Por Pablo Allard *
De un tiempo a esta parte se escuchan con fuerza clamores por contar con una autoridad urbana, o “alcalde mayor” que pueda resolver la falta de integración, coordinación y planificación de nuestras áreas metropolitanas. Si bien dicho rol en rigor lo debieran ejercer los alcaldes, esto ya es complejo en el gran Valparaíso, donde su área urbana considera municipios tan diversos como Valparaíso, Viña del Mar y Con-Con. Lo mismo con Concepción, Hualpén, San Pedro y Talcahuano.
Si para dichas metrópolis emergentes ya es compleja la administración del territorio, imaginen el gran Santiago, con su treintena de comunas urbanas con las más diversas realidades geográficas, sociales, económicas y políticas. Lo más lógico sería que la figura del Intendente jugara ese rol de gran aglutinador, pero su jurisdicción es a nivel de toda la región y no sólo sus áreas urbanas, lo que se hace crítico en el caso de Concepción y Valparaíso cuyo territorio es ampliamente mayor que el de la Región Metropolitana y considera varias ciudades. Este problema no sólo es exclusivo de las tres áreas metropolitanas que tenemos hoy en el país, ya que pronto se sumarán a esta categoría ciudades como Antofagasta, Puerto Montt, Coquimbo-La Serena y Temuco-Padre las Casas.
Por otro lado las atribuciones del Intendente, en particular en la Región Metropolitana son bastante limitadas, ya que no cuenta con la debida capacidad de planificar, diseñar e implementar planes o proyectos que más bien son feudos de los ministerios sectoriales con sus respectivos servicios, o se fragmentan en miles de proyectitos municipales. Por último, los Intendentes son figuras designadas como cargos de confianza del Presidente de la República, que responden a un Concejo Regional que también es determinado en forma discrecional y bajo la idea de equilibrios políticos. Esto deja la errónea impresión en la ciudadanía que el Intendente -como figura relevante en el medio urbano- juega un rol menor y termina asignando recursos a los municipios, determinando pre-emergencias o simplemente autorizando marchas o partidos de fútbol de alto riesgo.
Para salvar esta falta de coordinación, el Gobierno cuenta con el Comité Interministerial de Ciudad y Territorio, al cual concurren los ministros de aquellas carteras que tienen que ver con el tema urbano como son Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Transportes y otros. Si bien este cuerpo sesiona en forma regular tanto a nivel central como regional, aún acusa la falta de integración entre ministerios acostumbrados a trabajar por su propia cuenta, como lo muestran los conflictos recientes derivados de la mala integración entre algunas autopistas urbanas y sus barrios aledaños, o para qué decir Transantiago, que dejó en evidencia que la ciudad no se puede ver desde la perspectiva meramente de transporte sino en forma integral. Para salvar este tema, y de paso sacar al ministro Cortázar de Transantiago ya que su pega es ser ministro de transportes y telecomunicaciones para todo Chile, se ha propuesto la figura de una autoridad Metropolitana de Transportes, que pueda al menos, desde la perspectiva del transporte urbano, coordinar a nivel metropolitano las distintas instancias y actores involucrados. Esta iniciativa me parece plausible, dada la urgencia del Transantiago y Biovías, pero surge la duda de qué pasará si poco a poco empiezan a surgir en forma independiente otras autoridades metropolitanas de aguas, energía, medio ambiente o desarrollo urbano. Esta vía, al igual que la creación de un “Alcalde mayor” que ejerza por sobre los municipios urbanos y bajo el intendente, lo único que generaría a mi parecer sería más burocracia y ralentización de los procesos y toma de decisiones.
En este sentido, creo que el mejor camino que nos queda es el de reperfilar y potenciar la figura del Intendente como una autoridad metropolitana cuando sea el caso, que se defina como un cargo técnico, elegido por concurso y no político o designado, de manera que no se convierta en un “petit president” que le haga sombra a quien esté de turno en la Moneda. Que además cuente con un Concejo Regional que sea electo democráticamente o que sea constituido por los propios alcaldes comunales. Que rinda cuenta anual de su gestión y se evalúe su continuidad cada cierto tiempo, y cuente con recursos y la debida capacidad de gestión y ejecución de proyectos, así como la facultad de visar o vetar cualquier proyecto sectorial que afecte el “Plan Estratégico de Desarrollo Metropolitano Integral”, primer producto de su gestión. En fin, no más burocracia ni politiquería sino más gestión y coordinación, con alguien que se haga responsable de pensar estratégicamente el futuro de nuestras ciudades a 20 años plazo. Esto requerirá grandes debates y transformaciones, pero hay que iniciarlo hoy, antes que sea demasiado tarde.
* Pablo Allard. Arquitecto y Magíster en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1996. Master en Arquitectura y Diseño Urbano, Universidad de Harvard, 1999. Doctor en Estudios del Diseño, área Urbanismo e Infraestructura, Universidad de Harvard, 2003. Jefe del Proyecto Observatorio de Ciudades UC y miembro fundador de ELEMENTAL.
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