Plataforma Urbana

Creo, ingenuamente, que en esta cacería de brujas que se ha establecido en busca de los arquitectos, calculistas y constructores involucrados en edificios caídos en Maipú, Concepción etc. se marcó un precedente en la “competitividad” con respecto a este tema. Ahora bien, si pensamos que ya se cortó la “grasa” con este cataclismo, creo en que saldrán a relucir buenos proyectos con buenos prefesionales.

Ojala sea así.

Al parecer de al menos Celulosa Arauco los urbanistas no existen, al menos para darles la responsabilidad de la dirección para la reconstrucción de ciudades y territorio, ya que esta empresa, ligada a la familia Angelini, acaba de contratar dándole el cago de Director Ejecutivo del “Plan Maestro para la reconstrucción de la ciudad de Constitución” al saliente ministro de Energía del Gobierno pasado sr. Marcelo Tokman. Sabemos que no es arquitecto ni urbanista, no se sabe tampoco que tenga un diplomado en estas especialidades. Lo más increíble es que esto sea patrocinado también por el Ministerio de la Vivienda y la Municipalidad de dicha ciudad. No se nos ha informado que coordinación tiene esto con el Plan de Reconstrucción liderado por Pablo Allard como Asesor de Reconstrucción Urbana con oficina al interior del mismo Ministerio de Vivienda. Nada se ha dicho sobre a qué Política Nacional de Desarrollo Territorial y Urbano de enmarcará, que de hecho no existe y debiera preocuparse al Gobierno de tenerla, y qué Plano de Desarrollo Regional deberá respetar., que sabemos tampoco existe.
La planificación del territorio y de las ciudades es una obligación del Estado, un imperativo que le otorga la Constitución Política de la Republica, no parece apropiado que esto se haga por iniciativas privadas o municipios en forma parcelada y sin visión global del territorio, y tampoco necesariamente coordinadas.
Estimo inconveniente a un país futuro con desarrollo sustentable y sostenible que arquitectos de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, AOA acepten construir 40 caletas por encargo de una Minera sin antes contar con una Política Nacional de Desarrollo Territorial y de Asentamientos Humanos..
Copio tres puntos de un documento enviado por el suscrito al Colegio de Arquitectos de Chile A.G. para ser considerados por la Directorio Nacional en un documento o propuesta para la reconstrucción nacional que será presentado a las autoridades de Gobierno.

1.- Para no lamentar la pérdida futura de vidas humanas y de bienes inmuebles donde se puede evitar es un imperativo del Estado tener una Política de Planificación de Desarrollo Territorial y de Asentamientos Humanos hoy carente el país de ella. Los Órganos del Estado relevantes en la administración regional y las leyes orgánicas constitucionales que los rigen deben ser revisadas y perfeccionadas con urgencia. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben poner urgencia a esta política y a la revisión de las leyes orgánicas propias de municipios y gobiernos regionales con consulta ciudadana. Una Política es consensuada con la ciudadanía y establece el marco institucional administrativo, la legislación debida y necesaria y los instrumentos necesarios, entre ellos los de planificación territorial y urbana, los planos reguladores.

(Denunciamos, por ejemplo, deben ser modificadas los artículos 15 º y 21º, Título I, Párrafo 4º, de D.F.L. Nº 1/2006 “Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades” en lo referente a importancia administrativa de Asesoría Urbana y dependencia jerárquica de Asesores Urbanos; etc.)

4.- Para mayor equidad y justicia social, para mejores asentamientos humanos, es un imperativo del Estado revisar, perfeccionar y actualizar la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, DFL Nº 458 de 1976 y D. Nº 47 de 1992 respectivamente. El poder Ejecutivo y Legislativo debe restituir, existían y fueron derogados, derechos y obligaciones ineludibles del Estado con respecto a la planificación territorial y urbana y a sus responsabilidades y acción fiscalizadora sobre los permisos de edificación y urbanizaciones en el más breve plazo posible.

(Denunciamos también que respecto a la planificación urbana debe modificarse urgentemente actual artículo 59 de D.F.L. Nº 458/1976 “Ley General de Urbanismo y Construcciones”, respecto a plazos de vigencia de expropiaciones indicadas en planes reguladores para vialidad y espacios públicos que afectan a propietarios privados. Debe prevalecer el largo plazo y el bien común, no el corto plazo y el bien privado).

