradas entre 2001 y 2010, la mayoría se concentra en la subcategoría “área urbana”. Además, otro dato sólo de Santiago: desde 1990 se han declarado 16 ZT, donde sólo 6 fueron a petición del Estado y las 10 restantes por la organización de los propios vecinos. Con esto se comprende que en los últimos años se ha generado un fuerte aumento de declaración patrimonial de zonas urbanas, siendo éstas en su mayoría definidas a partir de la solicitud de agrupaciones de la sociedad civil. Aquí cabe destacar que muchos de estos casos que lograron su declaratoria como ZT no se conformaron originalmente con este objetivo, sino a partir de problemas puntuales que afectaban su entorno físico y calidad de vida.

Un ejemplo es el origen de “Vecinos por la defensa del Barrio Yungay” que nace en 2005 cuando el municipio de Santiago cambia el sistema de recolección de basura generando una crisis sanitaria en el barrio y cuando luego se intenta modificar el Plan Regulador Comunal (PRC) a través de un seccional en el Parque Portales que iba a permitir la construcción de edificios en altura en la mitad del barrio. Frente a estos conflictos la comunidad se organiza y pudo revertir ambas medidas. Luego de estos logros, surgió la necesidad de generar un modelo de barrio a partir de la comunidad. Así nacen los “Cabildos Abiertos por el Barrio que soñamos”, espacios de participación ciudadana reconocido incluso por el Estado. Paralelamente, en 2009 el CMN aprobó la declaratoria de ZT para el Barrio Yungay, lo que consolidó un proceso de patrimonialización que empezó en 1989 al declararse como ZT el sector de la calle Concha y Toro, el 2000 los pasajes Lucrecia Valdés, Adriana Cousiño, Hurtado Rodríguez, y en 2009 el Parque Quinta Normal cambia su categoría de Santuario de la Naturaleza a ZT. Finalmente, estas 4 ZT constituyen hoy más de 180 ha. protegidas, siendo el barrio patrimonial urbano más grande de Chile.

Es interesante analizar además a “Ciudad Viva”, organización que surge el 2000 luego de la creación de vínculos entre distintas agrupaciones y actores sociales que se oponían al megaproyecto de la autopista Costanera Norte, el cual en su diseño original destruiría toda la rivera norte del río Mapocho, incluyendo su patrimonio tangible e intangible. Luego, a partir de la resolución del caso, surgieron las ganas de transcender la experiencia, y desde entonces “Ciudad Viva”, con toda la experiencia ganada a partir de la amenaza de destrucción de su entorno, ha sido capaz de generar aportes en la comprensión del rol de la participación ciudadana dentro de la ciudad con la construcción de la “Agenda Ciudadana para ciudades más justas, sustentables e inclusivas”, elaborado el 2011. Esta propuesta posee un lineamiento sobre “Patrimonio, Identidad y Cultura” donde manifiestan que: “Entendemos por patrimonio la herencia cultural, la historia, memoria y la conformación del tejido social en las comunidades; “lo acumulado” que se expresa en forma material e inmaterial, y no sólo lo monumentalista, como lo define la legislatura vigente. Es el resultado de procesos colectivos de construcción social de todo aquello que sentimos como propio”. Además de este nuevo concepto -mucho más amplio que el que dicta la Ley Nº 17.288– proponen que el patrimonio cultural involucra formas de habitar y usar el espacio público, y en ese sentido, debe ser considerado al momento de planificar una intervención del territorio.

Esta inquietud por influir en la reconceptualización de la institucionalidad trasciende a la formación de la “Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales”. En el “Primer Consejo Ciudadano del Patrimonio” realizado el 21 de Marzo de 2012, las 15 primeras organizaciones adherentes resuelven impulsar un “Plebiscito por una Ley de Patrimonio Cultural para Chile”. Este plebiscito fue de carácter presencial y virtual, y se desarrolló en el Día del Patrimonio 2012 en plazas, ferias, parques y lugares patrimoniales donde distintas organizaciones ciudadanas tuvieron la convicción de salir con sus urnas a impulsar una “Ley de Patrimonio Cultural para Chile”.

