Plataforma Urbana

(La Nación. 19/08/2009)

Por Antonio Valencia

Con la publicación el lunes pasado en el Diario Oficial, Colbún inició formalmente la solicitud al Ejecutivo de la “concesión eléctrica definitiva para establecer central hidroeléctrica Angostura” en la confluencia de los ríos Biobío y Huequecura, en la Región del Biobío, dando un paso más hacia la ejecución de la tercera represa en la emblemática zona que ya supo de los controvertidos casos de las centrales Pangue y Ralco.

La inversión cercana a los 500 millones de dólares es tramitada desde septiembre de 2008 en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Conama, pero desde su inicio despertó la oposición de las comunidades ambientalistas e indígenas de la zona.

Agrupados en los movimientos Aguas Libres y Huequecura Libre, quienes rechazan las obras solicitaron la semana pasada la nulidad del proyecto al gobernador Esteban Krause, misma petición hecha a comienzos de mes ante el comisionado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña, detalla Freddy Pérez, vocero de la comunidad.

Además del daño al ecosistema, el tema indígena es clave para los opositores a Angostura, por cuanto su construcción, señala Pérez, “viola el acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmado en 2003 por el Estado de Chile con las comunidades mapuche-pehuenche de Ralco, acuerdo en el que se compromete a que no se instalarán nuevos megaproyectos hidroeléctricos en tierras indígenas del alto Biobío”.

Pese a que Colbún declinó esta vez referirse al tema, el año pasado señaló que el proyecto no afecta tierras indígenas, pues se emplaza en las comunas de Santa Bárbara y Quileco, no en la comuna Alto Biobío.

Este argumento “comunal” es rechazado en la comunidad debido a que se trata de una “división política administrativa” distinta a la frontera histórica del alto Biobío, “límite” que se encuentra en la confluencia de los ríos a intervenir, cerca del puente Colgado y a medio kilómetro de un Kuel, sitio de ancestrales ceremoniales mapuches.

DE RALCO A PANGUE

Roberto Celedón, abogado denunciante en Ralco y con activa participación en el acuerdo ante el organismo dependiente de la OEA, confirma que presentó la denuncia en la CIDH por el caso Angostura el 24 de noviembre pasado, Y discute a Colbún su interpretación del convenio.

“El acuerdo se firmó cuando se proyectaban otras seis represas en el río, por lo que involucra al río Biobío como tal, y no a una comuna como Alto Biobío que, por lo demás, entonces no existía, pues nació precisamente producto del propio acuerdo”, dice.

En el movimiento anti-Angostura también participan las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, emblemáticas opositoras a Ralco, además de seis familias mapuches que se verán afectadas por el proyecto.

“Paradójicamente -apunta Freddy Pérez-, cinco de esas familias ya fueron desplazadas por la central Pangue”.