Plataforma Urbana

En julio del 2009, el Gobierno de Chile firmó un acuerdo político con los partidos de oposición para entregar US $3.460 millones para subsidiar el Transantiago hasta el 2014. Para poner un punto de comparación, el Gasto público anual en educación Superior en Chile es de aproximadamente  US $450 millones anuales, lo que equivale a aproximadamente 1/8 de estos fondos recién aprobados, y es menos que los US $630 millones por año que significará al subsidio al transporte público. Antes de ahondar en lo necesario que son estos recursos – que evidentemente lo son – ¿cuál es la escala de prioridades que determina estas decisiones? ¿Cuál es la relación entre nuevos fenómenos urbanos, antiguas necesidades sociales, y la importancia que se les da en la agenda de decisiones?

La supuesta nueva etapa del desarrollo

Se dice que como país estamos pasando a una nueva etapa en cuanto a los desafíos para alcanzar el desarrollo. La educación es mencionada como la piedra angular de esta construcción de futuro. Al mismo tiempo contamos con una megaciudad llamada Santiago en el centro de este engranaje, cuya escala y la importancia que ha tomado al competir con otras ciudades que entran en la globalización, han generado necesidades que requieren políticas públicas innovadoras para temas fundamentales como el transporte.

Las acciones en torno a la Educación en Chile están hoy marcadas por el proceso ocurrido entre la Revolución Pingüina el 2006 hasta la aprobación de la LGE a principios de 2009. Los hitos principales son  la envergadura del movimiento social desatado por las movilizaciones de los estudiantes secundarios, y el fracaso político que significó el que se mantuvieran en la Ley General varios de los aspectos más criticados su antecesora LOCE. Por otro lado, en esta nueva ley quedan aspectos fundamentales fuera, que deberán ser incluidos en el mediano plazo. Uno de ellos es la Educación Superior. Esto es especialmente complejo cuando la ES es la principal fuente de movilidad social en Chile (así lo dijo claramente el Consejo de Equidad en su informe el año 2008).

Las señales que, desde el mundo social, hace años apuntaban a una Crisis de la Educación Superior, son sólo tomadas en cuenta hoy por la presión que han generado los intentos de marcar una agenda oficial para el proceso de desarrollo. El intento del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (CAPESUP) demostró ser una estrategia políticamente insuficiente con grandes probabilidades de conducir al mismo fracaso de la LGE. Sin embargo, la agenda que apunta a la sostenibilidad del crecimiento económico puso presiones mucho más claras a través de las metas establecidas por el Consejo de Innovación, el Consejo de Trabajo y Equidad, y especialmente los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El debate político, aquel en el que debiésemos estar tomando decisiones en base a toda esta información, prácticamente no conoce el problema de la Educación Superior. Simplemente contando con un acuerdo como el del Transantiago, podríamos disponer de más del doble de los recursos para perseguir una mayor equidad, disminuir aranceles que desangran a las familias chilenas, e invertir para contar con un sistema de ES de excelencia. Esta decisión, sin embargo, no parece ni cerca de ser tomada por parte de nuestros dirigentes políticos.

¿Un modelo chileno de desarrollo?

Por supuesto que el Transantiago genera un impacto que justifica esta decisión. Aquí no se trata de poner en la balanza algo así como”¿transporte o educación?”. A lo que me gustaría apuntar es hacia el concepto de desarrollo que está en el frente de este camino que transversalmente se declara como el correcto. Las preguntas son: ¿existe realmente un modelo de desarrollo que integra y pondera los costos y beneficios sociales de invertir en educación y en transporte (solo por poner estos dos temas, entendiendo que son muchos más los que deben incluirse)? Y si es que éste existe, ¿en qué nivel forma parte de las variables del debate político? ¿en qué medida informa las posturas?

