Plataforma Urbana

(El Mercurio. 21/12/2009)

Señor Director:

Acaba de publicarse el anteproyecto de emisión de plantas termoeléctricas, que disminuye en forma importante las normas de emisión. Lo que me resulta más extraño de este anteproyecto es que sólo se aplique a las plantas termoeléctricas, y no al resto de los procesos industriales, que hoy día superan con creces, en muchos casos, estos niveles de emisión. Todas las zonas de Chile donde los niveles de contaminación han llevado a la autoridad a declarar zonas saturadas y/o latentes han sido afectadas por otras fuentes de emisión, y no por las termoeléctricas. ¿Qué razón puede haber entonces para que a una central termoeléctrica existente se le exija realizar inversiones de mitigación muy importantes y, en cambio, a un vecino industrial se le permita seguir contaminando sin restricción? Cuando hablamos de otras fuentes, nos estamos refiriendo a fundiciones, plantas de celulosa, refinerías y a otros procesos industriales con chimenea. Señores, ¡ley pareja no es dura!

Hoy, el país está a la vanguardia de la tecnología en cuanto a las centrales termoeléctricas, con niveles de mitigación de gases y partículas que se acercan casi al 100%. Es sabido que la fuente de energía más barata para Chile, en el futuro, sin contar limitados proyectos hidroeléctricos, seguirá siendo el carbón. Esto debería llevar a reducir los costos de energía en Chile en, a lo menos, un 30%, con el consiguiente beneficio para la población.

Hoy vemos asombrados cómo en la Cumbre Mundial de Copenhague los países más modernos y desarrollados del mundo, responsables del 95% del calentamiento global, tratan de traspasarles los costos de disminución del CO2 (principal causante del calentamiento global) a los países en desarrollo, como Chile, con el consiguiente costo para toda la población. A esto se suman declaraciones de algunas autoridades chilenas, en el sentido de hacer reducciones voluntarias de las emisiones de CO2, sin calcular los costos que esta decisión puede implicar para el país y su población.

Si en Chile se instalara una unidad de carbón por año de 350 MW hasta el año 2030, los niveles de CO2 per cápita en Chile no alcanzarían los niveles actuales de los países más desarrollados del mundo. Existe una presión muy fuerte de ciertos sectores exportadores para que Chile sea un icono en cuanto a la emisión de CO2, con el fin de valorar aún más sus precios y negocios, aumentando con esto el costo de la energía del país. No podemos permitir que estos beneficios particulares, una vez más, sean a costa del bolsillo y bienestar de todos los chilenos.

Rodrigo Danús Laucirica