Mafias de acopio de basura mantienen 76 vertederos ilegales en la Región Metropolitana

Los alcaldes aseguran que el negocio es rentable para estas bandas: pagan multas y hasta pagan por el silencio de los vecinos.

JAIME PINOCHET Y RENÉ OLIVARES
(El Mercurio – 06/06/2011)

Actúan como bandas organizadas: existen líderes y soldados que protegen el negocio.

Esta descripción aparenta la de una asociación de narcotraficantes, pero no lo es. Se trata de grupos que lucran con la recolección de basuras y escombros que tienen a las comunas periféricas de la Región Metropolitana con 76 vertederos ilegales.

Lo establece un informe de la Seremi Metropolitana de Salud, que indica que el grueso de estos basurales se ubica en la zona norponiente de la capital.

Vestimentas, desperdicios de alimentos, escombros y electrodomésticos completan los cerros de residuos que se acopian mayoritariamente en sitios eriazos y parcelas de zonas rurales.

“El Mercurio” realizó un recorrido y comprobó esta información, advirtiendo tres puntos con graves problemas. Uno de ellos corresponde al río Maipo, en la comuna de Buin, donde la ribera sur presenta múltiples vertederos clandestinos. Incluso el municipio aparece como uno de los acusados de utilizar el sector como botadero ilegal (ver recuadro).

La otra zona de alta complejidad es Lampa, donde la autoridad sanitaria catastró 12 vertederos. Es una de las comunas con más desechos. La ruta de Lo Echevers y fundos en el sector de Santa Inés y la G-16 registran los acopios más grandes, cuyos espacios se caracterizan por el mal olor e inmensos acopios de basura.

“Nuestro sector se ha convertido en un desfile de camiones de carga, los cuales no pueden ser detenidos por Carabineros. No tenemos las herramientas para desarticular a estos grupos”, comenta la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar.

La edil agrega que este sistema se ha convertido en un negocio rentable que permite incluso solventar las reiteradas multas que se cursan por semana. “La clausura es casi simbólica. Por ello, decidimos realizar zanjas y canales para evitar el tránsito de camiones”, dice Ortúzar.

Aviones en riesgo

El tercer punto crítico es Pudahuel: según el informe de Salud, presenta ocho puntos afectados. El peor de todos corresponde a la Parcela 7, ubicada en el sector de Lo Boza, en el patio trasero del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Allí, la familia Astudillo se ha apoderado del lugar para vivir y recibir desperdicios y escombros del Gran Santiago. Cobra entre $10 mil y $20 mil por cada descarga. No tiene temor de la policía, pues han estado presos en más 10 oportunidades, tras los sumarios sanitarios.

“No tenemos cómo sacarlos. Se ha aplicado todas las herramientas legales, pero no podemos”, advierte el acalde de Pudahuel, Johnny Carrasco.

A renglón seguido, asegura que la última idea que se le ocurrió para limpiar a estas mafias apunta a conseguir una expropiación del terreno. Pero no será fácil: estima que una vez logrado ese objetivo, la tierra demorará unos cinco años en limpiarse para levantar viviendas, con un costo de $10 mil millones.

El problema se vuelve aún más crítico por las quemas de los desperdicios, que han causado graves problemas a la Dirección de Aeronáutica Civil, ya que el humo negro y la aparición de aves ponen en riesgo el aterrizaje de los vuelos comerciales.

Si bien no hay claridad sobre las toneladas de basura esparcida en espacios clandestinos, la Seremi Metropolitana de Salud indica que la cantidad debe haber aumentado tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Esto, porque de los siete millones de toneladas de escombros que dejó el megasismo, un gran porcentaje no llegó a los sitios de acopios dispuestos por la autoridad sanitaria y la Intendencia Metropolitana.

