Plataforma Urbana

imagen vía La Tercera, intervención digital @texidozlatar

En la prensa de ayer martes 11 enero se anunció la instalación de la primera piedra del proyecto que hace navegable al santiaguino río Mapocho. Desde hace casi diez años y por diversas razones, la zona a ser intervenida fue navegando río abajo para posarse finalmente en un área de alto déficit de áreas verdes y espacios públicos. Aunque este anuncio no marca exactamente el inicio de obras, determina un impulso notable de la autoridad ministerial nacional (y precedente mandato presidencial) para iniciar los estudios técnicos que intentarán validarla, dentro de los cuales se deberá lograr cumplimiento y validación de temas que, ya desde el inicio del nuevo Gobierno, han abierto diversos debates, incluso una temprana y fuerte oposición local, que a modo de potenciales indicadores de gestión, pueden ser agrupados en los siguientes tres tópicos:

Primero, en el ámbito de la ingeniería hidráulica: lograr la demostración que permita contrarrestar alguna de las opiniones ya vertidas que han manifestado la imposibilidad de la obra, debido a la pendiente abrupta de nuestro valle metropolitano, al caudal o al tamaño del cauce. Entonces el MOP (Concesiones, DOH y ¿DOP ante la nueva navegabilidad?) ha tomado los antecedentes entregados por los creativos privados para validarlos o ajustarlos, con alta probabilidad de modificar profundamente el ya difundido anteproyecto original.

En este mismo sentido, la limpieza de las aguas que resultó del primer proceso privatizador (Frei-Lagos) de las empresas sanitarias, se torna en el pre-requisito fundamental que permite relevar la obra, estableciendo un vínculo aún desconocido entre sanitizadores y explotadores de estas nuevas aguas recreativas. Situación destacable en un contexto de plena privatización y cuestionamiento del rol público en la propiedad de empresas que han surgido desde el Estado, pero en definitiva, una decisión de impacto positivo y significativo para contrarrestar el déficit de áreas verdes de comunas aledañas y del Gran Santiago, con una dirección presidencial válida.

En segundo lugar: la opinión ciudadana aun inconsulta y donde con alta probabilidad (incluso debido a un proceso excluyente) surgirá la oposición BANANA, NIMBY o LULU que podrá resultar en la realización consecutiva de inciertos plebiscitos que hasta hoy no han logrado aumentar la calidad de las obras que los provocan, sino mas bien una detención absoluta de los cambios propios, pero siempre corregibles, de la ciudad.

Gran misión ahora la del Estado para lograr el acuerdo ciudadano que una iniciativa como ésta requiere para su implementación y operación, intentando evitar una oposición movilizada cada día más habitual y presente en nuestras calles y plazas.

Tercero: considerar que esta obra emblemática inaugura una nueva generación de espacios públicos concesionables, formato en desarrollo y que desde una mirada inicial debiera garantizar accesibilidad pública al parque, buscando vías secundarias de recuperación de la inversión privada inicial. Cobrar por el acceso a estas áreas verdes, además de contradecir la base conceptual del “espacio público”, disminuiría las externalidades positivas en el contexto social inmediato y por tanto es absolutamente necesario evitarlo. Desde aquí además otra interesante línea de discusión, considerando que este formato de inversión Estado-Empresa liberará 28 millones de dólares al Estado, invertibles en otras obras de prioridad social (¿parte de la reconstrucción inconclusa?) donde los privados, según el origen del Plan de Conceciones MOP, no estarían dispuestos a invertir.

Por tanto, ¿Cómo garantizará el Estado el acceso público a un espacio público concesionado? ¿Cómo y cuando recuperará la inversión el concesionario en un área verde?, ¿Que pasará con la futura re-concesión después de cumplido el primer contrato?

Preguntas abiertas para seguir observando el proceso iniciado y que serán claves en su largo y adecuado proceso de materialización, atentos a lo bien que se realizará el proceso de validación técnica y ciudadana, ya en manos públicas y por tanto con más posibilidades de revisión y aporte, como nunca antes.