¿Cuán cohesionada es la sociedad chilena de hoy?

Si se considera la definición de cohesión social, como una “medida de la intensidad de la interacción social dentro del grupo, manifestada en el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común” , claramente la Región Metropolitana de Santiago, no puede ser reconocida como una sociedad cohesionada. Esto debido a que el estadio de desarrollo de las organizaciones ciudadanas en el país -entre muchas otras razones- se encuentra en un piso inicial que recién pasa de la crítica a la propuesta1 , motivo por el cual resulta difícil que los distintos actores de la sociedad puedan en primer lugar “expresarse y ser escuchados” y menos todavía “defender y negociar una posición” que permita lograr el consenso de las partes. Hoy día, la mayoría de las personas y grupos de la sociedad no participan en los espacios de discusión ni de planificación de sus propios territorios. Están supeditados a las decisiones que tomen los actores empresariales y estatales. Por lo tanto, de ninguna forma se sienten pertenecientes a un proyecto común.

Por otra parte, si tomamos la definición de la Unión Europea que indica que la cohesión social es “la capacidad de una sociedad para garantizar el bienestar de todos sus miembros, minimizar las disparidades y evitar la marginación”, es posible decir esperanzadamente que nos encontramos en el camino para la construcción de una sociedad cohesionada socialmente, y que queda mucho aún por recorrer. En Chile, existe la voluntad del Estado para establecer una base integrada de garantías que busca aumentar el estado de bienestar de la población, como por ejemplo, la creación del AUGE en el ámbito de la salud pública (4) o el Sistema de Protección Social implementado en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. No obstante, la responsabilidad de las garantías sigue estando en manos del Estado y no así, de parte de otros actores influyentes que podrían minimizar las disparidades existentes en la población.

Ya sea, el “grado de consenso” o la “capacidad para garantizar bienestar”, la cohesión social está ligada a una situación de desequilibrios entre grupos de la sociedad. En ambos casos, se requieren estrategias de potenciación de los sub representados para sentarlos en igualdad de condiciones a las mesas de negociación.

Para obtener una mayor Cohesión Territorial se necesita identificar las brechas de cada uno de los actores y de cada uno de los sectores que conforman un territorio, y potenciar sus atributos de manera cruzada, eliminando las prácticas paternalistas unidireccionales. Esto significa, que para el logro del éxito económico a nivel nacional, es fundamental la cooperación y el protagonismo de los distintos gobiernos subnacionales2 y de los distintos actores sociales y empresariales.

Si bien, en Chile existe la voluntad de mejorar las condiciones de los territorios rezagados a través de reformas constitucionales que avanzan en descentralización y transferencia de competencias, las distancias entre la Región Metropolitana de Santiago y el resto de las regiones del país, sigue siendo sideral. Y esta distancia, no necesariamente se debe a la inversión pública destinada (la RMS posee la menor inversión pública per cápita a nivel nacional), sino más bien, por la atracción que ejerce la Metrópolis de Santiago para el desarrollo de actividades productivas y empresariales, tanto a nivel nacional como internacional.

Por su parte, las políticas europeas de cohesión radican en la generación de políticas y planes que promueven el empleo y el crecimiento económico. De la prosperidad de toda la Unión Europea, es posible destinar buena parte de los recursos para invertir en cohesión. Sin embargo, esta política de intervención tiene el riesgo de acentuar las diferencias, ya que la solidaridad se realiza sólo cuando tengo el excedente suficiente para dar a los otros. En otras palabras, existe la posibilidad de transformarse en una “política del chorreo” aplicada a escala territorial.

Para el caso chileno, resulta fundamental una revisión de los planes de inversión regional y sectorial, con una mayor focalización en aquellos territorios que sin ser los más vulnerables a nivel global, requieran de incentivos para romper las tendencias de deterioro en que están insertos. Dichos incentivos, deberían estar asociados a las respectivas vocaciones de desarrollo, con el objeto de que la inversión funcione a modo de “acupuntura”, es decir, con poca inversión, pero bien pensada y en el lugar adecuado, se detonen procesos de mejoramiento sostenido. Por ejemplo, en algunos lugares invertir en las personas, y en otros, en la protección del medio ambiente o en la inversión tecnológica, según el tipo de necesidades existentes. Otro aspecto rescatable del caso europeo, es la incorporación de la figura de los “acuerdos territoriales”, como una manera de sellar los compromisos entre la ciudadanía, el Estado y el mundo empresarial. Estos acuerdos no sólo establecerán obligaciones unidireccionales, sino definirán una serie de derechos y deberes que cada una de las partes deben cumplir. Finalmente, en el caso europeo se ha dado el realce suficiente al tema ambiental, donde paulatinamente se están descubriendo mayores ventajas económicas asociadas a la realización de intervenciones que disminuyen el impacto del hombre sobre el medio ambiente. Este último punto, resulta muy importante para Chile, ya que todavía no somos capaces de reconocer que la inversión en medio ambiente, puede ser también una forma de invertir en el desarrollo económico de los territorios.

1.  Un ejemplo de ello es la situación de los vecinos del Barrio Yungay, quienes obtuvieron la declaratoria de Zona Típica, con el fin de proteger el patrimonio urbano de su barrio. Ver más en http://www.elsitiodeyungay.cl/ [↩]
2.  Crecimiento de las regiones, desarrollo de Europa. Cuarto informe sobre la cohesión económica y social. Comunidades Europeas, 2007.  [↩]