Plataforma Urbana

fotos originales de Revista MCH y Rodrigo Pelissier

La idea de este post se generó gracias a Twitter. En la mañana del lunes pasado de pronto me aparece un mensaje de Patricio Navia denunciando que había engaño en la Encuesta Nacional Bicentenario PUC/Adimark. Luego Roberto Méndez (de Adimark) le contesta y terminan en una pugna por la visión que los chilenos tienen respecto a lo que debe hacer el Estado. Este fue el intercambio de twits:

@Patricionavia: Encuesta c/pregunta engañosa: http://tinyurl.com/ykdg33s “Estado debe asumir solo actividades que privados no tienen capacidad de realizar”

@Patricionavia: Encuesta Nac Bicentenario PUC/Adimark hace pregunta engañosa. Quien define qué actividades pueden hacer los privados? Pregunta engañosa

@Robertomendez: @patricionavia Por favor,no hay nada engañoso, la pregunta indaga en una actitud hacia la acción del Estado. http://tinyurl.com/ykdg33s

@Patricionavia: la encuesta Bicentenario PUC-Adimark podria haber preguntado si los chilenos quieren AFP estatal. La respuesta habria sido SI. Mas estado.

@Robertomendez: @patricionavia Encuesta Bicentenario incluye varias preguntas sobre confianza en el Estado. No es claro que los chilenos quieren + Estado.

@Patricionavia: Pero @robertomendez, titular Mercurio es enganoso. Chilenos quieren mas + estado. Si preguntaran x especificos, respuestas serian distintas

@Patricionavia: En ICSO-UDP lo hemos preguntado 2 años seguidos. La gente quiere mas Estado!: http://tinyurl.com/yk73n77 Hasta Piñera promete mas Estado

(recuerda seguir a Plataforma Urbana en Twitter)

A continuación varios comentarios respecto a esta pugna, y especialmente aterrizándola al ámbito urbano.

Titular en El Mercurio

El fenómeno de las encuestas en Chile ha ido adquiriendo cada vez más importancia pública. De ser un instrumento principalmente utilizado por el mercado, ha pasado a ser el principal vínculo entre la opinión de los ciudadanos y las decisiones de política pública. Frente a una clase política cada vez más endogámica y hermética, y una sociedad civil absolutamente precaria con escasos ejemplos en que grupos ciudadanos logren articular claramente sus demandas y/o propuestas, el feedback de las encuestas se ha transformado en una gran excusa para los tecnócratas. Ni que hablar de los candidatos presidenciales.

Las encuestas mencionadas en esta disputa ilustran otro fenómeno, que obedece directamente al manejo de la producción de conocimiento de interés público. En la llamada “sociedad del conocimiento” ejemplos de feedback como el de estas encuestas u otras formas de influir en la agenda como es el caso de los “estudios” que la prensa suele mencionar, suponen un problema político importante. Además del Estado están los Centros de Estudios por un lado, las empresas como Adimark, los medios de prensa y finalmente las Universidades. Todos los anteriores sujetos a un constante juicio público respecto de qué intereses representan – algo que alarmantemente hoy es menor que la influencia que generan. Las universidades, que hasta algunas décadas eran prácticamente los únicos centros de producción de conocimiento, hoy se ven bajo la presión de disputar este espacio de “interés público” – o mejor dicho político – con los centros de pensamiento o “think tanks” (CEP, LyD, Chile21, Cieplan y un largo etcétera). Por esto se ven forzadas a tomar partido.

¿Es éste un panorama nuevo que implica la pérdida de la imparcialidad académica? La verdad es que las instituciones universitarias, especialmente aquellas que no son propiedad del estado sino de algún grupo privado, se han históricamente ligado a algún grupo de poder. Ahora resulta de interés la confrontación de resultados que arrojan las encuestas ICSO/UDP y Adimark/PUC, puesto que se trata de dos de las instituciones de educación superior más importantes del país. La Universidad Diego Portales se ha asociado recientemente al sector político de la Concertación, especialmente desde su convenio con Expansiva para generar un Centro de Políticas Públicas. Por otro lado, la Universidad Católica ha sido históricamente un bastión de sectores conservadores, y desde principios de los setenta la cuna de la derecha, especialmente por la raigambre del gremialismo. Se deban las diferencias frente al tema a sesgos políticos o márgenes metodológicos, lo cierto es que el asunto del rol del Estado se ha vuelto cada vez más significativo en el debate público.

