Protección y mitigación: Los nuevos espacios públicos del 27F.
Por: Alberto Texido / Colaborador: Pablo Páez
El terremoto de Valparaíso, con el edificio del Mercado Cardonal en ruinas, 1906. El terremoto de Concepción, colapso del edificio Alto Río, 2010. Detalle del plano de Arriagada proyectado para la reconstrucción de El Almendral, no realizado, 1906.
“Pero ahora, los partidarios de las vías anchas han aumentado enormemente, son todos los que sintieron sobre sus cabezas los edificios bamboleantes… Esta misma argumentación de hecho servirá para que no siga la estúpida oposición que se suele hacer a los espacios abiertos, parques, jardines, plazas, considerados por algunos como un lujo y que son una necesidad en toda ciudad civilizada y un elemento indispensable en una tierra donde hai la espectativa (sic) de los terremotos y de que sea preciso acampar al aire libre.”
El Mercurio de Valparaíso, Martes 11 de Septiembre de 1906
Hace más de un siglo, luego del Terremoto e Incendio de Valparaíso, la opinión pública solicitaba a la autoridad tomar nuevas medidas para la planificación y correcto diseño de la ciudad, luego de la experiencia destructiva que provocó muerte, miedo, emigración y complejos debates en torno a la reconstrucción. Con estos antecedentes, no sólo podemos constatar que nuestros reiterados desastres han hecho iniciar procesos de modernización, materializados en criterios, leyes y obras, sino también que es la oportunidad en que reconocemos errores sistémicos y omisiones colectivas, suponiéndonos capaces de minimizar los daños de la siguiente adversidad que nuestra sorpresiva e inevitable naturaleza provoque.
La catástrofe entonces no solo ha sido capaz de modificar nuestra agenda, requiriendo nuevas definiciones en torno a la reparación, conservación y emplazamiento de centros poblados, sino también (debe de) complejizar los debates que ya se venían dando. Antes del 27F, nuestro país suponía haber dejado atrás el subdesarrollo, superaba la crisis económica mundial, ingresaba a la OCDE y en el ámbito urbano, se debatía progresivamente en torno a la calidad de vida en la ciudad y los espacios públicos. Desde la academia y la prensa se lanzaban cuestionamientos y propuestas de cuales serían la normas adecuadas y obras dirigidas a aumentar equitativa y homogéneamente su calidad y cantidad.
Es esta experiencia de catástrofe la que genera una nueva mirada hacia el espacio público, desde donde es posible readaptar sus condicionantes sobre el nuevo contexto físico e ideológico de Chile, que luego del terremoto y tsunami (con gente habitando temporalmente en calles y plazas, o con edificaciones borradas en áreas de riesgo, no revisadas adecuadamente por la autoridad) se hace más propia y reconocedora de nuestra particular realidad existencial, la de la catástrofe esporádica permanente. ¿Cuáles pueden ser entonces las nuevas condicionantes para los espacios públicos luego del 27F?
Durante 2009 fue habitual la comparación entre las áreas verdes de la comuna de Vitacura y cualquier otra localidad del país, demostrándose las enormes diferencias existentes, casi siempre con una cifra de superficie por habitante menor que los estándares internacionales sugeridos por la ONU. A su vez, las propuestas de parques inundables (La Aguada en el Zanjón de la Aguada o La Hondanada en Cerro Navia) planteaban una mirada flexible sobre el espacio público potencial (ante las variaciones ocasionales de máximo caudal) donde intervenciones tradicionalmente ingenieriles bajo tierra, al integrar nuevas variables sociales y sin aumento significativo de costos, maximizan externalidades positivas en contextos altamente sensibles.
En consecuencia, más allá del indispensable m2/habitante y de lugares para el encuentro y la recreación, surge la pertinencia de contar con espacios liberados y cercanos que permitan garantizar la protección de la población (1) durante y luego del sismo; y otros sectores definidos por los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) que sean capaces de mitigar (2) el impacto de los aumentos de marea y caudales a lo largo de las riberas pobladas. Paralelamente al diseño urbano requerido, un sistema operativo de alerta y evacuación, que ha demostrado absoluta necesidad de ser priorizado y corregido.
Los espacios públicos de protección: En edificios de mas de 4 pisos, si la OGUC obliga la existencia de escaleras de evacuación que se encuentren “a menos de 40 metros de la última puerta” de un recinto habitable, definir la máxima distancia desde una vivienda a un espacio público puede ser igualmente normado. Estos lugares, en zonas no riesgosas, libres de cableado aéreo, alejado de estructuras pesadas y potencialmente con iluminación pública energéticamente autónoma, bajo administración del gobierno local o provincial, maximizaría el uso habitual, otorgando un nuevo rol de su mobiliario urbano, incitando a pensarlos (y cuidarlos) para el uso actualizado.
Los espacios públicos de mitigación: Históricamente y luego de otras calamidades, la normativa y los IPT han evolucionado en definir a las quebradas como riesgo evidente de derrumbe y por tanto restringir el emplazamiento de viviendas en sus cercanías. En el caso de las costas, bajo la irregularidad o la confusa superposición administrativa, se ha actuado con menos rigurosidad. Los poblados del litoral y caletas de la región del Maule demuestran la corrección necesaria de emplazamientos que suponíamos riesgosos pero a la vez, permitíamos sin una fiscalización decidida. En este contexto, es clara la recolección de experiencias en terreno, donde quedó establecida la relación entre las obras de contención (muros verteolas) y las áreas que resultaron menos dañadas, reconociendo que la ausencia de ellas en la ribera de Constitución fue un factor determinante en el grado de desastre telúrico amplificado por los desplazamientos de agua. Más aún cuando dos instancias de la urbanística no fueron consideradas a tiempo ni en su real dimensión: primero, que desde al menos 2002, el proyecto inconcluso de Plan Regulador Comunal dibujaba la línea de inundación por Sunami SHOA, muy coincidente con la ola real del 27F; y segundo, que el proyecto de mejoramiento de la Costanera del Mar, con obras viales y de abrigo para la ciudad, recién este año iniciaba su etapa de prefactibilidad ante Mideplan.
Hoy nadie duda de la necesidad de implementar medidas para disminuir la posibilidad de destrucción de los bordes costeros y riberas, lo que a través de la creación de espacios públicos compatibilizados con las actividades productivas propias del litoral (infraestructuras para la pesca, el transporte, la conectividad, el turismo y algunos equipamientos regulados) es una alternativa válida, especialmente al momento de priorizar las obras de protección que les dan durabilidad y soporte.
Desde la experiencia, debemos de estar frente a una corrección sistémica, pero también ante una oportunidad para el estado de potenciar su rol coordinador y regulador, de dejar de ser reactivos y reposicionar a la planificación como nuestra mas eficiente herramienta contra la catástrofe. Que este sea el mega-progreso que el mega-sismo cause en este Bicentenario: un impulso de adelantos que permitan la celebración necesaria y sin torpeza de la nación desarrollada que pretendemos ser.
