Al parecer el camino a seguir es conformar una comisión que redacte el proyecto de ley (o decreto, o lo que corresponda) por medio de la cual el Gobierno Central apruebe la cuestión.
Propongo que en dicha comisión se incluya un representante de las universidades, de la Cámara de Comercio, de las Organizaciones Ciudadanas, un Concejal (ojalá de los que no se dieron vuelta la chaqueta), un representante de EPV (ojalá ninguno de los implicados en la rifa) y un representante de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero – CRUBC (que se están reuniendo cada tres meses, y no avanzan nada porque además los integrantes son demasiados).
Nosotros, los ciudadanos, podríamos aportar ideas de todas las formas, colores y tamaños, y dirigirlas a la Comisión.

La tarea es urgente, porque la privatización en Chile está en fase de estertores y están tratando de privatizar todo lo que puedan antes de que la ciudadanía aterrice y tome cartas en el asunto (para lo cual tendremos que hacer un esfuerzo supremo y suspender por unos días nuestra atención a Bielsa, al matrimonio gay y otras yerbas que nos absorben el seso últimamente).
Los estertores se evidencian en la fiebre privatizadora que está afectando a nuestras carreteras, a las vías más importantes de la capital, a las electrificadoras, a Sanitarias, a la Enap, al Parque Gorostiaga, al Parque Forestal, a la explanada del cerro Cárcel en Pancho, y quién sabe a qué otras cosas (hasta los callejones los están cerrando con rejas).
Al camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

En contextos como el de Valparaíso, con su valor y fragilidad patrimonial, esta ausencia de integración en la política pública resuena estridentemente desde muchos puntos de vista:

1º La escasa ingerencia de la planificación urbana centralizada (PRI) o localizada (PRC) en la zona portuaria que se regula de manera autónoma sin meditar siquiera el rol urbano que pueda tener en el largo plazo. Es decir, calibrar las posibilidades que en un futuro lejano existen de liberar fragmentos de puerto como áreas de apropiación ciudadana, conquista del borde costero o atracción inmobiliaria (como ejemplo el paseo Barón y el proyecto de mall plaza)

2º El bajo interés de la empresa portuaria en el derrotero futuro de su “suelo productivo”, cuando es o puede ser un destino otro al portuario. Está claro que no es el objetivo de la EPV la especulación sobre el futuro de la ciudad en que se desenvuelve su actividad; sin embargo, dada su influencia almenos podría plantearse algunos escenarios futuros considerando la costa y el borde costero como un “bien nacional” escaso y necesariamente público.

3º La imposibilidad de generar beneficios tributarios directos sobre la ciudad; por ejemplo, entregando parte de la tributación portuaria a la administración municipal para el desarrollo urbano o la protección patrimonial.
Urgente como un mecanismo de compensación y mitigación de los impactos negativos de su operación. Máxime considerando la relevancia de la condición de ciudad-puerto en la declaratoria de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial por UNESCO en 2003.

Nuestro país hoy no cuenta con una Ley General de Puertos y una institución sólida para la regulación económica y política portuaria global. La Ley 19.542 vigente tiene por objeto regular y mejorar la eficiencia de 10 Empresas Portuarias del Estado, las cuales movilizan 1/3 del total de carga que se mueven por todos los puertos existentes en Chile públicos y privados.

Por tanto, el problema radica en la base, donde las definiciones de política portuaria y costera no pueden tener miradas de corto plazo como ocurre hoy y menos aun con visión solo de puerto o empresa portuaria, pues las decisiones que se tomen en inversión portuaria y en uso de las costas chilenas tienen efectos de largo plazo en el País, que inciden en las economías locales, regionales y en nuestra posición competitiva en un mundo globalizado.

Daniel Ulloa Iluffí
Director Nacional de Obras Portuarias