Plataforma Urbana

Posiblemente una de las deudas más grandes que tenemos como sociedad con la ciudad de Santiago, es enfrentar de manera seria y definitiva el grave problema de contaminación que tiene nuestra capital; si bien en temas de vivienda, de infraestructura, equipamiento, vialidad, transporte público, espacio público, etc., ha habido políticas que con distinto grado de éxito se han hecho cargo de los desafíos que cada uno de estos aspectos genera para la ciudad, posiblemente en relación al SMOG de Santiago es poco o nada lo que se ha avanzado los últimos 20 años, y bien lo saben en la Concertación y los grupos de poder en general.

Esto se hace manifiesto en una serie de aspectos que repercuten en dimensiones muy variadas; además de las evidentes consecuencias en la calidad de vida y directamente en la salud de la población, ser una de las ciudades más contaminadas al menos de Latinoamérica, le ha valido a Santiago consecuencias directas en su competitividad a nivel global.

Parece en ese sentido necesario implementar medidas con visión de largo plazo que sean capaces de hacerse cargo de un desafío mayor como este; en ese sentido, ha aparecido una importante regulación que puede significar un primer paso en una política más agresiva respecto a este tema; se trata de una regulación respecto al particulado fino PM 2,5, que resulta ser el más dañino para la salud de las personas. La regulación pretende reducir la presencia de éste en el aire capitalino, con objetivos a tres plazos distintos; en la actualidad la presencia de PM 2,5 en Santiago es de aproximadamente 32 microgramos por metro cúbico; se espera reducir para el 2012 esta cantidad a 25 microgramos por metro cúbico, a 20 microgramos para el 2022, y finalmente a 10 microgramos por metro cúbico para el 2032.

Se plantea además que este cambio en la regulación, vaya acompañado de una adaptación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, que ha sido foco de críticas por ciertas imprecisiones los últimos inviernos; este nuevo sistema debiese funcionar de manera definitiva a partir del 2015.

Ahora bien, este cambio que debiese significar un ahorro significativo en términos de salud pública (se calcula que el país ahorrará cerca de US$33 mil millones por reducción de consultas y hospitalizaciones causadas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares), tiene también costos importantes, en particular para los sectores productivos. Se estima que en el primer período que abarca del 2012 al 2021, la industria deberá invertir US$5 mil millones en tecnología limpia. Un costo que si bien parece ser importante, podría tener como consecuencia que se eviten algo así como 148  mil muertes asociadas a enfermedades entre 2012 y 2041.

Respecto a estos costos, en el gobierno parece haber consenso respecto a que esto es un problema de la sociedad en su conjunto y que, por lo mismo, todos los actores deben poner algo de su parte para enfrentar un problema del que nadie puede escaparse; en ese sentido, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, ha sido categórica en cuanto a la actitud que debiesen tomar los empresarios y la ciudadanía en su conjunto, sosteniéndose además en estudios que aseguran que esta es una inversión no sólo necesaria, sino que viable para todos: “Tenemos los antecedentes técnicos, elaborados por la Universidad Católica (Dictuc) que establecen la viabilidad de dar cumplimiento a la norma (… ) No hay razón ética ni económica para oponerse o cuestionar a esta regulación”.

La oposición ha venido sin embargo desde la propia Bancada Verde, a través de Guido Girardi, quien ha lamentado la “marcha blanca” hasta el 2032, señalando la necesidad de un proceso más acelerado de 10 años y no 20. Sin duda la complejidad del tema exige una visión de largo plazo acompañada de medidas con visión más inmediata; al parecer si hay algo que la Concertación aprendió con proyectos como el Transantiago es a mesurar los tiempos.