“Fiscalizar los terrenos de las comunas periféricas es muy complejo, porque los grupos clandestinos actúan de noche y pagan por el silencio de los vecinos. Esto implica que se les convierte en un negocio muy rentable”, señala el alcalde de Colina, Mario Olavarría, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

EXPROPIAR

Así pretende el municipio de Pudahuel recuperar los terrenos que hoy se utilizan como basurales.

Proyecto califica acción como asociación ilícita

El tema de los vertederos ilegales es un tema que se ha intentado legislar desde hace más de 10 años en el Congreso. Múltiples proyectos de ley se han presentado para erradicar los cerros de basura, pero todo ha quedado archivado.

El último documento legal lo presentó hace dos semanas la UDI, el cual estable sanciones penales para las personas que ejercen esta actividad clandestina y, además, la tipifica como un delito de asociación ilícita

“La actual legislación no ha eliminado la creación de vertederos ilegales y las malas prácticas de que la gente lance basura en los caminos rurales”, señala el diputado Patricio Melero, presidente de la Cámara.

Según el proyecto de ley, la normativa sanitaria y penal presenta ciertos vacíos en la entrega de herramientas para fiscalizar el tráfico ilícito de basura y la operación de vertederos en forma reiterada.

“Esperamos que nuestra propuesta sea bien recibida por los parlamentarios, porque esta situación pone en riesgo sanitario a los ciudadanos”, afirma Melero.

En la ribera del Maipo opera la ley del “viejo oeste”

En unos dos kilómetros de la ribera del río Maipo hay centenares de montículos de escombros y desechos, que son dejados por camiones que se confunden con otros que van a cargar arena para construcción.

Hasta vehículos municipales de Buin fueron denunciados de aportar con descargas. Ellos se defienden: “La gran cantidad de escombros generados por el terremoto obligó a ocupar la ribera del río para depositarlos. ¿Qué querían, que los dejáramos en la plaza?”, dice el encargado municipal, Claudio Castro, quien dice que se trataba de “escombros limpios”.

Relata que durante las fiscalizaciones que han intentado, “han terminado hasta a combos” con los areneros, quienes controlan la zona y cobran por dejar pasar a los camiones que van a descargar (alrededor de $20 mil). “Hay que conocer el lugar, porque ahí sólo opera la ley del viejo oeste”, asegura el encargado. Aclara que, para terminar con el ilícito, hay que tomar medidas que están fuera del alcance municipal.

La gravedad de los hechos queda graficada en una serie de denuncias, ante la justicia, del Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría.

Una explotadora de áridos del sector presentó un requerimiento al MOP, “debido a la evidente necesidad de detener en el río Maipo el carácter de botadero clandestino sin control alguno, usado tanto por instituciones públicas como privados inescrupulosos”, afirma el escrito presentado por Renato Calquín, que incluye fotos de un camión de la Municipalidad de Buin que habría sido sorprendido botando desechos en el lugar.

La dirección General de Aguas del MOP desestimó la denuncia, pese a que durante su fiscalización constató “que durante unos dos kilómetros hay acumulación de material o desechos externos, consistentes en neumáticos, material de construcción, plásticos, etcétera”.

El municipio, a su vez, en enero de 2011 hizo una denuncia al Juzgado de Policía Local de Buin, donde afirma que quienes mantienen estos botaderos son “personas pertenecientes al sindicato de trabajadores independientes artesanales del río Maipo”.

Alcalde propone crear parques

Con 110 mil millones de pesos se podrían transformar los vertederos ilegales en nuevos parques para la Región Metropolitana. Es lo que señalaron ayer el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, y la presidenta de la fundación Ciudad Viva, Josefa Errázuriz, quienes emplazaron a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a que se hagan responsables de este problema.

“Estos vertederos y otros 320 microbasurales que se detectan en la región pueden aprovecharse para crear espacios de esparcimiento que la gente disfrute y cuide”, dijo el edil, quien hizo hincapié en que estos sitios están en el poniente de la capital, sector donde las áreas verdes son escasas.