Plataforma Urbana

Tatuinom, Volcano

AP Photo/Carlos Espinoza

El terrible terremoto que azotó nuestro país en la madrugada del sábado afecta a Chile entero. En la zona sur, principalmente la VII Región, la pérdida material y la lamentable pérdida de vidas es un desastre al que un país difícilmente está preparado. En el resto de Chile se pone a prueba la solidaridad y ayuda que aquellos con la suerte de no haber sido afectados puedan aportar. Es la hora de levantar un país con muchos pueblos y localidades en ruinas, pero también es necesario preguntarse las interrogantes necesarias. ¿Cómo enfrentar este desastre natural a nivel nacional? ¿Cómo enfrentamos este cambio en la agenda, de un año de celebraciones por el Bicentenario, a un año de reconstrucción, ayuda y planificación? El urbanista Pablo Allard aborda este tema en su columna publicada en La Tercera. La reproducimos íntegramente después del salto, y quedamos atentos a sus comentarios para todos juntos aportar.

Resiliencia
Por Pablo Allard – 28 de febrero 2010

Veinticinco años vivimos con la incertidumbre de cuándo llegaría el próximo terremoto a la zona central, y finalmente ayer enfrentamos uno de los sismos más grandes registrados en nuestra era moderna (al parecer sólo superado por el cataclismo de Valdivia del 60). Al cierre de esta columna las víctimas fatales superaban el centenar, y es de esperar que no aumenten en forma significativa en la medida que se evalúan los daños y tenemos más información de las zonas afectadas. De ser así, nuestro país daría claras señales de una gran capacidad para enfrentar estas catástrofes.

Para tener una idea de la magnitud de lo vivido, el reciente terremoto de Haití tuvo una magnitud de 7,3, y cobró la vida de más de 300 mil personas; el nuestro en cambio habría llegado a 8,3 de la escala Richter y con una extensión de la rotura de la falla siete veces superior a la vivida por la isla tropical. Otra comparación más cercana que vale la pena tener en cuenta es el terremoto de Lima, en 2007, que siendo menor a los ocho grados dejó más de 650 muertos y dos mil heridos, y para qué decir los cientos de víctimas en China el año pasado.

Si bien las imágenes de edificios, puentes y viaductos derrumbados copan la atención de la prensa, en su mayoría se trata de edificaciones históricas, y en el caso de aquellas obras recientes como las autopistas concesionadas o las torres de departamentos en Concepción o Maipú, se aprecia que serían uniones de elementos prefabricados que superaron sus umbrales de cálculo o posibles problemas de mecánica de suelo que habrá que evaluar caso a caso. Pese a lo anterior, todavía esperamos más detalles de la zona del Maule y O’Higgins, donde se hablaba de poblados con más de 50% de sus edificaciones dañadas, y a ello habrá que sumar los miles de viviendas y edificaciones que fueron ampliadas en forma irregular por un cuarto de década que de seguro han presentado problemas por falta de fiscalización.

En todo caso, la mayoría de los miles de edificios que se han construido en estos 25 años están calculados y construidos para resistir sismos superiores al que hemos vivido. Esto no evitará agrietamientos superficiales, desprendimiento de ornamentos o fallas menores como los que ahora sufrimos, pero de allí a pensar que viviremos episodios de colapso masivo de estructuras como los de México (1985), Cairo (1992) o Puerto Príncipe ha quedado probado que no será la tónica en nuestro país. La normativa chilena es bien estricta en esas materias, y la fiscalización y regularización de obras son prácticas institucionalizadas y respetadas.

Sin duda que esta nueva catástrofe ha puesto a prueba la capacidad de prevención, planificación y respuesta de nuestras autoridades y organismos responsables, y esta dura experiencia será de gran ayuda para avanzar en políticas y programas que a futuro minimicen aún más los daños y pérdidas humanas.

De hecho, desde 2002 existe un Plan Nacional de Emergencias Sísmicas, que plantea las directrices que deben seguir los ministerios y los servicios, instituciones y organismos dependientes o relacionados con el Estado. Este incluye el Accesísmico, una metodología para elaborar planes de prevención y respuesta por actividad sísmica desarrollado por la Onemi que permite el análisis de riesgo sísmico, planificación y reconstrucción. Esta metodología servirá hoy para levantar la información posterior al evento sísmico, de manera de permitir a futuro la revisión de normas y diseños de construcción; la eventual relocalización de asentamientos poblacionales, así como la readecuación de planos reguladores comunales en caso de ser necesario. Eso sí, debemos velar por la correcta implementación del plan.

El programa original exige que los estudios y evaluaciones sean realizados por instituciones científico-técnicas, y que las autoridades deban asesorar por especialistas en el tema, tanto en la evaluación de daños y necesidades como en el aspecto técnico-científico.

Si bien se reconoce la acertada orientación de esos programas, expertos han notado su preocupación luego de que en Tocopilla y Atacama no se habría articulado la debida coordinación de autoridades con especialistas, la información generada no se ha hecho pública y no se sabe si los informes producidos por investigadores son usados posteriormente para orientar la toma de decisiones de las autoridades.

A 11 días del cambio de gobierno, este terremoto es una oportunidad para que autoridades entrantes y salientes enfrenten el proceso como un tema de Estado, ya que sin duda el proceso de reconstrucción y planificación posdesastre ha cambiado la agenda y marcará la prioridad del año del Bicentenario. En esas circunstancias es cuando más valioso se hace contar con las herramientas adecuadas para enfrentar la compleja tarea, y es de esperar que esta vez le demos la importancia que tienen.