En contextos como el de Valparaíso, con su valor y fragilidad patrimonial, esta ausencia de integración en la política pública resuena estridentemente desde muchos puntos de vista:

1º La escasa ingerencia de la planificación urbana centralizada (PRI) o localizada (PRC) en la zona portuaria que se regula de manera autónoma sin meditar siquiera el rol urbano que pueda tener en el largo plazo. Es decir, calibrar las posibilidades que en un futuro lejano existen de liberar fragmentos de puerto como áreas de apropiación ciudadana, conquista del borde costero o atracción inmobiliaria (como ejemplo el paseo Barón y el proyecto de mall plaza)

2º El bajo interés de la empresa portuaria en el derrotero futuro de su “suelo productivo”, cuando es o puede ser un destino otro al portuario. Está claro que no es el objetivo de la EPV la especulación sobre el futuro de la ciudad en que se desenvuelve su actividad; sin embargo, dada su influencia almenos podría plantearse algunos escenarios futuros considerando la costa y el borde costero como un “bien nacional” escaso y necesariamente público.

3º La imposibilidad de generar beneficios tributarios directos sobre la ciudad; por ejemplo, entregando parte de la tributación portuaria a la administración municipal para el desarrollo urbano o la protección patrimonial.
Urgente como un mecanismo de compensación y mitigación de los impactos negativos de su operación. Máxime considerando la relevancia de la condición de ciudad-puerto en la declaratoria de Valparaíso como Sitio del Patrimonio Mundial por UNESCO en 2003.

Nuestro país hoy no cuenta con una Ley General de Puertos y una institución sólida para la regulación económica y política portuaria global. La Ley 19.542 vigente tiene por objeto regular y mejorar la eficiencia de 10 Empresas Portuarias del Estado, las cuales movilizan 1/3 del total de carga que se mueven por todos los puertos existentes en Chile públicos y privados.

Por tanto, el problema radica en la base, donde las definiciones de política portuaria y costera no pueden tener miradas de corto plazo como ocurre hoy y menos aun con visión solo de puerto o empresa portuaria, pues las decisiones que se tomen en inversión portuaria y en uso de las costas chilenas tienen efectos de largo plazo en el País, que inciden en las economías locales, regionales y en nuestra posición competitiva en un mundo globalizado.

Daniel Ulloa Iluffí
Director Nacional de Obras Portuarias