6.- Para una política nacional de reconstrucción concensuada se forme de inmediato por el Ejecutivo un comité encargado de formular el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en un corto plazo, en un máximo de meses (no semestre), y se anuncien sus directrices principales, precisando etapas, costos y modalidades de financiamiento. La tarea encomendada a una comisión dirigida por pocos miembros con amplios poderes sobre ministerios y agencias gubernamentales, asesorada por al menos un centenar de expertos y representantes de empresas y las comunidades afectadas (todos los municipios). Según experiencia comparada internacional, este esquema organizacional altamente jerarquizado será clave para cumplir con los plazos comprometidos. Se disponga de un presupuesto fiscal para esto. El nombramiento de un Asesor de Reconstrucción Urbana en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo estimamos insatisfactorio.

(Se levanten viviendas de emergencia de carácter provisorio de acuerdo a instructivos del Ministerio de la Vivienda, comprometiéndose el Estado, el Gobierno de turno, a restablecer el orden legal de la propiedad privada y fiscal en un plazo que se definirá por los trabajos y estudios que se han coordinado y encargado, con plazo de término

7.- Para una acción asertiva, eficiente y definitiva de las acciones dictadas por el sentido de emergencia, de la contingencia, se dicte un Decreto Supremo que permita aprobar en forma excepcional todos los planos reguladores comunales realizados por encargo de municipios o gobiernos regionales de las zonas o regiones afectadas que están en trámite de aprobación y que contemplan zonas de riesgo, entre ellas de mareas altas y maremotos, y se subsidie por el Estado la contratación de arquitectos Directores de Obras, arquitectos urbanistas Asesores Urbanos, arquitectos y geógrafos por parte de todos los municipios de las regiones afectadas para una rápida revisión de concordancia con planchetas del SHOA, implementación y puesta en marcha de los planos reguladores y sus ordenanzas de urbanismo y construcción que por decreto se aprobaran, de los cuales muchos corresponden a los asentamientos humanos afectados : ciudades, pueblos y villorrios, y así también se otorgue presupuesto por el Estado para que se proceda a la realización de dichos instrumentos de planificación a los municipios que no los tenga, y, junto a esto, se dicte un Decreto Supremo que permita aprobarlos en forma excepcional al cumplimiento de las exigencias contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General, definiendo el contenido y estudios multidisciplinarios mínimos e insustituibles que deben cumplir para ser aprobados.

(Hay temas que ya no se pueden eludir, como la evaluación del programa de formulación de instrumentos de planificación llevado adelante por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Si se consideran aquellos iniciados entre el 2000 y el 2008 (excluyendo los del 2009 que no podrían estar aprobados), el resultado publicado por el MINVU, es el siguiente: PRC contratados: 180 PRC publicados en el DO: 40 / PRI contratados: 28 , PRI publicados en el DO: 3 / PRDU contratados: 15, PRDU aprobados: 2.
A estos hay que agregar otros planes que se han aprobado, pero que no formaban parte del programa MINVU).

Los dos últimos numerales se relacionan con las Facultades Extraordinarias para la reconstrucción del país o las regiones afectadas que se le pueden otorgar por el poder Legislativo al Presidente de la República por un tiempo definido (que no puede ser superior a un año), pudiendo establecer las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes (artículo 64 de la Constitución Política de la República),

JUAN PABLO VIGNEAUX BRAVO
Arquitecto
miembro del Comité de Desarrollo urbano- Colegio de Arquitectos de Chile A.G

No olviden que además nosotros los ciudadanos debieramos estar repesentados en la aprobación de los planos reguladores comunales a traves del CESCO, sin embargo algunos alcaldes no permiten su participación como ejemplo en la Comuna de La Granja donde el edil es el presidendente de todos los alcaldes,tampoco olvidemos que los planos reguladores debiesen mejorar la calidad de vida de todos los pobladores que viven en la comuna,pero normalmente benefician solo a algunos, que normalmente no viven en la comuna, solo tienen su empresa y que además con su actividad ecnómica generalmente contamina y daña a terceros.

los urbanistas?
juntando postgrados richter, calentando sillas en ministerios y chatiando con colegas y en el momento son los primeros que apretan cuea