Da la impresión que no existe ese modelo. Éste se genera en un espacio en el que se mezcla el poder, las ideas, las ideologías aplicadas en modelos de políticas públicas, y una cierta inercia inherente a una red que adquiere masa crítica, que conforma una élite. El origen del modelo de desarrollo se funda con los chicago boys viniendo con “el último grito” de las teorías económicas y con un dictador con voluntad de aplicar el modelo absolutamente en forma unilateral. Luego de eso, podríamos decir que se trata de una generación de viejos estadistas aplicando su cautela para estabilizar la situación en el plano político manteniendo el mayor consenso posible en torno a lo económico. Después de esto nos acercamos al momento actual, en el que la generación de postgraduados en el extranjero (sea durante el exilio o no) conforman una elite tecnocrática anexa a el grupo que disputa el poder en las elecciones, y, frente a esta idea oficialista del modelo de desarrollo, una oposición que va planteando “alternativas”, siendo la de mayor impacto el modelo “Joaquín Lavín” a fines de los 90s.

Son todas estas visiones las que en conjunto establecen ciertos consensos, además de algunos disensos que implican la polémica que es finalmente el discurso de los grupos que disputan el Poder. Esto también se aplica a la ciudad. Así como Juan Parrochia, el PRIS del 60 y la CORMU eran reflejo urbanístico de un modelo de desarrollo país que contenía tanto consensos como disensos entre Alessandri, Frei y Allende, constantemente estos modelos de desarrollo tienen una cristalización en el gobierno de las ciudades.

Un poco de realidad

En una reciente edición de la Revista Qué Pasa, Axel Christensen se refería a los duros cuestionamientos que está recibiendo el PGB (Producto Geográfico Bruto) como principal medida del desarrollo de un país. En el fondo, la pregunta apuntaba a si el estado de “desarrollado” depende del crecimiento de la economía, o más bien de qué tan bien viven los habitantes de una nación. Cabe precisar si estos cuestionamientos permean también la discusión urbanística.
Llevándolo concretamente a la discusión presupuestaria al principio, uno podría decir que el tema del transporte es una prioridad, y que se entiende que es fundamental para lograr calidad de vida y dinamismo en las actividades económicas. Todo lo contrario, en la lógica – que me parece muy correcto – que “donde pongo el discurso pongo la plata”, el tema de la Educación  no estaría para nada incluido en la discusión pública.

Sin embargo, me atrevo a decir que es todo lo contrario. Efectivamente todo el mundo se llena la boca hablando de educación, pero hay que hacer este tipo de comparaciones para ver que no hay una consecuencia en el manejo presupuestario (que al final es lo que más importa). Por otro lado, el estado de la discusión urbanística es bastante emergente en relación a considerar un modelo sustentado en indicadores de desarrollo humano; el discurso dominante en Santiago tiene una matriz que es la traducción urbanística del discurso de las economías emergentes de entre los 80s y 90s. Marcial Echenique es  el principal exponente de un modelo que tiene como fin el dinamismo económico, y como medio la movilidad individual a través del auto.  El transporte público es para los pobres: “es absolutamente correcto que esa gente no tiene la misma movilidad de la clase media y alta, estoy de acuerdo con que haya una política de subsidio del transporte de esas personas” (Conversación con Marcial Echenique, publicada en libro Agenda Pública, de Cientodiez).

Miremos en qué se gasta la plata para saber las prioridades, y tengamos claro que, más que un modelo de desarrollo, estas decisiones se han guiado por el miedo a costos electorales inmediatos. En una charla hace varias semanas en el Centro de Estudios Públicos, la experta en educación sueca Inger Enkvist dejó en claro que como los resultados de la educación no se medían en ciclos electorales, las autoridades políticas simplemente se dedicaban a aplicar reformas, sin que lo importante fueran los impactos o prioridades, sino que “se estuviera haciendo algo”. Interesante lección sobre economía política. Yo la aplicaría urgentemente a las ciudades.

p.s: Para quienes les interese el tema de la Educación Superior, invito a leer la prupuesta de reforma que generamos en la FEUC durante este 2009.