Carta – Problemas de Santiago

(El Mercurio. 23/07/2009)

Señor Director:

Un artículo publicado por este medio enumeraba “los peores problemas urbanos que sufre Santiago”. Muchas personas, según se indicaba, enfrentan a diario situaciones tales como profundas diferencias sociales, falta de educación cívica, insuficientes espacios públicos, inseguridad, delincuencia, mala conectividad, deficiente transporte público y “la destrucción de los barrios por el avance inmobiliario”.

Obviamente no compartimos esta última afirmación porque, a nuestro juicio, el desarrollo inmobiliario revitaliza los barrios y porque, en su trasfondo, conlleva una aspiración que resulta impracticable, como es la inmutabilidad de las ciudades. En la práctica, lo que ocurre es que el crecimiento demográfico, los mayores ingresos de la población y el derecho que tienen las personas a moverse libremente y elegir el lugar donde vivir generan una creciente demanda por espacios habitables. Por lo tanto, no se puede impedir que las ciudades crezcan, tanto por extensión como por densificación.

En este contexto, el aspecto central que debe ser debatido y analizado en profundidad es cómo se está encauzando esta dinámica. Porque, pese a que muchos caen en la tentación de apuntar sus dardos contra la acción de las empresas inmobiliarias, éstas construyen donde está permitido y cumpliendo las condiciones que rigen para ese lugar. En rigor, las “reglas del juego” -que incluso han sido previamente sometidas a consideración de los vecinos- están definidas en los instrumentos de planificación territorial, cuya ineficiente gestión creemos que es el principal problema que afecta a las ciudades chilenas.

Un claro ejemplo de ello es que existen planos reguladores que llevan más de diez años en etapa de tramitación. Para evitar este tipo de situaciones -más comunes de lo que se cree- hemos propuesto que los instrumentos de planificación tengan plazos acotados y obligatorios de vigencia y de renovación.

Además, el tiempo que tardan en ser aprobados no garantiza que hayan sido objeto de un adecuado proceso de participación ciudadana, que recoja las demandas y necesidades de las comunidades locales. Y esto es imprescindible, puesto que sólo en la medida en que exista una participación ciudadana oportuna, informada y suficiente, los instrumentos de planificación estarán tan legitimados como para prevenir y evitar conflictos.

También postulamos que los proyectos se hagan cargo de las externalidades que provocan. Claro que debe ser sobre la base de reglas objetivas para que mitiguen los impactos directos de los que son responsables, en áreas como vialidad y equipamiento, sin que asuman déficits históricos, derivados de la acción u omisión de distintos organismos públicos.

Por último, una contribución evidente a la gestión urbana sería que se coordinaran aquellas entidades que intervienen en el ámbito de la planificación territorial, muchas veces con distintos objetivos e intereses contrapuestos. Para ello se podría crear una institucionalidad que integre las regulaciones y acciones en los ámbitos de infraestructura pública, transporte y urbanismo.

Lorenzo Constans G.
Presidente Cámara Chilena de la Construcción