Plataforma Urbana

Esta semana escogimos la carta enviada por Eduardo Bitrán, ex ministro de Obras Públicas, a El Mercurio el día viernes 05 de noviembre.

En ella analiza posibilidades de financiamiento y concesión de dos proyectos viales en Santiago: en la Ruta 68 y en La Pirámide. Lee la carta a continuación

Señor Director:

En su editorial del martes 26 de octubre, se cuestiona la posible realización de la duodécima renegociación de la Concesión Ruta 68, con el fin de generar una nueva autopista urbana a la entrada a Santiago. Efectivamente, no se entienden las razones de efectuar esta enorme inversión mediante renegociación del contrato, cuando esta concesión está bajo el esquema de Valor Presente del Ingreso, y el Ministerio de Obras Públicas tiene disponible la opción de recomprar la concesión y relicitar una nueva en forma transparente. Una de las ventajas del esquema de Valor Presente del Ingreso, propuesto por Engel, Fischer y Galetovic, es que el contrato establece exactamente los ingresos a los que tiene derecho la concesionaria y, por tanto, se conoce el monto que el Estado tiene que compensar a aquélla en caso de recompra. Por otra parte, en la relicitación, el Estado recuperaría con creces esos recursos.

Adicionalmente, en su edición del miércoles 3 de noviembre, se informa que se ampliaría a tres pistas la bajada de la Pirámide, con una renegociación del contrato de concesión con Vespucio Norte. Esta opción es inadecuada. En efecto, si el proyecto es socialmente rentable y no se cobran peajes, éste se puede realizar como obra pública, ya que es más transparente y el costo de la deuda es más bajo que el financiamiento que puede otorgar la concesionaria. El uso de renegociaciones de concesiones para hacer nuevos proyectos que se pagan a largo plazo permite excluir inversión pública del presupuesto de la nación. Esto genera incentivos perversos que sesgan la realización de proyectos a través de la renegociación de contratos. Ello debido a que este mecanismo permite transferir deuda a futuros gobiernos, sin aprobación del Congreso. El costo para el país es que la deuda contraída por el Estado a través de la concesionaria es más cara y el costo de la obra se hace sin licitación pública. La renegociación de contratos debe reservarse para casos excepcionales, cuando las obras adicionales son imprescindibles y no existe otro mecanismo para llevarlas a cabo. El Parlamento podría aprovechar la Ley de Presupuesto para corregir esta distorsión en la contabilización de la inversión pública que realiza el MOP.

Eduardo Bitran
Ex Ministro de Obras Públicas