Todos estos esfuerzos ciudadanos por cambiar de forma radical la actual institucionalidad es muy comprensible ya que la Ley Nº 17.288 de 1970 legisla sólo sobre Monumentos Nacionales y no sobre la noción global del término. Ésta comienza diciendo que quedan bajo la tuición y protección del Estado “los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico”, dejando de lado por completo el ámbito del patrimonio intangible.

De esta forma, esta nueva visión generada desde la sociedad civil es tan potente que ha llegado incluso al discurso de Emilio De La Cerda, actual Secretario Ejecutivo del CMN, quien dice que “un desafío importante es cambiar o evolucionar en términos de la comprensión conceptual de lo que se tiene como protección del patrimonio, (…) necesitamos incorporar figuras nuevas a la protección que reconozcan la relevancia que ha empezado a cobrar en el tiempo el factor territorial y urbano”. Es decir, gracias a la instalación de la discusión patrimonial por parte de la sociedad civil las autoridades del Estado han pasado de una visión “monumentalista” a una más integral que busca proteger efectivamente a los barrios y su patrimonio inmaterial, “en un contexto en el que los valores simbólicos se ven disminuidos”, según las propias palabras del Secretario Ejecutivo.

Entonces, a partir de los acuerdos de visión por parte del Estado y sociedad civil estamos en una oportunidad histórica que da pie a generar de mutuo acuerdo la primera “Ley de Patrimonio en Chile”. Pero, ¿cómo debiese ser esta nueva ley? En mi opinión, debiese necesariamente incorporar la definición de acciones concretas para la implementación de una agenda ciudadana orientada a lograr un manejo sustentable del patrimonio, que instale un compromiso activo de los distintos actores ciudadanos, que generen una valorización efectiva de los recursos patrimoniales, tanto tangibles como intangibles, y no sólo en zonas urbanas, sino también en las zonas rurales que involucran una comprensión a mayor escala del paisaje territorial y modos de vida. Además, es necesario que dentro de la actual “Política para la Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad” se proponga un ítem vinculado a este tema, respondiendo al eje propuesto sobre el “Fortalecimiento de la sociedad civil”, donde dice que: “Se promoverá una ciudadanía creadora y empeñosa que sea capaz de unirse para lograr sus objetivos”. Y como sabemos, sin que el Estado lo haya promovido, en el ámbito del patrimonio ya existe una ciudadanía “creadora y empeñosa”, por lo que es necesario aprovecharla y potenciarla aun más.

En cuanto al patrimonio urbano, debiera estar directamente vinculada a los instrumentos de planificación y gestión, ya que los mayores conflictos dados entre sociedad civil y patrimonio se han generado por la destrucción o amenazas de renovación impuestas en la escala local sin acuerdo mutuo con los habitantes. En este sentido, los Planes Regulador Comunales, que protegen lo físico a través de la definición de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, definen puntos y áreas “intocables” –entrecomillas, por que en la práctica vemos que no es así- pero no comprenden en su definición áreas de amortiguamiento que aseguren un desarrollo armónico del entorno, ni mucho menos definen espacios de participación ciudadana para actualizar los acuerdos sobre qué y cómo se debería proteger el patrimonio local. Eneste sentido, las jornadas de participación ciudadana que se dan en las actualizaciones de los PLADECO podrían ser plataformas importantes para generar lineamientos de acuerdo a los intereses ciudadanos. Aunque vemos que por su cualidad no vinculante, estas instancias quedan hoy en nada a pesar de las ganas que pueda tener la ciudadanía de generar propuestas integradas.

En fin, sólo el tiempo –llámese, voluntades políticas- dirá si todos estos esfuerzos ciudadanos serán tomados en cuenta en las perspectivas de desarrollo de nuestro país, ya que por ahora no existe “ley” que haga posible todas estas intenciones.

7:35 PM Jun 4th

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