Columna – Viviendas sobre la cota mil en Lo Barnechea

(La Nación. 06/08/2009)

Por Patricio Herman

Sugerimos una medida realista respecto del quebrantamiento de las normas que protegen el Área de Preservación Ecológica en Lo Barnechea. Pero no hubo respuesta y se siguen construyendo viviendas ilegales.

En mayo de 2006 una joven arqueóloga de la Universidad de Chile, amante de la naturaleza y visitante permanente de los sectores altos de Santiago, había detectado en la comuna de Lo Barnechea la construcción ilegal de cientos de viviendas sobre la cota mil, lo que está expresamente prohibido en nuestra legislación urbanística metropolitana, razón por la que formuló las denuncias de rigor en la municipalidad respectiva, sin lograr respuesta alguna, lo cual en nuestro país es normal.

Por eso recurrió a nuestra fundación para que hiciéramos algo en resguardo de esas zonas protegidas por el Estado. Según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994, esos sectores altos están definidos como áreas de preservación ecológica, fuera del límite urbano, que no admiten la consecución de proyectos inmobiliarios por razones de orden ambiental (recomendamos a los lectores conocer el artículo 8.3.1.1. de la Ordenanza del PRMS). Acto seguido formulamos la denuncia correspondiente en esa municipalidad, en paralelo en la Contraloría General de la República y en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), porque los particulares propietarios de esas casas, consciente o inconscientemente, estaban ocasionando daños en la naturaleza.

En días pasados el diario El Mercurio publicó un reportaje sobre la materia, donde se cometieron ciertos errores por desconocimiento de la situación. A modo de ejemplo, el texto señala que sólo 30 viviendas se han edificado sobre la cota mil, en circunstancias que son más de 450. Gentilmente nos comunicamos con ese medio para hacerle notar la realidad de los hechos y le expresamos en nuestra oficina al profesional encargado cómo opera la normativa urbanística, entregándole toda la documentación de respaldo sobre lo que estaba aconteciendo en la comuna. Con estos nuevos antecedentes ese diario publicó otro reportaje ciñiéndose a los hechos tal cual son, pero omitiendo la fuente informativa.

El 30 de junio de 2006 nos dirigimos por escrito a la ministra de Vivienda; a la directora nacional de la Conama, hoy ministra de Medio Ambiente; al ministro de Agricultura, hoy embajador en Alemania, y al intendente metropolitano y presidente de la Corema, distinguido político del PPD, con el propósito de proponerles una solución a los hechos. En síntesis, decíamos a esas autoridades sectoriales que la Ley General de Vivienda y Urbanismo es drástica con respecto a las construcciones ilegales, porque les entrega atribuciones precisas a los alcaldes para que decreten sus demoliciones y ante la inoperancia de aquéllos, subsidiariamente el seremi respectivo, con auxilio de la fuerza pública, debe proceder en consecuencia en resguardo del imperio del derecho. En Chile, por motivos que nunca hemos comprendido, las autoridades son renuentes a aplicar el marco jurídico con aquellos violadores de la ley y, por ello, ante la inaplicación de las medidas correctivas, muchos actores privados hacen lo que desean.

Ante ese escenario, les expresamos a los destinatarios que, con el exclusivo propósito de solucionar el problema y a sabiendas de que las demoliciones no se iban a decretar, excepto en casos puntuales donde se han intervenido cursos de agua, quebradas o zonas específicas de remoción en masa, lo que debía determinar la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, les proponíamos que se legalicen todas las viviendas construidas o por terminarse, con lo cual sus titulares deberían pagar los derechos municipales, las contribuciones de bienes raíces con efecto retroactivo y compensaciones territoriales a definir. También les pedíamos que, con las herramientas técnicas satelitales disponibles, se elaborara un catastro detallado de la zona con el compromiso de honor suscrito por los ministros sectoriales, para que a partir de esa fecha no se permita ninguna nueva violación de la ley.

Sugerimos una medida realista respecto del quebrantamiento de las normas que protegen el Área de Preservación Ecológica en Lo Barnechea. Pero no hubo respuesta y se siguen construyendo viviendas ilegales, pese a que el CDE ha interpuesto acciones judiciales en contra de algunos pocos privados y de la Municipalidad de Lo Barnechea, institución pública que, por falta de recursos, ha mirado para el lado y que ahora está molestando al tradicional restaurante Las Delicias instalado legalmente hace 60 años.

Ahora esperamos que las instituciones competentes asuman sus responsabilidades.

* Fundación Defendamos la Ciudad