Corrupción en las EGIS: ¿Se derrumba el modelo chileno de Vivienda Social?


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Una serie de noticias aparecidas en los medios de prensa durante la semana pasada, denunciando graves irregularidades en las EGIS (entidades de gestión inmobiliaria social) han puesto una seria alarma sobre el modelo chileno de producción de vivienda social. Ante actos inescrupulosos de algunos, se pone en riesgo de desmoronamiento a una estructura de gran complejidad que se había logrado construir en bastante tiempo. Existe la posibilidad de que desaparezca la alianza público-privada que había agregado una gran riqueza de actores involucrados en los procesos de organización y gestión, así como el avance que había significado contar con subsidios a la localización de las viviendas sociales.

Las Irregularidades

“Aquí hay una serie de inescrupulosos que realmente se están aprovechando al engañar a las familias más vulnerables”, declaró la ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete. Se han detectado varias EGIS que cobraban a las familias por sus servicios, siendo que el Estado financia los honorarios destinados a este fin. Así mismo han aparecido prácticas especulativas como por ejemplo “empresas que cobraban 400 mil pesos por “reservarle” una casa; tasan las viviendas en 8 millones de pesos y las venden en 12 m o usan el subsidio como pie para comprar otro inmueble más caro”.

Por otro lado, se detectaron “fichas de protección adulteradas con familias que tienen 8 mil puntos, y aparecen con 2 mil, por lo que el subsidio no llega al quintil más pobre”. A esto se agrega irregularidades en el subsidio de viviendas usadas, donde el 20% se habría utilizado para comprarlos o venderlos a un pariente, muchas veces entre personas que continúan habitando la misma vivienda.

Todas estas irregularidades están siendo perseguidas tanto por el Ministerio como por la Asociación Nacional de Egis. En esta entidad están buscando cooperar para eliminar las irregularidades y  planteando mejoras al marco de funcionamiento de esta alianza público-privada. Por ejemplo, se denuncia departe de la Anegis vacíos legales en ley de subsidios, que permite entregar platas de vivienda usada entre parientes.

Las claves

Respecto a esta información, que evidentemente es sumamente dañina para el país y específicamente para lo que en él ha sido el desarrollo del derecho a la vivienda, señalaremos a continuación una serie de puntos críticos.

LA CRISIS: En los últimos 10 meses se pasó de 327 a 941 EGIS en el país. Este aumento corresponde probablemente a una serie de profesionales que producto de la contracción del mercado inmobiliario y la industria de la construcción buscan en este espacio protegido por el Estado una fuente de supervivencia.

EL FOCO: Lo anterior nos hace cuestionarnos el fin de realizar una alianza público-privada como la de las EGIS en el caso de las Viviendas Sociales. El sistema chileno de subsidio a la demanda ha adoptado sus mecanismos de la mano del mercado para poder aumentar ostensiblemente la cobertura. El subsidio a las familias para “acceder a un mercado” se basa en entender la vivienda como un “bien que se adquiere con el esfuerzo”, donde el papel del Estado es solucionar una falla de mercado. El papel de las EGIS es más complejo, en el sentido que trabajan como intermediarias proveyendo servicios de habilitación social y gestión de los proyectos. Cuando este espacio, como lo demuestra el aumento explosivo de empresas en tiempos de crisis, toma más valor como mercado protegido para los prestadores de servicios que para los beneficiarios, cabe cuestionarse el foco del modelo.

LO MICRO: Sin perjuicio de lo anterior, el modelo de subsidio a estos servicios intermedios mediante entidades como las EGIS ha sido tremendamente positivo en dotar al sistema de una complejidad organizacional mucho más reflexiva frente a la realidad social con la que se trabaja. Dado que muchas de las EGIS son entidades sin fines de lucro, y es un espacio bastante flexible, se han incorporado en esas funciones una serie de ONGs, agrupaciones, municipios y finalmente instituciones que implican la entrada subsidiada de la Sociedad Civil a un sistema que originalmente solo diferenciaba entre los grandes actores “Estado” y “Mercado”. Incluso algunas PYMEs con fines de lucro han dado espacio para que una serie de profesionales jóvenes se integren a dedicar sus capacidades a solucionar estos problemas. Estas denuncias de abusos y corrupción no hacen más que dañar este tejido y poner en peligro los avances que se han logrado. Cabe cuestionarse, frente a la situación actual, la forma en que se quiere incluir a estos nuevos actores; aparece acá un problema político similar al de la educación: ¿se debe subsidiar el lucro? La prestación de estos servicios por parte de algunas instituciones muchas veces requiere un subsidio para poder realizarse, pero existen una serie de entidades cuyos fines no son lucrar en el mercado sino explícitamente atacar un problema social. Esta discusión es interesante.

EL MODELO: Finalmente, este problema es, en mi opinión, un síntoma de un modelo tanto de políticas públicas como de conducción de la economía cuyos paradigmas se encuentran en transición. Como ya se mencionó  antes, se trata de un problema político que así como es patente en  Vivienda, lo es también en la Educación, la Salud, el Transporte Público, el Agua Potable y la Energía. Se trata de discusiones en las que, muchas veces sin darnos cuenta, ya estamos profundamente enfrascados. Hay un paradigma de sociedad y de organización político-económica que involucra finalmente la sostenibilidad y democratización de la calidad de vida como foco del desarrollo. En la compleja articulación entre visiones, estructuras político-económicas, deseos individuales y colectivos, así como el actuar de cada uno en particular y en conjunto, debe resolver una mirada operativa sobre la distribución de los bienes privados y la cautela de los bienes públicos. Lo grave es que, desde mi punto de vista, bastante se había avanzado en las políticas de vivienda y amenazas como ésta son sumamente peligrosas.