Editorial – Energía nuclear y campaña presidencial
(El Mercurio. 12/08/2009)
El candidato presidencial de la Concertación, senador Frei, ha planteado que para 2020 Chile debe tener en marcha un plan de energía nuclear, advirtiendo que es “una cuestión estratégica que Chile no puede dejar de evaluar si no quiere ver afectada su seguridad nacional”. Esto marca un fuerte giro en la línea tradicional de la Concertación.
Abordar el desarrollo de la energía nuclear en Chile supone resolver dos problemas previos: el primero es la decisión política de permitir o no generar electricidad mediante el uso de aquélla; el segundo es técnico, y corresponde a la estrategia para implementar esa decisión. Obviamente, si la primera respuesta es negativa -lo que sería un grave error-, el segundo problema desaparece.
Pero hay buenas razones para abrirse a la opción nuclear: es una energía abundante, que no genera gases invernadero ni afecta el paisaje geográfico, como muchas opciones renovables no convencionales -eólica, solar y aun hidroeléctrica-. Su seguridad operacional ha seguido incrementándose y hoy es ampliamente utilizada en Francia, Japón, EE.UU. y Gran Bretaña, entre otros países desarrollados. Sus inconvenientes son la dificultad para disponer de sus desechos y la posibilidad de que su uso generalizado facilite la obtención clandestina de material radiactivo por países u organizaciones que quieran utilizarlo para fabricar bombas nucleares. Pero no hay actividades sin riesgos, y adentrarse en ellas ayuda a minimizarlos.
Si Chile acoge, entre otras, la energía nuclear, la Comisión Zanelli -asesora del Gobierno en esta materia- ha estimado necesario tener especialistas nacionales antes de poder abordar mediante ella la generación eléctrica. Como eso toma tiempo, posiblemente no se adoptarían decisiones durante los próximos 10 años. También ha indicado que es necesario definir primero los lugares adecuados para localizar dichas plantas y determinar si éstas son económicamente factibles. Pero esas objeciones no parecen tener sustento firme. Chile debe determinar los estándares técnicos, ambientales y de seguridad con que desea que la energía nuclear opere en el país, y para eso hay una amplia oferta de empresas asesoras internacionales que pueden ayudarlo en tales decisiones.
A su vez, la factibilidad económica debe ser analizada por las empresas inversionistas proponentes, que asumirán los riesgos financieros, ambientales y de seguridad de un proyecto semejante. Eso no requiere especialistas nacionales formados especialmente para ello, ni estudios de localización o de rentabilidad largamente debatidos por el Gobierno: sólo se necesitan los términos de referencia que el país se dé en este campo, y licitar la asesoría internacional para definirlos.
A este respecto, cabe recordar lo ocurrido con la secuenciación del genoma humano. Ese proyecto fue entregado a un conjunto de países, representados por agencias gubernamentales, que proyectaron realizar ese esfuerzo en un plazo de 10 años y con un presupuesto de unos tres mil millones de dólares. A poco andar, Craig Venter, un científico emprendedor, operando desde el sector privado, diseñó una técnica distinta para abordar el problema: aprovechó lo ya avanzado, y en un año y con 300 millones de dólares -un orden de magnitud incomparablemente menor de tiempo y de dinero- secuenció el genoma humano, creando una situación embarazosa para la comunidad científica que se había embarcado en el otro camino.
Chile no debe confundir aquello que es necesario que el país defina -los estándares técnicos, ambientales y de seguridad- con aquello que es posible obtener de terceros ubicables en el sector privado: especialistas, inversionistas y financistas. De otro modo, nuestro país puede quedar atrapado en un interminable camino de estudios y discusiones, con muy pocas opciones de tomar decisiones e implementarlas oportunamente.
