La interpelación ¿Revisión crítica de la reconstrucción?

Tras una semana de la interpelación a la ministra Magdalena Matte, se comienza a desatar una discusión en torno al cumplimiento de metas en materia de reconstrucción. Considerando la mecánica fiscalizadora de la instancia, se esperaba que esta hubiese levantado una evaluación de la reconstrucción como un proceso largoplacista: más allá de rendir cuentas sobre la mera producción de viviendas, se debe trascender a una profundización sobre la regeneración del tejido social, económico y cultural en las localidades abatidas por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero. En una discusión poco fluida, el debate giró principalmente en torno al cuestionamiento por parte del diputado Juan Carlos Latorre frente a la asignación de los 100 mil subsidios entregados que asegura Matte por parte del Gobierno. Pocas respuestas surgieron sobre las proyecciones para desarrollar sosteniblemente las localidades y las amenazas que supone el actual curso del proceso de la reconstrucción. A pesar de no alcanzar mayor profundidad durante la sesión, la interpelación debiera generar un scanner de la gestión y un seguimiento de acción para dilucidar las transformaciones urbanas a largo plazo.

Durante la sesión de tres horas y media de la primera interpelación en el gobierno de Piñera, la ministra Matte insistentemente señaló la entrega de los 100 mil subsidios de vivienda y que faltarían 120 mil para asegurar que ninguna familia quede en condiciones de vulnerabilidad. Latorre insistió que al menos 10 mil subsidios carecían de antecedentes básicos como nombre, apellido y RUT. La acalorada discusión giró en torno a juicios por falta de eficiencia y engaño al mediatizar los logros de la reconstrucción en la entrega del subsidio número 100 mil. Junto con esto, la ministra le exigió a Latorre que se disculpara públicamente por sus acusaciones y que acuda a Contraloría si tiene algún antecedente sobre irregularidades por denunciar. Siguiendo esta línea, la discusión se centró en las respuestas de primera instancia, cuando la interpelación debió haber profundizado en la evaluación de la gestión y sus implicancias en el proceso de reconstrucción en plazos mayores. A pesar de que la sesión se inició sobre la base del retraso de la reconstrucción y su sentido de urgencia, en términos políticos se ha derivado a una rendición de cuentas de las soluciones de vivienda que en apariencia y discurso son el avance más visible del proceso. Sin embargo, debemos cuestionar hasta qué punto se trata del principal criterio a evaluar.

El concepto de multicriterios de planificación sostenible diferencia la restauración post-terremoto y la reconstrucción bajo criterios de corto y largo plazo, respectivamente. Por lo tanto, el término reconstrucción, en su condición de largoplacismo, comienza a integrar dimensiones económicas, sociales, políticas y medioambientales que no se pueden perder de vista y que deben pautear una efectiva distribución de los recursos. Las zonas abatidas por el tsunami que perdieron franjas fundamentales de su tejido urbano y que coinciden con su principal patrimonio territorial de borde costero, tienen necesidades de regeneración que no se limitan a soluciones de vivienda. Los retrasos que han habido en los procesos de reconstrucción en las distintas regiones del país, más allá de la restauración de vivienda se relacionan con las capacidades de mantener una diversidad de lineamientos de acción que aseguren una plataforma de reactivación económica y cohesión de los lazos sociales en el territorio, revalorizándolo. Las decisiones multicriterio de planificación concentran los esfuerzos en comprometer un uso de suelo competitivo a través de combinaciones que fortalezcan el potencial de la comunidad local. Esta comunidad se convierte en el mayor capital a considerar para la reconstrucción: la participación ciudadana (acceptability by the local community) garantiza una identificación social en las transformaciones de alto impacto que ocurren en el espacio. Por otra parte, involucrar a las comunidades significa empoderarlas dentro del proceso: capacitaciones y facilitaciones para que el propio afectado tome la iniciativa de reconstruir permite generar mayores empleos y reactivar la economía local.

La clave del traspaso de la restauración a la reconstrucción debe atravesar más criterios que la vivienda y evidentemente éste no debería ser el único ítem a evaluar. No se trata de levantar solamente lo que estaba construido, sino una instancia y oportunidad para replantear el modo en que se ha planificado el territorio urbano regenerando el paisaje urbano y social que posiciona a las regiones competitivamente. Más allá de remitir a la tranquilizante idea de que en una próxima etapa se alcanzarán los 120 mil subsidios restantes, se debe señalar de qué manera la estrategia de la reconstrucción asegura que las localidades se desarrollarán traduciendo un aporte al levantamiento del país, de una manera eficiente y descentralizada.