¿Y qué hay de la ciudad?

Si bien la pregunta en general del “Estado” puede arrojar distintos resultados, lo cierto es que en forma específica los chilenos piden más regulación, les simpatiza una AFP estatal y servicios como el transporte pasando a manos públicas, y especialmente ven en la educación pública la principal forma de generar un país con oportunidades para todos.

El asunto, en lo que respecta a la ciudad, debe ser entendido desde la perspectiva de los distintos ámbitos de participación del Estado en actividades que hoy se comparten con privados o simplemente el aparato público no participa.

Por ejemplo, en el ámbito del transporte hay un consenso en que éste debe asumirse como una inversión pública. El subsidio al Transantiago evidenció la inviabilidad del sistema pensado bajo la perspectiva de la rentabilidad privada, sean cual sean las causas de dicha imposibilidad. Luego, bajo el régimen de participación del estado, las mejoras en el servicio y las inversiones en infraestructura hechas estatalmente han consolidado un modelo de mucha mayor participación pública respecto a la planificación inicial. La decisión que queda es si continuar con un sistema mixto u otro completamente a cargo del Estado.

En el ámbito de la infraestructura, la colaboración público-privada ha sido alabada por los sistemas de concesiones en las Autopistas Urbanas. La crítica pasa por la falta de planificación en relación a la visión detrás del desarrollo metropolitano, en cuanto estas inversiones resultan en incentivos para el uso del automóvil. La facilidad de resolver propuestas financieramente viables desde el mundo privado, pero ausentes de la planificación general, como lo fue el Túnel San Cristóbal, ha implicado un descontrol sobre externalidades negativas como la congestión. Con un buen camino recorrido en la gestión de la infraestructura, falta todavía un avance en la definición de costos y beneficios sociales, así como de responsabilidades de mitigación.

En el ámbito de la vivienda, se ha dejado la producción al mercado. Falta una mayor regulación y hoy nos encontramos frente a sectores de las ciudades chilenas que fueron construidos bajo el modelo neoliberal de vivienda social, que parecen condenados a sumergirse potenciando el círculo de su marginalidad. Se demanda más participación pero aquí el Estado responde con subsidios. Por otro lado, irregularidades en las EGIS ha complicado el esquema de trabajo integrado con el sector privado.

En términos de la planificación, en general se requiere una mayor participación del Estado. Existen muchas ciudades en Chile donde el desarrollo privado ha hipotecado la posibilidad de distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo urbano. Se pide en este sentido mayor previsión, creatividad y firmeza. Sin embargo, en temas tan básicos como un límite urbano se despliegan grandes y exitosos lobbys para mantener un mercado de suelos lo más libre posible – y más. El mismo Estado ha respondido a este llamado de suelos con regulaciones flexibles acomodaticias, como es el caso de las áreas, zonas o proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado.

En cuanto al Fomento de la Actividad privada, han sido interesantes las experiencias de subsidio a la demanda asociada a intereses prioritarios de desarrollo según criterios de bien común, como es el caso del Plan de Repoblamiento de la Comuna de Santiago. Nuevamente, eso sí, se ha hachado de menos una planificación y regulación con metas claras.

En cuanto a suministros básicos como agua y electricidad, en las últimas décadas se ha avanzado en una privatización galopante.

En cuanto a servicios y actividades fundamentales para el desarrollo y la calidad de vida, como es el caso de hospitales, consultorios, escuelas, liceos, espacios públicos, infraestructura deportiva, bibliotecas y equipamiento comunitario en general, se encuentran en un muy deteriorado estado transferido a la las Municipalidades. El sector público representado en los políticos locales tiene poco que decir con una distribución de la toma de decisiones, y sobre todo del presupuesto, absolutamente centralista.

Todo esto permite afirmar que la participación del Estado en temas urbanos es muy poca. Prácticamente nunca participa más allá de subsidiar la participación en distintos mercados. Hay una demanda sensible por un cambio en este sentido. Queda claro que en Dictadura y gobiernos de la Concertación cualquier protagonismo del estado es a través de los subsidios. Finalmente, más que la mera petición de “Estado”, hay una serie de ámbitos diferentes que requieren justificaciones específicas para el tipo de participación de éste. Por ejemplo, la estructura regional y municipal es absolutamente precaria y dependiente de la política central. Posiblemente haya más demanda de más Estado. Pero agreguemos que “sea bien distribuido y gestionado”.