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Centro Cultural Estación Mapocho

A vista y paciencia de la gente se han demolido edificaciones correspondientes a patrimonios nacionales. De esto saben muy bien las ciudades de Talca, Curicó y Linares. La reconstrucción luego del terremoto del 27 del presente año ha hecho que las empresas constructoras vuelvan a edificar, y para muchos con esto se pasa a llevar el origen histórico allí existente.

Son 105 los monumentos nacionales y alrededor de 500 mil los vecinos estimados que habitan en sus alrededores. La actual ley ha dejado los suficientes resquicios como para que tratos de última hora se lleven a cabo y se prosiga a la demolición de estos baluartes de la historia nacional. Y el principal problema es que a los ciudadanos nunca se les ha preguntado su parecer.

Con esto en mente, el diputado Felipe Harboe, junto a la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, presentaron una modificación a la Ley de Monumentos Nacionales, la cual espera ser enviada al Congreso en el plazo de una semana.

Según lo explicado por el diputado por la comuna de Santiago -preside la Comisión Especial de Protección de Patrimonio Histórico y Cultural- el primer cambio sustancial que se introduce es que se va a poner término a la disputa de interpretación legal que aqueja a los ciudadanos cada vez que se produce la demolición de un inmueble. Las direcciones de obra no consultan la opinión de los consejos de Monumentos Nacionales. Por eso es que este proyecto de ley contempla un artículo que señala que la demolición total o parcial de un inmueble que se encuentre ubicado en una zona típica o pintoresca deberá contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

“De igual forma se establece que el Consejo de Monumentos Nacionales de oficio o a petición de cualquier ciudadano podrá ordenar la paralización de una demolición que se encuentre en curso cuando no cuente con las autorizaciones exigidas”, concluyó el diputado.

Museo Histórico Nacional de Santiago

Restauración v/s Reconstrucción

Después de una catástrofe como la del pasado 27 de febrero, pareciera mucho más lógico y común hablar de reconstrucción. Pero en lo que respecta a los monumentos nacionales, debemos emplear el término de restauración. No es lo mismo. Una persona que se dedica a restaurar, no se preocuparía sólo de conservar las fachadas, como ocurre en la comuna de Santiago, sino que se preocuparía de mantener el bagaje y legado histórico de dicho inmueble u obra, manteniendo su esencia lo más intacta posible.

“Nosotros hemos estado ya permanentemente reclamando ante la autoridad municipal como ante el ministerio de Vivienda para que se establezca un subsidio de restauración”, manifestó Harboe.

¿Y la participación ciudadana?

Cuando se habla de incorporar la participación ciudadana, el término puede usarse de forma muy volátil, sin ser realmente implementado. Según el diputado Harboe, en generar la participación ciudadana se ve más bien como la forma de lavarse las manos de la autoridad y limpiar el proceso, y se convocan a reuniones y a la gente se les escucha pero no tienen ningún tipo de decisiones, sin ser realmente vinculante.

Pero en esta nueva ley se plantean dos elementos de participación muy concretos. La primera es que se incorpora al consejo de monumentos como consejero a un representante de la asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, la que es una organización ciudadana, y que por lo tanto va a tener el mismo derecho a voto que cualquier otro representante. Y en segundo lugar, además se está pidiendo que en cada proceso de calificación de zona típica, o cuando se vaya a calificar un inmueble de carácter patrimonial, en el proceso, sea obligatorio la consulta a los vecinos del sector.

Con esta nueva ley se espera entonces que las demoliciones de monumentos nacionales no sea algo ajeno a la gente, ni sean decisiones que puedan ser tomadas por ejecutivos entre cuatro paredes. La idea es incorporar el concepto de “restauración” en el vocabulario colectivo de los chilenos, teniendo herramientas legales para la protección de lo que es, en definitiva, una parte de la historia de Chile. ¿Acaso no se trata en parte de eso el Bicentenario?